El nuevo gobierno de Bolivia desplegaba este domingo esfuerzos por lograr el cese de las manifestaciones que en un mes se han cobrado 23 víctimas, mientras grupos campesinos afines al exmandatario Evo Morales le daban un plazo de 48 horas a la presidenta provisoria Jeanine Áñez para dimitir.
El principal foco del conflicto se había concentrado en Cochabamba (centro), donde el viernes campesinos cocaleros chocaron con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas en un mes de confrontación.
El gobierno ha reconocido oficialmente cinco muertos, y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, ha deslizado la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto "aparece con un tiro en la nuca".
Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron los nueve cocaleros: "Todos los muertos son con impacto de bala". "Todos con quien he hablado dijeron que [en las manifestaciones] no había ninguna persona civil con un arma", dijo Becker por teléfono a la AFP, señalando que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.
Asilado en México tras renunciar a la Presidencia hace una semana luego de perder el apoyo de los militares, Morales declaró en un tuit que "estos delitos de lesa humanidad (...) no deben quedar en la impunidad".
Exigimos al Gobierno de facto de Áñez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales de las 24 muertes en 5 días por la represión policial y militar. Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad.
Mientras, Jean Arnault, enviado del Secretario General de la ONU, comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país, en convulsión política desde la cuestionada reelección de Morales el 20 de octubre.
La CIDH calificó en Twitter de "grave" un decreto del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público.
"El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta", señaló el organismo autónomo de la OEA.
