El asesinato de dos periodistas en Tijuana en una semana vuelve a plantear la complejidad de brindar seguridad a comunicadores en México, uno de los países más peligrosos para el periodismo y donde los mecanismos de protección se ven desbordados o son ineficientes.
El fotógrafo Margarito Martínez y la reportera Lourdes Maldonado fueron asesinados el 17 de enero y el último domingo, respectivamente.
Sus muertes desataron reclamos entre periodistas, que convocaron movilizaciones para este martes en Tijuana, Ciudad de México y otras ciudades.
Ambos, baleados, habían denunciado amenazas y solicitado protección al mecanismo de seguridad en Baja California (noroeste).
“Este mecanismo nuevamente falla cuando los periodistas se sienten más vulnerables”, dijo a la AFP Sonia de Anda, reportera de Tijuana y consejera del sistema estatal de protección a defensores de derechos humanos y comunicadores.
Desde Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el lunes los asesinatos a través de su vocero, Stéphane Dujarric. “Llamamos a las autoridades mexicanas (...) a tomar nuevas medidas para evitar los ataques” contra los periodistas, dijo.
De Anda explicó que Martínez fue amenazado por un bloguero presuntamente ligado a criminales, pero jamás se concretó una medida de seguridad.
Maldonado, en tanto, tenía desde hace un año custodia policial para cuando llegaba y salía de su casa. Pero el domingo le dispararon justo cuando estaba en su automóvil, frente a su domicilio.
“Evidentemente no había policías esa noche”, lamentó De Anda, que también integra el colectivo “Yo sí soy periodista”.
A nivel federal existe desde 2012 un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, que ahora cobija a 496 comunicadores.
Jorge Carrasco, director del semanario Proceso, se acogió a ese mecanismo en 2013 tras ser amenazado de muerte por su trabajo. Le asignaron un guardia y colocaron cámaras en su casa.
“En mi caso funcionó. Pero el mecanismo quedó rebasado, fueron tantos casos”, lamenta al subrayar además falta de compromiso de otras autoridades y la nula coordinación con gobiernos estatales.
Así ocurrió en Baja California, donde la entrada de un nuevo gobierno dejó en suspenso la seguridad para un puñado de periodistas.
“Por el cambio de gobernador, el mecanismo dejó de operar. Apenas hoy (lunes) iban a reinstalarlo. En el inter nos mataron a dos compañeros”, lamentó De Anda.
Balbina Flores, de la oficina de Reporteros sin Fronteras (RSF) en México, asegura que por este “procedimiento absurdo” Margarito Martínez tuvo que recurrir al sistema federal, pero su petición se perdió en papeleos.
“El mecanismo debería brindar protección inmediata, dejar trámites para después”, reclamó Flores.
De Anda cuestionó el rigor del sistema federal pues, pues, según denunció, años atrás cobijaron a un individuo que se decía periodista pero que estaba ligado a criminales. “Le quitaron la protección hasta que lo sentenciaron”, dice.
Flores observa que la protección federal tampoco es garantía. “Al menos cuatro comunicadores con guardias asignados han sido asesinados en tres años”, señaló.
La AFP intentó consultar a responsables del mecanismo federal para conocer su posición, pero no hubo respuesta.
Maldonado decía sentirse “vulnerable” en medio de un litigio laboral con el Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad del exgobernador de Baja California Jaime Bonilla (2019-2021), militante del partido oficialista Morena.
Su temor la llevó a presentarse en 2019 en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir ayuda.
Días atrás, Maldonado aseguró que había ganado la demanda laboral y que recibiría una indemnización de unos 25.000 dólares.
El exgobernador Bonilla negó toda responsabilidad y se dijo dispuesto a ser investigado. “Estamos totalmente ajenos a cualquier situación que pasó con ella”, afirmó.
A los crímenes de Tijuana se suma el del periodista retirado José Luis Gamboa, de Veracruz (este), quien el 10 de enero recibió varias puñaladas que le costaron la vida.
Las autoridades investigan si la agresión estaría ligada a sus comentarios en redes sociales.
En 2021, la AFP reportó al menos siete periodistas asesinados, aunque no quedó demostrado que en todos los casos el crimen estuviera ligado al trabajo.
México es uno de los países más peligrosos para los periodistas con más de un centenar asesinados desde 2000, según la Comisión de Derechos Humanos (defensoría). Más del 90% de estos crímenes permanecen impunes.
