El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos hizo este viernes un “llamado firme a parar la represión” en Nicaragua, donde “se han ejercido acciones de persecución” contra los representantes de la Iglesia católica y de los medios de comunicación.
El llamado de los defensores de derechos humanos centroamericanos tuvo lugar luego de que este viernes el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, un fuerte crítico del Gobierno de Daniel Ortega, fuera arrestado por policías que irrumpieron a la fuerza en la curia episcopal de Matagalpa (norte), donde estaba confinado desde hace 15 días y en medio de una escalada estatal contra la Iglesia católica.
La presidencia del Consejo, en manos del Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, dijo en un comunicado que el pasado el pasado 4 de agosto ya había exhortado al Gobierno de Nicaragua a que reconsiderara “las acciones ejercidas contra los medios de comunicación, así como de los miembros de la Iglesia católica”.
Ello a la luz de que “los Estados deben promover, respetar y garantizar el derecho de todas las personas a expresar sus opiniones o ideas por cualquier medio y sin miedo a ser perseguidos, sancionados o estigmatizados, tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Pero “a la fecha, se ha tenido conocimiento que las acciones contra los representantes de la Iglesia católica en Nicaragua no han cesado y se han ejercido acciones de persecución, donde los medios de comunicación a nivel internacional hacen referencia a agresiones contra sacerdotes, profanaciones a templos, ataques, asedios, entre otras, lo cual constituye graves violaciones a los Derechos Humanos”.
“La Presidencia del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación frente a los hechos en contra de representantes de la Iglesia católica en Nicaragua, en violación a la Convención Americana de Derechos Humanos”, indicó la misiva suscrita por Leblanc.
En ese contexto, los ombudsman hicieron “un llamado al cese de las acciones autoritarias que el Gobierno de Nicaragua ejerce sobre los representantes de la Iglesia católica, creando con ello, una situación de incertidumbre en la población”.
