El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está a punto de confirmar este domingo un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, concluidas unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia, con siete aspirantes opositores detenidos.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) no emite aún resultados; pero el observatorio Urnas Abiertas, cercano a la oposición, aseguró que la abstención alcanzó un 81.5%, según 1,450 observadores no autorizados en 563 centros de votación.
No obstante, en algunas calles de Managua, seguidores de Ortega comenzaron a festejar. “¡Sí se pudo, Daniel, Daniel!”, gritaban en varios barrios, mientras que estallaban fuegos artificiales.
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, asumirá, previsiblemente, otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), junto a la poderosa Rosario Murillo (70), su esposa, candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
El exguerrillero sandinista, quien también gobernó el país en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Apenas cerradas la urnas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “farsa” las elecciones, y Costa Rica -vecino de Nicaragua- no las reconoció, mientras que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, al celebrar la votación, reiteró a su aliado Ortega su apoyo para defender a ese país.
El ganador no ha estado en duda, pero la atención se centra en la participación de los 4.4 millones de electores llamados a votar para elegir también a 90 diputados de un Congreso que, igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del Ejecutivo.
La jornada, resguardada por 30,000 militares y policías, transcurrió sin entusiasmo ni incidentes, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en Twitter tener informes de “allanamientos, detenciones arbitrarias, hostigamiento y restricciones a la prensa”.
Los comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados, sumiendo a este país centroamericano de 6.5 millones de habitantes en una profunda crisis política.
Acercándose los comicios, en una ofensiva contra la oposición que comenzó en junio, fueron ilegalizados tres partidos. Siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas fueron detenidos, sumándose a unos 120 opositores que siguen presos desde 2018.
Tras votar junto a su esposa, Ortega arremetió contra los opositores y justificó las detenciones. “Estaban conspirando, no querían que se realizaran estas elecciones (...) Son demonios que no quieren la paz”, aseveró, tras calificarlos de “terroristas”.
Conforme a leyes aprobadas a fines de 2020, los recientes detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien está en arresto domiciliario.
El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que existe temor y un control social que intimidó a la gente a la hora de votar.
“Nadie de mi familia fue a votar. Esto fue una burla para los nicaragüenses”, dijo a la AFP una comerciante de 49 años, quien pidió anonimato.
Pero, para Pablo Rodríguez, un carpintero de 26 años, “el presidente ha hecho buenas cosas” por Nicaragua.
Ortega es señalado por sus críticos de “nepotismo” y de instaurar una “dictadura”. Él acusa a los opositores de “golpistas” apadrinados por Washington.
En Estados Unidos y Costa Rica, vecino de Nicaragua y donde se refugian miles de exiliados, hubo protestas. Unos 1.000 nicaragüenses marcharon en San José agitando banderas de su país y cantando “¡Viva Nicaragua libre!”.
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios por considerarlos no democráticos.
Biden, cuyo país al igual que la UE sancionó al círculo íntimo de Ortega, firmará un arsenal de medidas bajo la ley RENACER para aumentar la presión sobre el gobierno de Ortega.
“Viven de rodillas pidiendo sanciones contra Nicaragua”, dijo Ortega este domingo sobre los opositores.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que podría suspender al país del bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y disparará la migración.
Unos 200 “acompañantes electorales” y decenas de periodistas de países que el gobierno considera “amigos”, como Rusia, fueron acreditados, los que, según Urnas Abiertas, son “simpatizantes sandinistas” que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.