El chavismo tiene 18 años minando los liderazgos locales y regionales de la oposición

Desaparecer los liderazgos locales y regionales es un método que ha ejecutado a la perfección Nicolás Maduro como lo demuestran las inhabilitaciones impuestas este año al menos a 12 alcaldes, la aprehensión de tres de ellos y la persecución contra otros tantos. Sin embargo, es una política que su antecesor en el cargo, el fallecido Hugo Chávez Frías, comenzó en el año 2006.

Una de las primeras víctimas fue el entonces alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, a quien mantuvieron preso en El Helicoide por cuatro meses en el año 2006, al vincularlo al asedio de la embajada de Cuba durante el golpe de Estado del año 2002 contra el propio líder chavista.

Después de ser gobernador en dos oportunidades, una de ellas en las que derrotó al hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, a Capriles Radonski lo inhabilitaron en el año 2017 para ejercer cargos públicos, una decisión que ratificó la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en enero de este 2024 cuando las prácticas que comenzó Chávez las aceleró Maduro en pleno año electoral.

Y antes de Capriles, el alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, fue detenido por órdenes del gobierno de Chávez y el entonces gobernador de esa entidad, Francisco Rangel Gómez. Lo acusaron de obstrucción de vías públicas e incitación a delinquir, aunque antes ya le habían abierto una investigación por presuntas irregularidades durante su primera gestión que se remontaba a 1998.

Lo sentenciaron a 7 años de cárcel en 2009, pero en 2011 lo dejaron en libertad, por lo que volvió a ganar la alcaldía en las municipales de 2013. Esta semana, lo detuvieron en Anzoátegui.

Vía al Estado comunal

La exdiputada a la Asamblea Nacional y presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, en entrevista para Efecto Cocuyo hace énfasis en esta tesis: la implantación del Estado comunal, un sueño de Chávez al que Maduro le ha puesto todo el empeño desde que llegó al poder en 2013.

“Es una característica del régimen y tiene que ver con el dominio contra liderazgos locales y regionales, acabar con el estado descentralizado… Es desaparecer a las alcaldías y gobernaciones de facto”, señala.

Solórzano dice que el más reciente anuncio de Nicolás Maduro sobre una segunda “consulta popular”, prevista para este 25 de agosto, va en sintonía con esa tesis que dejó Chávez a su sucesor.

“Yo me comprometí a avanzar en la desburocratización, a avanzar en el gobierno directo con la gente, por eso ratifico la convocatoria a elecciones consultivas el 25 de agosto para los proyectos de los 4,500 circuitos comunales”, dijo el gobernante ante sus seguidores en Miraflores este 8 de agosto.

Contra López y Ledezma

Otro ejemplo de que Chávez comenzó esta práctica fueron las elecciones de 2008. Leopoldo López era el favorito de las encuestas y aspiraba a la Alcaldía Mayor de Caracas, pero una inhabilitación política en su contra por parte de la Contraloría General de la República le impidió aspirar al cargo en esas regionales.

Entonces, Antonio Ledezma aspiró y ganó esos comicios. De inmediato, el chavismo se fabricó la llamada jefa de gobierno de Distrito Capital que vació de competencias la alcaldía metropolitana hasta el punto de que la Constituyente de 2017, dominada solo por el chavismo, la desapareció por completo del mapa político territorial del país.

A Ledezma lo cercaron financieramente, le quitaron sus competencias y terminó preso en 2015, dos años después de ser reelecto en una alcaldía que prácticamente era un cascarón vacío. Lo llevaron al Sebin de Plaza Venezuela, después a la cárcel militar de Ramo Verde y en 2017 logró escapar de su apartamento, donde estaba en arresto domiciliario y se fue a España.

También está el caso de Biagio Pilieri, exdiputado a la Asamblea Nacional por la oposición desde el año 2010. Fue alcalde de Chivacoa en las mega elecciones del año 2000, perdió la reelección en 2004, pero se mantuvo como concejal. En 2009 lo acusaron de delitos de corrupción y, aunque fue absuelto en un juicio, lo dejaron preso hasta que logró su curul al Parlamento por el estado Yaracuy un año más tarde.

Mientras que en 2012, tras las elecciones primarias de oposición, el candidato a la Alcaldía de Baruta, David Uzcátegui, que era concejal de esa localidad mirandina fue inhabilitado y no se pudo postular al cargo.

Los alcaldes presos, perseguidos e inhabilitados de Maduro

Pero con Nicolás Maduro en el poder la persecución se intensificó con más encarcelamientos, inhabilitaciones y persecuciones.

En 2014 las primeras víctimas de esta política fueron los alcaldes Daniel Ceballos (Voluntad Popular) en San Cristóbal, estado Táchira, y Enzo Scarano en San Diego, estado Carabobo. Ganadores de las municipales de 2013 a estos dos mandatarios electos los despojaron de sus cargos en una sentencia de la Sala Constitucional, que además ordenó encarcelarlos por un año. A los dos, los responsabilizaron de las protestas opositoras contra el gobierno en ese entonces.

En 2015, a la alcaldesa de Guasdualito del estado Apure, Lumay Barreto, la destituyó la Cámara Municipal dominada por el chavismo. Alegaron que se ausentó del cargo por un viaje que hizo a Caracas. En 2016 fue el turno de Delson Guárate, en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, a quien apresaron por supuestas irregularidades. La alcaldesa encargada, Alicia Loreto, fue también defenestrada por los concejales del chavismo.

También en ese año una acusación contra el alcalde de Maturín del estado Monagas, Warner Jiménez, terminó en su destitución cuando decidió irse al exilio para evitar ser encarcelado. La Cámara Municipal, con mayoría de ediles chavistas, lo despojó del cargo. Como Barreto y Guárate, militaba en el partido Voluntad Popular.

(Este contenido es republicado en La Prensa gracias a la iniciativa #LaHoraDeVenezuela).