El Parlamento de Ecuador, en el que el oficialismo carece de mayoría, decidió el martes llamar al presidente Guillermo Lasso por aparecer en los “Pandora Papers”, por lo que también fue indagado por la Contraloría, que ordenó el archivo del caso.
“Con 82 votos, el #PlenoLegislativo exhorta al Presidente @LassoGuillermo para que acuda a una sesión del Pleno de la Asamblea, a explicar su posible vinculación, sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales”, señaló el unicameral Congreso a través de su cuenta en Twitter.
La Asamblea Nacional, con 137 escaños y en la que la oposición está disgregada sin un sólido frente mayoritario, aprobó la moción luego de no poder reunir los votos para aprobar un pedido de destitución de Lasso por “grave crisis política y conmoción interna” a causa de las revelaciones de los “Pandora Papers”.
De acuerdo con esa investigación periodística, el mandatario -un exbanquero de derecha en el poder desde mayo- controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el exgobernante Rafael Correa (2007-2017) aprobó una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
Previamente, la secretaría de Comunicación de la sede presidencial indicó que la Contraloría archivó una investigación contra Lasso ante la falta de indicios de que tuviera patrimonio en paraísos fiscales cuando inscribió su candidatura para los comicios que ganó en 2021.
El gobernante conservador, de 66 años, compartió en su cuenta en Twitter el dictamen de la Contraloría.
“Cuando uno trabaja de forma transparente, la verdad siempre prevalece”, expresó en esa red, añadiendo que el informe del órgano de vigilancia fiscal del Estado “ha demostrado que cumplí con la ley”.
Lasso reconoce que tuvo “inversiones legítimas en otros países”, de las que se deshizo como manda la ley para ser candidato para las elecciones de 2021.
La comisión de Garantías Constitucionales del Congreso investigó por los “Pandora Papers” al presidente, quien se negó a comparecer ante la misma alegando que lo haría una vez que se presentaran todos los testimonios e invitándola a tomar su versión en la sede del Ejecutivo. La reunión nunca se dio.
Esa comisión aprobó un informe no vinculante en el que recomendó a la Asamblea verificar la “inobservancia” por parte de Lasso de las normas que prohíben a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales.
Ante ese incumplimiento, el Congreso debería aplicar un artículo constitucional que le faculta a destituir al mandatario “por grave crisis política y conmoción interna”, según opinión de la comisión.
Al ser tratado el informe de la comisión en una sesión legislativa del martes, su titular Fernando Cabascango propuso que Lasso sea convocado al plenario, lo que no fue aprobado al tener apenas el respaldo de 61 diputados.
El gobierno considera que la oposición, liderada por el correísmo que en la sesión parlamentaria del martes planteó la destitución del gobernante, pretende impulsar un “golpe de Estado”.
El movimiento Unión por la Esperanza (UNES, del correísmo) es la principal fuerza en el Congreso con 48 curules frete a 13 del oficialismo.
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