Costa Rica se alista para los matrimonios igualitarios en clima de pandemia

Las parejas del mismo sexo en Costa Rica podrán casarse a partir del 26 de mayo, cuando entrará en vigor una disposición judicial que autoriza esos matrimonios, aunque no tendrá el clima de fiesta esperado por las medidas de contención del nuevo coronavirus. Un fallo de 2018 de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cobrará vigencia el próximo martes, y la comunidad de la diversidad sexual se prepara para celebrar los primeros matrimonios con fiestas virtuales, en cumplimiento de las medidas sanitarias contra la propagación de la covid-19. "Antes de la pandemia teníamos una gran fiesta planeada a nivel nacional", comentó a AFP Gia Miranda, directora ejecutiva de la campaña Sí Acepto Costa Rica. En su lugar, explicó, se hará una "conmemoración" que comenzará la noche del lunes con una transmisión en vivo por la televisión estatal, retransmitida por redes sociales y otros canales, con un repaso histórico de la lucha por el matrimonio igualitario y saludos de personalidades internacionales y locales. La transmisión incluirá el primer matrimonio entre dos mujeres a las 00H01 (06H01 GMT) del martes. Con 5 millones de habitantes, Costa Rica es un país religioso y su constitución establece que el catolicismo es la religión oficial del Estado. “Las parejas del mismo sexo han esperado por muchísimas décadas el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones”, declaró a AFP el comisionado presidencial para la población LBGTI, Luis Salazar. "Pagan los mismos impuestos que cualquier otro ciudadano, tienen las mismas obligaciones frente a la ley, pero la orientación sexual se convirtió en una condición discriminatoria para negarle sus derechos", reclamó el abogado y activista. Su comentario apuntó a un intento de diputados conservadores por pedir a la CSJ el aplazamiento indefinido de la entrada en vigencia del derecho al matrimonio igualitario, con el argumento de que necesitan tiempo para legislar al respecto. El presidente de la Asamblea Legislativa (parlamento), el pastor evangélico Eduardo Cruickshank, apoyó el pedido al señalar en redes sociales que estaba "comprometido con la defensa de la familia tal como lo estableció y le complace a nuestro Padre Celestial". Salazar recordó que en el año 2000 la sala constitucional instó al congreso a legislar sobre el tema, y desde 2010 se comenzaron a presentar proyectos de ley, ninguno de los cuales llegó a ser votado. "Hay falta de voluntad política, no ha habido un interés en tutelar los derechos de la población LGBTI", sostuvo Salazar. El tema cobró nuevo relieve en Costa Rica cuando en enero de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una opinión consultiva, a solicitud de San José, en la que determinó que una pareja homosexual tiene los mismos derechos matrimoniales que una pareja heterosexual. Basado en esa resolución, la CSJ declaró inconstitucional la norma del Código de Familia que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo y dio un plazo de 18 meses al legislativo para elaborar una nueva normativa. Estaba previsto que en caso de que el Congreso no legislara sobre el tema, como ocurrió, el matrimonio igualitario cobrara vigencia automáticamente al vencerse el plazo el próximo 26 de mayo. Miranda reconoció que hay una lucha que sigue a partir de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario para educar a la población. "Un cambio legal no implica que haya un cambio social, pero sí es un avance enorme, un hito maravilloso en la historia de Costa Rica", indicó. A su juicio, el cambio implica que "a nivel legal ya no vamos a tener ciudadanos de segunda categoría", y con ello todas las familias van a estar protegidas bajo la ley, independiente de cómo están conformadas. Indicó que hay más de 1,140 familias homoparentales en Costa Rica, según el censo de 2011, y el cambio legal implica que sus hijos ya no estarán desprotegidos ante la ley. “Ya tenemos que pasar la página, tenemos que entender que esto no tiene que ver con creencias religiosas, tiene que ver con derechos básicos”, sostuvo Miranda.

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