El empresario Carlos Cerdas Araya de la constructora Meco fue detenido en Costa Rica como parte de las investigaciones de una presunta corrupción en proyectos viales.
Así lo reportaron la mañana de este lunes 14 de junio varios medios costarricenses, que detallaron que la otra detenida es Mélida Solís Vargas de la empresa H. Solís.
Cerdas y Solís forman parte de los 22 hombres y seis mujeres aprehendidos hasta las 10:00 a. m. de este lunes en 57 allanamientos efectuados por el personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
De acuerdo con el diario La Nación estas detenciones son por una presunta malversación de fondos, que generó un déficit de 125 millones de dólares en tres años.
Cerdas fue uno de tres contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que en marzo de 2018 admitió haber pagado sobornos a Blue Apple Services, Inc., supuestamente a cambio de agilizar trámites y desembolsos por avance de obra.
El empresario señaló a la Fiscalía Sexta Anticorrupción en 2018 que Meco —que tenía seis contratos con el MOP— pagó a Blue Apple cerca de $9.4 millones en coimas.
La agencia de noticias AFP reportó que se allanaron este lunes la Casa Presidencial y varios organismos estatales en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas.
Teletica Canal 7 detalló que además de Casa Presidencial y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se realizaron allanamientos en las oficinas centrales del Consejo Nacional de Vialidad y en casas y empresas en Santa Ana, Escazú, Heredia y Desamparados.
La televisora costarricense reportó que varios fondos de las obras de ruta 32, Circunvalación, mantenimiento de carreteras y dinero de otros proyectos habrían sido desviados..
“Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas”, dijo el director del OIJ, Wálter Espinoza.
Espinoza detalló a los medios que presuntamente hubo un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos.