Una investigación desarrollada por El Espectador de Colombia señala la existencia en Panamá de empresarios colombianos que habrían prometido, vendido y diseñado al menos dos megaproyectos, uno en Punta Chame y otro en El Higo de San Carlos, los cuales nunca fueron entregados y han sido catalogado por los compradores como una “estafa”.
Según la investigación, los empresarios que encabezan las compañías de construcción El Poblado Panamá y Land Developers Group prometieron la entrega de ambos lotes, que en estos momentos no cuentan con servicios básicos como agua y luz.
La denuncia al medio colombiano fue realizada por el ingeniero civil de 40 años, Alejandro Román, quien se encontró con dos adultos mayores con rasgos asiáticos y allí se enteró del problema.
Según la investigación periodística, son 192 familias que reclaman por sus inversiones en 45 hectáreas realizadas en el año 2015. Gran parte de los denunciantes hicieron sus inversiones en el proyecto Aquamar, ubicado en Punta Chame, el cual se vendió como un club residencial de lotes campestres, que según los folletos cada persona podría diseñar y construir su casa .
El Espectador señala también que al momento de consultarle a los representantes de la empresas en Panamá, la respuesta de los mismos fue que no tenían “liquidez”.
En una reunión con uno de los encargados de la misma, de nombre Carlos Andrés Echeverrí, quien se identificó como gerente general, de El Poblado S.A., (empresa que cambió su nombre a Promotora Poblados Panamá S.A. en 2016), admitió que no tenían dinero suficiente para la megaobra, pero que se habían asociado con una empresa con sede en Estados Unidos con nombre Land Developers Group.
Tras la asociación de las empresas, la presidencia de la alianza la tomó Hector Briceño, quien respondió a El Espectador, “la situación económica del país y luego la pandemia terminaron de atrasar la construcción y culminación del proyecto” y que a eso se le sumó que “la gran mayoría de promitentes compradores dejaron de pagar y hasta la fecha actual siguen sin cumplir con los pagos”.
Briceño agregó que confirmó que iniciaron un “proceso de devolución para aquellos promitentes compradores con los que no pudimos llegar a ningún acuerdo” y que inicialmente pudieron “cumplir con muchos de estos pagos”, pero que “al momento de la paralización general de los pagos y luego la llegada de la pandemia, nos dejó sin liquidez para seguir cumpliendo con ellos”.
La nota agrega que dicha empresa cuenta con más de 175 quejas en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)y se ha mudado de oficinas en más de dos ocasiones.
Vea la nota completa en la edición web de El Espectador.
