Dos años después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el movimiento independentista catalán se prepara para un nuevo periodo de "desobediencia civil" masiva ante la hipotética condena contra los líderes implicados en ese intento de secesión.
En un contexto de creciente tensión política, los principales partidos y asociaciones separatistas llamaron este martes en un manifiesto conjunto "a responder de forma masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil pacífica" a la próxima sentencia del Tribunal Supremo.
Este alto tribunal en Madrid debe publicar este mes su veredicto sobre el histórico juicio celebrado entre febrero y junio contra diez políticos y dos activistas por la tentativa de secesión de esta rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes.
Para nueve de ellos, acusados de rebelión y encarcelados en algunos casos desde hace casi dos años, la fiscalía solicita penas de entre 16 y 25 años de prisión. Para los otros tres reclama 7 años por malversación.
"Una sentencia condenatoria (...) supondrá el mayor ataque a nuestros derechos fundamentales", advirtió el exdiputado independentista regional, David Fernández, encargado de leer el manifiesto conjunto en un acto en Barcelona.
Aunque oficialmente no indicaron qué acciones concretas preparan, algunos líderes presentes evocaron protestas de varios días, una huelga general o marchas de varios días con el objetivo de bloquear las carreteras de la región.
Por otra parte, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de ciudadanos autoorganizados surgidos en decenas de municipios durante octubre de 2017, lanzaron un comunicado pidiendo "no dar un paso atrás".
"Seremos quien hará temblar el enemigo. Y ganaremos", decían en el combativo texto colgado en Twitter.
Estos grupos con expeditivos métodos de protesta se encuentran bajo el ojo del huracán por el encarcelamiento la semana anterior de siete personas vinculadas a los CDR acusados de preparar explosivos y acciones violentas.
Los dirigentes independentistas recelan del operativo y lo califican como un intento de la justicia española de criminalizar un movimiento que reiteradamente ha defendido el pacifismo.
En plena campaña para las elecciones legislativas del 10 de noviembre, fruto del bloqueo político tras los comicios de abril, el jefe de gobierno español Pedro Sánchez pidió "mucho sosiego".
Y ante un escenario de fuertes protestas amenazó con intervenir la autonomía catalana.
"El 155 es un instrumente perfectamente legítimo", dijo en referencia al artículo de la Constitución española que permite al gobierno central tomar el control de una región.
Su precedesor conservador Mariano Rajoy ya activó este artículo después de la declaración unilateral de independencia formulada por los independentistas el 27 de octubre de 2017.
En pocos días, los dirigentes separatistas fueron encarcelados o huyeron al extranjero como el expresidente Carles Puigdemont, actualmente en Bélgica.
Fue el fin del proceso lanzado el 1 de octubre con el referéndum ilegal de autodeterminación en el que, entre duras cargas policiales, participaron 2,3 millones de personas.
El independentismo recuerda con épica esa fecha y este martes organizó actos conmemorativos por todo el territorio catalán, entre ellos una marcha en Barcelona a las 17H00 GMT.
"Ese día la sociedad catalana se apoderó y plantó cara a la barbarie", dijo este martes el sucesor de Puigdemont, Quim Torra, en un acto institucional donde se comprometió "a avanzar sin excusas hacia la República Catalana".
Entre la mitad de catalanes que no comparten el proyecto separatista, la visión es muy distinta.
"Hace dos años aquí en Cataluña se produjo el quebranto de la convivencia", dijo Albert Rivera, presidente del partido centroliberal Ciudadanos, ahora la principal fuerza en la fragmentada cámara catalana.
Después de la intervención de la autonomía, los independentistas consiguieron conservar la mayoría en ese Parlamento aunque están paralizados por las divisiones internas sobre cómo retomar su proceso de separación.
La cercanía de la sentencia ha limado sus diferencias y la semana pasada aprobaron una moción conjunta en la cámara respaldando la "desobediencia civil e institucional" que escaló nuevamente la tensión con el gobierno español.
