El Gobierno de Ecuador le solicitó permiso a México para poder ingresar a su embajada en Quito y detener a Jorge Glas, vicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), que desde diciembre pasado se encuentra en esa sede diplomática a la espera de respuesta al asilo solicitado.
El Gobierno ecuatoriano le solicitó a México que le permita proceder a detener a Glas en su embajada en Quito ya que, si le conceden el asilo, “haría vanos todos los compromisos adquiridos en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, según confirmaron a EFE fuentes de la Cancillería.
En el documento, la Cancillería de Ecuador le pide a la embajadora de México, Raquel Serur, su consentimiento “para que las fuerzas del orden (Policía), que dependen del Ministerio del Interior, ingresen a los locales de la misión (diplomática) y cumplan con la captura del señor Jorge David Glas Espinen, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador”.
Antes de realizar esta petición, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ya había anticipado semanas antes que, en caso de que México le concediera el asilo, el Gobierno de Daniel Noboa no otorgaría el salvoconducto para que Glas saliera del país sin ser detenido.
Glas, que a finales de 2022 salió en libertad tras cumplir cinco años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita de ocho y seis años de prisión, respectivamente, se encuentra procesado por presunto peculado (malversación) en el caso ‘Reconstrucción’ de la costera provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.
A mitad de diciembre de 2023, Glas, que se considera inocente y un perseguido político víctima de lawfare, llegó a la Embajada de México en Quito, cuando todavía no pesaba sobre él una orden de detención.
A inicios de enero, un juez dictaminó su ingreso en prisión provisional por el caso de la reconstrucción de Manabí. La investigación de Fiscalía determinó que existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas, naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.
Glas estuvo cinco años y cuatro meses en la cárcel al haber sido condenado a ocho años por cohecho en el caso ‘Sobornos’, donde también fue inhabilitado y condenado Correa, y a seis años por asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El exvicepresidente, que ocupó el cargo durante parte del mandato de Correa y los primeros meses del mandato de Lenín Moreno (2017-2021), ha dicho que buscará revertir ese caso después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulara las pruebas del sistema informático de Odebrecht.
La solicitud de asilo presentada por Glas recuerda al caso de la exministra correísta María de los Ángeles Duarte, condenada también en el caso ‘Sobornos’, quien durante cerca de dos años y medio estuvo alojada junto a su hijo menor de edad en la residencia del embajador de Argentina a la espera de que el Gobierno de ese país resolviera su solicitud de asilo.
A finales de 2022, el Gobierno del entonces presidente peronista Alberto Fernández le concedió el asilo, pero el Ejecutivo del presidente ecuatoriano conservador Guillermo Lasso le negó el salvoconducto, por lo que la exministra salió de Ecuador sin que las autoridades locales se percataran hasta llegar a Venezuela. Esto generó una fuerte tensión diplomática entre Argentina y Ecuador, que expulsaron de manera recíproca a los embajadores y no alcanzaron a nombrar nuevos jefes de misión hasta cuatro meses después.
