La exportación de minerales críticos o un acercamiento comercial facilitado por las tensiones entre Estados Unidos y China podrían ser beneficios para Latinoamérica de la nueva Administración de Donald Trump, si bien la naturaleza impredecible y transaccional de sus relaciones plantea también riesgos.
El futuro de América Latina se debatió durante la presentación en Londres del informe ‘Perspectivas LatAm 2025′ del centro de estudios Canning House, que analiza las tendencias políticas, económicas y sociales en la región.
De acuerdo con el documento, el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero “ofrece la oportunidad de trabajar con Washington para suministrar minerales críticos, impulsar el comercio y acercar la producción desde China hasta el mercado estadounidense”, lo que permitiría a las empresas de la primera potencia mundial abastecerse de países aliados.
Sin embargo, los expertos alertaron de que la amenaza del presidente electo de imponer un arancel del 25 % a las importaciones mexicanas y canadienses pone presión a la negociación en 2026 del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, en inglés) de libre comercio.
Relaciones personalizadas
Christian Perlingiere, de la consultora Control Risks y uno de los autores del estudio, dijo a EFE que uno de los riesgos más inmediatos de un Gobierno de Trump es que “claramente va a centrar gran parte de su atención en cuestiones de seguridad e inmigración en México y Centroamérica”.
Esto marcará los vínculos con esos territorios vecinos, mientras que para el resto de América Latina el peligro puede ser “una falta de atención”, en pro de otras prioridades.
Perlingiere advirtió de que las oportunidades para los diferentes países latinoamericanos seguramente “serán personalizadas”.
“Si hay buenas relaciones entre los líderes políticos y empresariales de ciertos países con Trump y su Administración, eso puede conllevar ventajas. Probablemente las relaciones personales tengan precedencia sobre las institucionales y gubernamentales”, declaró.
Michael Stott, especialista del ‘Financial Times’, señaló que el designado secretario de Estado estadounidense Marco Rubio podría abogar por sanciones contra Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Stott opinó también que el descenso de la influencia occidental ofrece la posibilidad a Latinoamérica de “brillar en el escenario mundial”, si bien avisó de que esto se ve mermado por su propia polarización política y “la ausencia de un organismo regional fuerte y eficaz” que canalice su potencial en foros como el bloque de los BRICS o el G20.
Entre los atractivos de América Latina se encuentran “un firme compromiso con la coexistencia pacífica, el respeto por la integridad territorial, los derechos humanos, las elecciones libres en la mayoría de los países, el medio ambiente y los derechos de las mujeres y las minorías”, afirmó.
Latinoamérica tiene además “una abundancia de recursos naturales, muchos de ellos cruciales para la transición energética”, y disfruta de buenas relaciones en África, Oriente Medio y Asia, agregó.
Los expertos coincidieron en que, si Estados Unidos u otros países como el Reino Unido no se comprometen económicamente con América Latina, seguirá aumentando la presencia de China, uno de los principales inversores en infraestructuras.
La transición energética
David Purkey, director del Centro de América Latina del Instituto Ambiental de Estocolmo, con sede en Bogotá, destacó el gran potencial de Latinoamérica para liderar la transición energética global, con su acceso a fuentes de energía renovables y a los minerales estratégicos que la hacen posible, especialmente el litio.
Aunque países como Argentina y México deben reducir su dependencia de los hidrocarburos, “la intensidad de las emisiones de la región está por debajo del promedio mundial”, y se trabaja para impulsar sistemas de producción sostenibles, explicó.
Si Latinoamérica sienta una base sólida para su generación de renovables, ello “ayudará a reducir la vulnerabilidad al clima de los sistemas hidroeléctricos y acelerará la eliminación gradual de los combustibles fósiles”, se apunta en el informe.
De cara a los inversores extranjeros, el documento dice que es necesario “reducir el impacto del crimen organizado en la seguridad de las personas, el Estado de derecho y la política democrática”.
“Se deben buscar alternativas a los enfoques de mano dura, que a menudo obtienen apoyo político pero son contraproducentes. Es esencial combinar una aplicación eficaz de la ley con programas económicos y sociales” para las comunidades empobrecidas, concluye.
