La policía de Nicaragua detuvo este martes a cuatro líderes opositores, entre ellos dos aspirantes a la presidencia, ampliando la lista de arrestos en el marco de leyes sancionadas durante el gobierno de Daniel Ortega para proteger la soberanía.
Con las detenciones del martes, suman cuatro los precandidatos presidenciales detenidos.
La última de esas detenciones, la de Juan Sebastián Chamorro García -primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios-, ocurrió bajo cargos de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, entre otros, según nota de prensa de la Policía Nacional.
Su arresto, con horas de diferencia al efectuado hacia el mediodía contra el también precandidato Félix Maradiaga, ocurre a cinco meses de las votaciones del 7 de noviembre y en medio del rechazo internacional, que exige la liberación inmediata de los detenidos.
En tanto, el exdiplomático Arturo Cruz fue arrestado el sábado tras regresar de Estados Unidos.
Maradiaga y Chamorro García son investigados por realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que menoscaban la independencia, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares, según la policía.
Los cargos están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega y bajo la que también fue acusado Cruz.
Las detenciones siguieron en la noche del martes, cuando fueron apresados el dirigente empresarial José Aguerri y la líder de la sociedad civil Violeta Granera, investigados bajo los mismos cargos que Maradiaga y Chamorro García, según la policía. Granera está en su casa bajo custodia policial, y Aguerri fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, según el diario La Prensa de ese país.
En el caso de Maradiaga, la Fiscalía investiga también otra causa: incumplir “gravemente” y “haber desvirtuado” los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
Esta ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con el gobierno.
La ofensiva contra los opositores comenzó hace una semana contra Chamorro Barrios, en arresto domiciliar y quien no pertenece a ningún partido, aunque sondeos de opinión le daban el mayor respaldo ciudadano después del presidente Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre, aunque él no lo ha oficializado.
La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este martes a través de Twitter la liberación de Chamorro García “y de todos los demás presos políticos”.
E instó a Managua “a que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega”.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos había dicho -tras la detención de Maradiaga- que el arresto “arbitrario” de un tercer opositor en Nicaragua demostraba que Ortega es un “dictador”.
“La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal”, dijo en Twitter la jefa de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung.
Maradiaga fue detenido en el trayecto a su casa después de abandonar la sede de la fiscalía donde por casi tres horas fue interrogado por “un rosario de acusaciones” sobre sus actividades dentro y fuera del país, según dijo a periodistas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando “un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro”.
La vicepresidenta Rosario Murillo advirtió en una alocución a medios afines al gobierno -sin referirse a los casos penales contra los opositores- que “la justicia llega tarde, pero llega”, tras mencionar que los avances de su gobierno fueron “violentados” por personas egoístas, haciendo alusión a las protestas de 2018.
La también primera dama se quejó de que entraron recursos al país que “engordaron la cartera de unos cuantos que además se comprometían con matar (...) cuánto hubiéramos hecho con lo que se han robado... Este montón de ladrones, no solo ladrones, sino también terroristas, criminales, cuánto hubiéramos avanzado contra la pobreza”.
Maradiaga, de 44 años, era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional (UNAB), integrado por organizaciones de la sociedad civil que respaldaron las protestas masivas que en 2018 demandaban la renuncia de Ortega y que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras que Chamorro García, economista de 50 años, y Aguerri fueron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo tras esas manifestaciones.
Ortega, de 75 años y quien lleva 14 en el poder, encara sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que le reclaman cambios políticos y la realización de elecciones libres y justas.
Además de la detención de los precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones, el tribunal electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática (PRD-Evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país.
