El poderoso ejército birmano dio un golpe de Estado este lunes, deteniendo a la jefa de facto del gobierno civil Aung San Suu Kyi, nombrando a un general como presidente interino de la República y proclamando el estado de emergencia por un año.
Esta decisión es necesaria para preservar la “estabilidad” del Estado, afirmaron los militares en un anuncio en su cadena de televisión, NAME.
Acusan a la comisión electoral de no haber subsanado las “enormes irregularidades” que se produjeron, según ellos, durante las elecciones legislativas de noviembre, que ganó por amplia mayoría el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), en el poder desde las elecciones de 2015.
El ejército se apoderó del ayuntamiento de Rangún, la capital económica del país, constató un periodista de la AFP.
Horas antes, Aung San Suu Kyi y el presidente de la República, Win Myint, fueron detenidos.
“Hemos oído decir que está detenida en Naypyidaw”, la capital del país, precisó a la AFP el portavoz de la LND, Myo Nyunt.
Según él, otros directivos del partido también fueron arrestados.
Estados Unidos y Australia reaccionaron rápidamente, pidiendo la liberación inmediata de los dirigentes de la LND y la restauración de la democracia.
“Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones (...) y tomaremos acciones contra los responsables”, advirtió la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.
“Llamamos al ejército a respetar el estado de derecho, a resolver las disputas mediante mecanismos legales y a liberar inmediatamente a todos los dirigentes (políticos) de la sociedad civil y a otras personas detenidas ilegalmente”, declaró la ministra de Relaciones Exteriores australiana, Marise Payne.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “condenó firmemente” la detención de Aung San Suu Kyi.
Con “la declaración del traspaso de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a los militares”, “estos hechos asestan un duro golpe a las reformas democráticas en Birmania”, agregó.
Las fuerzas armadas dieron el golpe de Estado poco antes de que el Parlamento resultante de las últimas legislativas iniciara su primera sesión, prevista este mismo lunes.
Birmania salió hace apenas 10 años de un régimen militar que dirigió el país durante casi medio siglo.
Los dos últimos golpes de Estado desde la independencia del país en 1948 se remontan a 1962 y 1988.
La conexión a internet y las telecomunicaciones están muy perturbadas en el país, según la oenegé especializada Netblocks. Y se ha bloqueado el acceso al aeropuerto internacional de Rangún, constató la AFP.
Los militares denunciaban desde hace semanas más de una decena de millones de casos de fraudes en las elecciones legislativas de noviembre.
Reclamaban que la comisión electoral dirigida por el gobierno publicara la lista de los votantes para verificarla, lo que no ha hecho.
Los temores aumentaron cuando el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, sin duda el hombre más poderoso de Birmania, declaró que la constitución podría ser “revocada” bajo ciertas circunstancias.
Entonces el secretario general de la ONU y varias embajadas expresaron su “gran preocupación”.
El partido de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz de 1991, muy criticada por su gestión de la crisis de los musulmanes rohinyás pero aún venerada por buena parte de la población, obtuvo una aplastante victoria en noviembre.
Unos 750,000 miembros de esta minoría huyeron de los abusos del ejército y de las milicias budistas en 2017 y se refugiaron en campamentos en Bangladés, una tragedia que ha llevado a Birmania a ser acusada de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU.
Los comicios de noviembre fueron las segundas elecciones generales desde 2011, cuando se disolvió la junta militar.
En 2015 la LND ganó por amplia mayoría, pero se vio obligada a compartir el poder con el ejército, que controla tres ministerios claves (Interior, Defensa y Fronteras).
“La relación entre el gobierno y el ejército era complicada”, afirma a la AFP Hervé Lemahieu del instituto Lowy en Australia. “Este régimen híbrido, no autocrático del todo ni completamente democrático, se ha derrumbado bajo el peso de sus propias contradicciones”.
Exiliada durante mucho tiempo en Inglaterra, Aung San Suu Kyi, de 75 años, regresó a Birmania en 1988, convirtiéndose en la figura de la oposición frente a la dictadura militar.
Pasó 20 años bajo arresto domiciliario antes de ser liberada por el ejército en 2010.
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