El Congreso de El Salvador aprobó la noche del martes la vigésima extensión de un régimen de excepción, declarado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas y que suspende garantías constitucionales.
La medida fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados del Congreso de amplia mayoría oficialista por un término más de 30 días y con lo que sumará 21 meses de vigencia.
De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales suman más de 73,800 las detenciones, de las que más de 7,000 personas habrían salido en libertad condicional.
De acuerdo con el Ejecutivo de Nayib Bukele, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, mientras que las organizaciones sociales registran más de 5,000 “víctimas directas” de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), difundidos por el Congreso, indican que entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2023 se han registrado 131 homicidios.
“Las medidas extraordinarias están en consonancia con la protección que el Estado debe garantizar a toda la población frente a un tipo de criminalidad cuyas características de violencia y peligrosidad se distinguen de la delincuencia común”, indica el decreto aprobado por el oficialismo.
Este régimen fue aprobado a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
