A pesar de que se destinarán, al menos, $3,747 millones en planes de vacunación contra la Covid-19 en siete países de América Latina, hasta la fecha se mantiene un cerco infranqueable sobre la mayoría de las condiciones de los ontratos suscritos por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México y Venezuela con empresas farmacéuticas que producen y comercializan las vacunas, según pudo establecer la alianza de medios latinoamericanos ‘Vigila la pandemia’, que coordina Convoca.pe.
Diferentes entidades públicas de los referidos países se negaron a proporcionar copias de los documentos contractuales e información relevante de estos acuerdos sobre las vacunas, insumo central en la lucha contra el nuevo coronavirus, e inmunizar a la población mundial. En la mayoría de los casos, las autoridades se resisten a informar el precio de cada dosis, el cronograma de entrega y otros aspectos comerciales solicitados por la red periodística a través de pedidos formales de acceso a la información, realizados entre enero y abril de este año.
El ranking de inversión en vacunas es liderado por México, que anunció que destinará $1,660 millones para su adquisición. Le sigue Colombia, con acuerdos por unos $497 millones, y Argentina, en tercer lugar, que ha firmado hasta el momento contratos por más de $478.2 millones. Ecuador, por otra parte, alcanza el cuarto puesto, con $458 millones. Perú es el quinto país de la lista, con $408 millones. Luego, Venezuela: más de $230.3 millones, según datos analizados por ‘Vigila la Pandemia’.
Los montos por país fueron obtenidos, en la mayoría de los casos, a través de información oficial proporcionada por cada Estado a pedido de la alianza de periodistas y diferentes ONG, así como mediante el registro de anuncios, comunicados e información oficial
México: Cláusulas con fecha de vencimiento
En México, donde se proyecta un desembolso de $1,660 millones en vacunas anticovid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar el contenido de los contratos entre dos y cinco años, argumentando que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas, según resoluciones oficiales analizadas como parte de este proyecto periodístico.
La reserva de información —que incluye expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación— está garantizada por, al menos, diez resoluciones emitidas por los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. A la fecha, México tiene acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas —salvo el de CanSino— requieren la aplicación de doble dosis.
La primera resolución que reservar la información sobre la compra de vacunas fue elaborada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020, y fue en relación al convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.
Desde entonces se ha garantizado una serie de reservas, tanto en la Secretaría de Salud como en Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que México ha suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización. Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.
Para mantener esa situación, que alcanza el programa de vacunación, la Secretaría de Salud mexicana alegó que la información podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”. En México, los registros de muertes por la pandemia superan los 200 mil, y más de 2.3 millones de contagiados.
Velo chavista
Para el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, la falta de transparencia es la postura oficial. Lo que se conoce de los estragos de la pandemia en ese país es a través de los discursos de voceros oficialistas que emiten información con gruesas omisiones e, incluso, contradictoria. Las estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud están restringidas desde 2017, es decir, desde antes de la pandemia, por disposición del Gobierno.
No obstante, a fin de conocer los contratos, cantidades de dosis y condiciones para acceder a las vacunas contra la Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el pasado 5 de abril dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. No hubo respuesta.
El 29 de diciembre pasado, el gobierno de Maduro firmó un contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, con una inversión de $200 millones. Hasta ahora, del país euro-asiático solo ha enviado 380 mil dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es apenas el 3.8% de lo acordado.
De la escasa información oficial, ha trascendido que Venezuela pretende comprar 25 millones de vacunas antes de finalizar 2021 para inmunizar el 70% de la población, declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.
El pasado 2 de marzo, Venezuela, además, recibió una donación de China: 500 mil biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por el Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este medicamento —cuyos resultados de la fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas— también permanecen bajo reserva.
De los lotes de vacunas procedentes de Rusia, se beneficiaron con la inmunización diputados y líderes políticos chavistas, entre ellos, el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como la exprimera dama Marisabel Rodríguez, que estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez.
El 1 de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que habían alcanzado un acuerdo con Maduro para permitir acceso de Venezuela a vacunas a través del mecanismo Covax Facilty.
Trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que, según la versión oficial del gobierno interino, implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”.
Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021, se hizo público el monto que pagaría Venezuela a través del gobierno interino para acceder al mecanismo Covax: $30 millones 309 mil, para acceder a 12 millones de dosis. Sin embargo, el acuerdo fracasó el 24 de marzo, cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país lo siguiente: “La comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [la vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Esta es la que Covax Facility está distribuyendo en la región.
Evasivas en Perú
En el Perú, donde más de 153 mil personas han fallecido por la pandemia, y cerca de 1.8 millón se ha contagiado, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti ha pactado contratos o acuerdos para comprar vacunas por, al menos, $408.8 millones, de acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Salud.
Así, el Ejecutivo ha suscrito contratos con tres laboratorios: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Además, firmó un convenio con la iniciativa Covax Facility, que busca garantizar “acceso equitativo” a las vacunas en el mundo.
Pfizer se lleva el principal acuerdo con Perú: el contrato es por $237.6 millones, a cambio de 20 millones de dosis, según información oficial. Se estima que el costo por dosis sería de $11.88.
El segundo acuerdo más importante en Perú es el de Covax Facility, aunque esta actúa como intermediaria con distintos fabricantes de vacunas. Se le abonarán $106 millones por dosis destinadas a 6.6 millones de personas. Le sigue el contrato con AstraZeneca, de $39.2 millones por 14 millones de dosis, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El acuerdo con Sinopharm es por $26 millones, por 1 millón de dosis, es decir, $26 cada dosis.
Para conocer los contratos y sus condiciones, la alianza ‘Vigila la pandemia’ pidió información al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y al Ministerio de Economía y Finanzas.
Ninguna respondió cuál era el valor de cada dosis. Argumentaron que la información está restringida por cláusulas de confidencialidad en los textos contractuales. Estos contratos suelen incluir garantías extras al valor de las vacunas. Cenares evitó contestar respecto a los cronogramas de entrega de las vacunas de las mencionadas farmacéuticas. El organismo público indicó que esos datos fueron clasificados confidenciales por decretos de urgencia, a fin de facilitar la adquisición de vacunas anticovid-19, y bajo el amparo de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa misma explicación la dio el gobierno de Argentina: las fechas de entrega acordadas son secretas.
“La publicación de esta información no podrá afectar los acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad de la información, por tiempo determinado, que haya suscrito el Estado para la compra de vacunas contra la Covid-19”, indicó la entidad citando la norma vigente.
El 15 de enero pasado, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia N° 003-2021, que señala que la información referida a este tema debe ser publicada en el portal del Ministerio de Salud. Se trata de información de alcance general, en el marco de su labor de prevención de la pandemia y la aplicación del programa de vacunación o similares, respecto a las vacunas contra el Covid-19.
En relación con las vacunas, se han presentado irregularidades, incluso, hechos de posible connotación ilícita. A inicios de febrero pasado, se reveló que dosis experimentales de la vacuna Sinopharm fueron aplicadas indebidamente a decenas de funcionarios. Las dosis estaban destinadas a voluntarios y científicos que participaban en el ensayo clínico en fase III del producto chino. Entre los implicados están el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, así como otros exfuncionarios que, incluso, participaron en las negociaciones para comprar vacunas a Sinopharm.
Negativa en Colombia
El gobierno de Iván Duque ha destinado $497 millones para adquirir vacunas, de acuerdo con el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que es posible comprar con ese monto. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para avanzar en su plan de inmunización.
‘Vigilia la pandemia’ hizo un pedido de información al Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia). Pero sus funcionarios no han proporcionado datos ni registros sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos de las vacunas.
La respuesta del Ejecutivo es que no se puede entregar información en relación con los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas adquiridas, por la existencia de acuerdos de confidencialidad.
Este argumento fue esgrimido también para negar otras peticiones de información realizadas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces.
El gobierno de Colombia ha comprado 66.5 millones de dosis de vacunas anticovid-19, que alcanzaría para inmunizar el 78.8% de la población del país (o el equivalente a 37 millones 750 mil personas), de acuerdo con cifras oficiales.
Silencio en Ecuador
En Ecuador, la administración presidencial de Lenín Moreno dispuso la asignación de $108 millones del erario para vacunar a sus ciudadanos, así como obtener, para este mismo fin, unos $350 millones de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. En total, el gobierno ecuatoriano busca, en total, unos $458 millones, según datos oficiales. Se sabe que llegó a acuerdos con los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson.
