Corea del Sur vive un ambiente de tensión máxima un día antes de que el Tribunal Constitucional emita su fallo sobre la destitución del presidente suspendido Yoon Suk-yeol, con un despliegue policial sin precedentes, temores por posibles disturbios y una capital blindada ante la creciente polarización social y política.
La Policía Nacional activará este viernes el nivel “Gapho”, el más alto en su escala de alerta, lo que permite movilizar al 100% del personal policial disponible a nivel nacional. Este jueves ya se había declarado el segundo nivel más alto Seúl, con un despliegue de unos 7,000 efectivos y más de 110 unidades antidisturbios solo en el centro de la capital.
El entorno del Tribunal Constitucional ha sido sellado con barreras móviles, autobuses policiales y controles de acceso en un radio de 150 metros, configurando lo que las autoridades han denominado una “zona de vacío operativo”. Además, se han desplegado unidades especiales antiterrorismo y perros detectores para realizar inspecciones de explosivos, incluyendo en estructuras temporales y vehículos cercanos, según la policía.
Se espera que el viernes se movilicen más de 14,000 policías solo en Seúl, incluyendo fuerzas especiales, escuadrones de mediación y unidades de reacción rápida. También se reforzará la vigilancia en lugares estratégicos como la Asamblea Nacional, el despacho presidencial en Yongsan, embajadas y sedes de medios de comunicación.
La polarización en torno al juicio político ha generado manifestaciones masivas a favor y en contra del presidente suspendido.
Se han registrado marchas, vigilias y sentadas en distintos puntos de Seúl, incluyendo el área de Anguk, cerca del Tribunal Constitucional y la plaza principal de Gwanghwamun, donde ambas facciones han convocado actos simultáneos. Algunos grupos tienen previsto pasar la noche en la vía pública y seguir en directo el fallo este viernes a las 11:00 hora local (2:00 GMT), según la agencia local de noticias Yonhap.
Encuestas recientes indican que cerca del 60% de los ciudadanos respaldan la destitución, mientras que un 35% se manifiesta en contra. En comparación con diciembre, cuando los porcentajes eran del 70% y 30%, respectivamente, se observa una notable variación en el sentir de la opinión pública.
A la espera del veredicto, el Ejército también ha elevado su nivel de alerta. El Estado Mayor Conjunto anunció que intensificará la vigilancia militar hacia Corea del Norte mediante equipos de reconocimiento y sensores térmicos, ante posibles provocaciones coincidiendo con el fallo.
Existe preocupación por la posibilidad de que se repita un incidente similar al del 19 de enero, cuando seguidores de Yoon irrumpieron en el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl en rechazo a la decisión de extender su detención entonces.
Además, las redes sociales se han convertido en espacios donde circulan llamados a la “resistencia activa” por parte de simpatizantes radicales, quienes han instado a usar equipo táctico en posibles enfrentamientos. Algunas de estas publicaciones incluyen amenazas explícitas de violencia, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar el monitoreo de estos canales digitales, según reportó el medio ciudadano OhmyNews.
La principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático (DP), ha denunciado que su líder, Lee Jae-myung, ha recibido amenazas de asesinato vinculadas a un supuesto plan para introducir armas de contrabando en el país. El jefe interino de la Policía Nacional, Lee Ho-young, confirmó que se han registrado numerosas amenazas en línea dirigidas a dirigentes de ambos bloques políticos.
Varias embajadas en Corea del Sur, incluidas las de Estados Unidos, China y Rusia, han emitido alertas a sus ciudadanos ante posibles protestas masivas por el fallo histórico. Recomiendan evitar zonas como Gwanghwamun, el tribunal, la Asamblea Nacional y la oficina y residencia presidenciales.
El presidente suspendido Yoon Suk-yeol, cuya declaración de ley marcial del 3 de diciembre desencadenó el proceso, no asistirá a la sesión de este viernes por razones de seguridad y orden público, según sus abogados.
El presidente interino Han Duck-soo instó esta semana a que el fallo del tribunal sea acatado “indendientemente del resultado”, y llamó a los manifestantes a expresar sus posturas de manera pacífica, colaborando con la policía y las autoridades locales.
