La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, acusada por corrupción y contra quien la fiscalía pidió 12 años de prisión, contraatacó este martes con un feroz discurso de defensa en el que denunció lo que considera una persecución judicial para proscribirla de la política.
“Nada absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales) fue probado. Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”, dijo Kirchner en un descargo de más de dos horas transmitido por redes sociales desde su despacho de la presidencia del Senado.
Acusada junto a otras doce personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas, la Fiscalía solicitó también el lunes, en su última audiencia de alegatos, la inhabilitación política perpetua de la vicepresidenta.
Mientras transcurría su discurso, cientos de seguidores se manifestaron para apoyarla a las puertas de su casa en Buenos Aires y luego, frente al Congreso.
“Esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, sostuvo la abogada de 69 años que fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015.
La vicepresidenta, que goza de fueros parlamentarios, había solicitado para este martes una ampliación de su declaración indagatoria, pero el tribunal desestimó el pedido al considerar que esa etapa ya había cerrado y que la vicepresidenta podrá exponer sus puntos en los alegatos de la defensa, a partir del 5 de septiembre.
“Son 12 años (de pedido de cárcel), los 12 años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, por eso piden 12 años. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, exclamó.
“Quieren tomarse revancha, esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer dos veces lo mismo”, afirmó Kirchner.
Acusación
La acusación contra Kirchner se remonta a sus dos periodos como presidenta (2007-15) y al anterior (2003-2007) de su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
La causa la describió como jefa de una asociación ilícita, con la que supuestamente orientó la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
La Fiscalía estimó en unos mil millones de dólares la suma que habría sido defraudada al Estado.
El proceso judicial comenzó en 2019 y se estima que el veredicto de los jueces se conocerá hacia fines de año. En caso de condena, Kirchner puede apelar. Hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y presidenta del Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada.
Kirchner ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos.
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