La Corte Suprema de El Salvador (CSJ) resolvió mantener a casi la mitad de los jueces apartados de sus cargos por un decreto del gobierno del presidente Nayib Bukele que fuerza el retiro de un tercio de los magistrados.
El sábado entró en vigencia un decreto legislativo aprobado por el Congreso oficialista, que retiraba de sus funciones a los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
La norma alcanzaba a 249 jueces, un tercio del sistema de justicia.
De estos, 115 se acogieron a una de las prerrogativas de la norma que permitía “no renunciar y solicitar quedar en régimen de disponibilidad”, para ser considerados en caso se requiriera de sus servicios.
Según decisión de la CSJ, estos 115 podrán “permanecer en sus funciones dentro de las sedes judiciales, manteniendo sus cargos por un periodo de 5 años, pudiendo ser prorrogados”.
Otros 100 jueces optaron por renunciar acogiéndose a un plan de indemnización, informó el estatal Diario El Salvador, y serán sustituidos este domingo en una ceremonia de juramentación.
Finalmente, 34 jueces se negaron a renunciar, han denunciando la norma por “inconstitucional” y fueron cesados sin beneficios.
El miércoles la CSJ había dado un ultimátum a los jueces para que presentarán su renuncia y no queden fuera de una bonificación de 24 meses de salario.
Los jueces que se opusieron a la medida acudieron el 17 se septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, a “denunciar al Estado salvadoreño, por la violación a los derechos humanos, derivados de dicho acto que reforma la ley de la carrera judicial”.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, solicitó este domingo que “se reconsidere, que se revise, que se revierta (el decreto) incluso para que se haga una depuración como debe ser donde no haya personas inocentes afectadas”.
El presidente de la Corte, Óscar López Jérez, confirmó que entre los jueces sustituidos se encuentra Jorge Guzmán, quien buscaba terminar con la impunidad de un grupo de militares que cometió en 1981 la dantesca masacre de El Mozote contra cerca de 1,000 civiles en el marco de la guerra civil (1980-1992).
Sin revelar el nombre del sustituto de Guzmán, López Jerez comentó: “Sí, se ha nombrado a un juez (...)yo en lo personal hubiese deseado que él (Guzmán) siguiera con ese caso porque el juez que va a llegar tendrá que comenzar de cero”.
El jueves, en rechazo a la medida contra los jueces, Guzmán anunció que “cesaba” sus funciones teniendo como únicas “excepciones” para mantenerse en el cargo la “inaplicabilidad” del decreto legislativo.
En un breve discurso al juramentar a los jueces, el presidente de la Corte celebró que el sistema de justicia “por fin muestra un nuevo rostro” ante los salvadoreños.
El juez Juan Antonio Durán, quien encabezó la lucha a favor de los jueces afectados por el decreto, denunció su traslado de un tribunal de San Salvador a otro en Zacatecoluca, en el centro del país.
“Por este medio denuncio ante la CorteIDH, @CIDH, @UNIndepenJudges y la comunidad nacional e internacional, que este día he recibido llamadas de la Secretaría General de la @CorteSuprema de mi traslado inconstitucional hacia el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca”, escribió Durán en Twitter.
Para Durán “dicho traslado es una represalia por mis críticas contra el golpe de estado contra @SalaCnalSV (en mayo), la imposición de los usurpadores y la oposición ante las reformas a la LCJ (Ley de la Carrera Judicial)”.
“Tiene un empleo digno, privilegiado, bien remunerado y con muchas prestaciones, la mayoría de abogados de nuestro país sueñan con un empleo así”, le contestó Bukele a Durán por medio de Twitter.
Cuando se jubile “tendrá una pensión envidiable (algo que la mayoría de salvadoreños tampoco tienen). ¿Qué es lo que le molesta?”, reprochó el mandatario a Durán.
En el poder desde junio de 2019, el presidente Bukele goza de popularidad y ha capitalizado el descontento de la población contra los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas.
Algunas de sus medidas han sido criticadas por Washington y la comunidad internacional, mientras que sus opositores lo acusan de tratar de “concentrar el poder”.
El pasado 1 de mayo, ni bien asumió funciones, la Asamblea controlada por los aliados de Bukele destituyó y reemplazó a los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ y al fiscal general, con los que el mandatario tuvo serias diferencias.
Esta nueva Sala Constitucional interpretó a inicios de septiembre un artículo de la Constitución que da luz verde para que Bukele se presente a una reelección, si así lo desea, en 2024.
Como una respuesta irónica a las críticas, Bukele se autodenominó recientemente en Twitter “El “Dictador más cool del mundo mundial”.
