El Gobierno cubano inició este miércoles las excarcelaciones de 553 presos que anunció ayer tras la decisión de Washington de sacar a La Habana de su lista de países que patrocinan el terrorismo, según ha podido confirmar EFE.
Entre las primeras personas que han salido de prisión se encuentran Dariel Cruz García, Lisdiany Rodríguez Isaac y Donaida Pérez Paseiro, considerados presos por motivos políticos según las principales ONG sobre derechos humanos en Cuba. Todos han sido excarcelados (que jurídicamente no es lo mismo que liberados).
Familiares de varios reclusos por motivos políticos fueron convocados sin explicación a primera hora de la mañana de este miércoles a centros penitenciarios tras el anuncio del Gobierno cubano de la víspera de que liberaría a 553 presos.
El anuncio cubano indicaba que se trataba de personas “sancionadas por delitos diversos” -La Habana no reconoce tener en sus cárceles presos políticos- y avanzó que serían excarcelados “gradualmente”, sin más detalles.
Sin embargo, apuntaron que los liberados no han sido indultados ni amnistiados -sino, técnicamente, excarcelados- y que, por tanto, “pueden regresar a la prisión” si no cumplen una serie de “requisitos”, como una “buena conducta”.
La Casa Blanca indicó por su parte que las liberaciones comenzarían “en relativamente poco tiempo” y que entre los presos seleccionados habría personas que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores en décadas en Cuba.
Prisoners Defenders y Justicia 11J, las dos principales ONG que registran presos por motivos políticos en la isla, recibieron con escepticismo el anuncio del Gobierno cubano. Ambas tienen contabilizados muchos más detenidos de la cifra anunciada por La Habana.
Ésta es la primera excarcelación de presos en Cuba desde 2019, cuando las autoridades indultaron a 2,604 reclusos. La anterior se produjo en 2015, cuando un total de 3,522 presos fueron excarcelados como “gesto humanitario” ante la visita del papa Francisco.
La decisión cubana fue anunciada poco después de que Estados Unidos informara por sorpresa de su decisión de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, una decisión tomada en 2017 durante el primer mandato del republicano Donald Trump.
Esa designación implica la prohibición de venta de armas a ese país, un mayor control a sus exportaciones, restricciones en la ayuda exterior, mayores requisitos para los visados y la congelación práctica de gran parte de su actividad financiera en el exterior.
Esto ha contribuido, junto a la pandemia y ciertas políticas fallidas de la propia Cuba, a la grave crisis económica y energética que padece la isla, una combinación difícil de revertir de contracción económica, elevada inflación y déficit abultado.
Cuba sufre una escasez de básicos (alimentos, medicinas y combustible), prolongados apagones diarios y una creciente dolarización. Esto ha generado un fuerte descontento social, visible en una ola migratoria sin precedentes y en las inusuales protestas que se han registrado desde 2021.
Tras conocerse el paso de Washington, el Gobierno cubano consideró el anuncio una “decisión en la dirección correcta”, aunque aclaró que a su juicio es un paso “muy restringido”, pues siguen estando en vigor múltiples sanciones económicas.
Asimismo, no descartó que el nuevo Gobierno estadounidense pueda “revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones”. El designado secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, es un cubanoestadounidense defensor de la línea dura con la isla.