Esta alianza periodística presentó dos solicitudes de información pública el 24 y 25 de febrero pasados, pero el Ministerio de Salud no respondió, con lo que se desconocen las condiciones contractuales y convenios que el Estado ha aceptado de los proveedores de vacunas.
La falta de información alcanza el plan de vacunación del país, sobre el cual, el presidente Moreno ha brindado declaraciones contradictorias. Moreno dejará el cargo el próximo 24 de mayo. Lo entregará a su reemplazo, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta el pasado domingo 11 de abril. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a 9 millones de personas en 100 días.
Hasta ahora, Ecuador ha recibido 11 lotes de vacunas, por un total de 1 millón 498 mil 410 dosis, que deberían servir para inmunizar el 8.6% de la población, aunque menos del 1% ha sido inmunizado.
Información a medias
En el caso de Argentina, donde se suscribieron contratos por, al menos, $478 millones, para acceder a cerca de 59 millones de dosis de vacunas anticovid-19, el Ministerio de Salud considera que desclasificar los contratos con los proveedores, y la difusión de las condiciones de sus acuerdos comerciales “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” en Argentina.
Esta fue la respuesta de la entidad ante una solicitud de acceso a información pública hecha el pasado 19 de marzo por elDiarioAR, en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como parte del proyecto ‘Vigila la pandemia’.
Ante la solicitud de información del pasado 14 de abril, el Ministerio de Salud reconoció que los proveedores de las vacunas impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad, a fin de poder concretar la compra-venta. Estas alcanzan los cronogramas de entrega, pagos por adelantado y dejan en evidencia la ausencia de sanciones ante posibles escenarios de incumplimiento por parte de las farmacéuticas, relataron fuentes con acceso al contenido de los contratos.
En el país se sancionó además una ley especial para legalizar la firma de estos contratos de vacunas Covid.19. La normativa habilitó al Ejecutivo para firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).
Además, como en México y otras naciones, este país también dictó resoluciones especiales para garantizar el secreto. En este caso, se trata de dos disposiciones del Ministerio de Salud.
“El cronograma de entregas se encuentra [también] incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, alegó el ente público sobre uno de los aspectos centrales que permitiría saber si los proveedores están cumpliendo con lo pactado con el Estado.
El Ministerio de Salud solo accedió a informar sobre la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como se adelantó en la publicación del domingo último.
El gobierno de Alberto Fernández firmó cinco contratos entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58 millones 924 mil dosis de la vacuna AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India). Es decir, un promedio de $10.62 por dosis/habitante. Los números permiten concluir que los proveedores solo han entregado el 16.4% de las vacunas
comprometidas (9,683,143 dosis), de acuerdo con cifras oficiales hasta el 28 de abril. Si este jueves se completa el envío de Sinopharm, entonces las entregas llegarían al 16,7% de lo contratado.
Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo la prohibición al acceso de los distintos contratos, sino también a la correspondencia entre funcionarios y las compañías; así como el contenido de las negociaciones.
El caso panameño
En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo ha negociado la compra de más de 9 millones de dosis de vacunas de farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca,
y también mediante la iniciativa Covax Facilty. Sin embargo, no responde a solicitudes de entrega de copia de los contratos, pese a ser públicos, según la norma vigente. La información oficial de enero pasado revela una inversión total de $76 millones en vacunas anticovid-19.
Desde el pasado 30 de diciembre, el diario La Prensa requirió al Ministerio de Salud copia simple de los contratos suscritos por el Estado panameño. Sin embargo, transcurridos los 60 días que establece la Ley de Transparencia panameña para responder peticiones extensas, no se facilitó información alguna.
Esta misma solicitud la han efectuado ciudadanos locales, así como la organización Fundación para la Libertad Ciudadana. Hasta la fecha, no ha habido respuesta. Tal como se evidencia, este panorama revela un secretismo en América Latina, a pesar de que están en juego miles de millones de dólares en la adquisición de las vacunas para inmunizar a la población del continente.
(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos, así como potenciales hechos de corrupción en la lucha contra la Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza —que coordina Convoca.pe— está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). Cuenta, además, con la participación de lDiarioAR (Argentina) y el diario La Prensa (Panamá).
