En un paraje del sur de Nicaragua, detrás de enormes portones de madera corrediza, se esconde Guacalito de la Isla, un mega complejo turístico ubicado en una de las costas más bellas del pacífico nicaragüense: Costa Esmeralda. En ese lugar hasta hace poco más de dos años se hospedaban visitantes como el actor estadounidense Morgan Freeman.
Una villa completa dentro de Guacalito tiene un valor aproximado de dos millones de dólares, según información oficial de la empresa. En las 675 hectáreas de esta playa privada existen 600 terrenos, entre ellos villas, condominios y apartamentos, que rondan entre 350.000 dólares y 3.5 millones de dólares. Es un negocio de 1.000 millones de dólares que, por la Ley 306, de incentivos turísticos aplicada por el gobierno de Daniel Ortega, está exonerado de Impuestos por Transmisión de Bienes Inmuebles (IBI), es decir, por las transacciones de compra y venta de propiedades.
Según la Guía del Inversionista de ProNicaragua, la agencia oficial de inversiones del gobierno, estos favores son descritos como de “los más generosos y competitivos de la región”. Todo esto forma parte de un esquema más grande de exoneraciones dirigidas a los privados en distintas áreas de la economía como minería y textiles, y que el ejecutivo ha mantenido en la línea de un modelo que denomina de “diálogo y consenso”.
En Nicaragua las exoneraciones significaron entre 2010 y 2014 privilegios por el orden de 1.100 millones de dólares, equivalentes al 9,3 por ciento de toda la riqueza que generó el país en ese mismo período, según las cifras más actuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveladas durante 2015 en el libro Balance de la Ley de Concertación Tributaria del experto tributario centroamericano Julio Francisco Báez, miembro de la Academia de Ciencias en Nicaragua y ex profesor visitante de Harvard.
“Las exoneraciones deben tener vida efímera. No pueden ser eternas. Porque se trata de que incentiven, no que pasen incentivando todo el tiempo, porque entonces el incentivo se convierte en subsidio”, dijo Báez, lo que él considera que ha ocurrido en Nicaragua.
Para enfatizar su punto, Báez sostiene que la ley de los incentivos turísticos tiene 21 años de vigencia, lo que incluye los últimos 13 de la administración Ortega que promovió entre 2008 y 2018 la necesidad de un entendimiento con los empresarios en aras de lograr mejores índices de crecimiento económico, a pesar de las constantes denuncias de la sociedad civil por su carácter autoritario.
En esos años de acuerdo, desde el punto de vista económico, todo parecía ir viento en popa. Las tasas anuales de crecimiento en Nicaragua fueron del cinco por ciento del PIB hasta 2017, muy superior al promedio regional, lo que hizo que el modelo ganara adeptos tanto en el gobierno como en el sector empresarial, mientras otra parte de la sociedad denunció una suerte de complicidad de los empresarios con Ortega, validada por la conveniencia de hacer grandes negocios pese a las fragilidades institucionales.
Los empresarios en Nicaragua tuvieron incidencia directa en políticas públicas, integrándose en directivas de 43 instituciones estatales y acordando conjuntamente con el Parlamento, controlado por el oficialismo, 124 de las 326 normas aprobadas entre 2008 y 2018. Es decir, tuvieron incidencia en casi cuatro de cada diez leyes en ese período, mientras la oposición se fue debilitando.
Esa incidencia empresarial en las decisiones de Estado era motivo de orgullo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal del país centroamericano; tanto así que José Adán Aguerri, su presidente desde 2007 a septiembre de 2020, dijo el 14 de diciembre de 2017: “Hoy los temas económicos son consensuados con el sector privado, y de alguna manera esto tiene una enorme importancia que ha permitido que desde 2008, que teníamos un clima de negocio más negativo, hoy tengamos un clima de negocio más positivo”.
A cambio, el Estado garantizó durante la década cero huelgas a través del control de los sindicatos, y en la mesa multisectorial, donde se decide el aumento de salario cada dos años, los ajustes fueron menores al diez por ciento. De manera general, el gobierno generó otras oportunidades de negocios a partir del flujo crediticio de la cooperación venezolana: 3.721 millones de dólares entre 2007 y 2016. Una fortuna que manejó la familia presidencial, una parte de la cual se inyectó en la economía a través del sistema financiero.
Cuando Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, necesitaron el respaldo para reformar la constitución en 2013 y quitar la prohibición de la reelección, vigente desde 1995, los empresarios dieron su respaldo. En esas mismas modificaciones, los diputados citaron a Carlos Pellas, el propietario de Guacalito de la Isla, para incluir en la carta magna que “Nicaragua es el primer país que tiene como mandato institucional el modelo de alianzas, consultas y consensos” con el empresariado para tomar decisiones de políticas públicas.
El 13 de enero de 2013, el día que se inauguró Guacalito, con una inversión de 250 millones de dólares, Pellas aseguró que estaba “dando el ejemplo, invirtiendo en Nicaragua para que otros vengan y se entusiasmen”, y agregó que “es un país de los más seguro que existen, no solo en Centroamérica, sino en toda Latinoamérica y tenemos que hacer esfuerzos por comunicar más al mundo (esas ventajas)”.
El cuatro de septiembre de 2013, Ortega y Murillo recibieron a los más grandes capitales que trabajan en Nicaragua, entre ellos José Antonio Baltodano, Juan Bautista Sacasa, César Augusto Lacayo y también grandes inversionistas extranjeros. Al inicio, Ortega dijo que esta era la cuarta sesión de trabajo que hacían desde 2008. A la par del gobernante se encontraba Pellas, pero también el banquero nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, presidente del grupo Promerica.
Aquella noche, después de las palabras de Ortega, Ortiz dijo que el diálogo con el gobierno era “un milagro” para Nicaragua. Minutos después, Pellas, cuya familia fue confiscada en los años ochenta por el primer gobierno sandinista, se declaró “creyente de este proceso, que ha servido enormemente para reconciliar a la familia nicaragüense”.
La ruptura de este acuerdo ocurrió casi cinco años después, el 16 de abril de 2018, cuando el ejecutivo aprobó sin consultar al gran capital una reforma a la Seguridad Social que implicaba imponerles un cobro mayor a los empresarios por cada trabajador. Sin embargo, dos días después, cuando comenzó la represión contra los que protestaban por esta medida, según Aguerri, ellos se retiraron de “los espacios en los que estábamos sentados (instituciones públicas)”.
El 30 de mayo de 2018, la portada del diario local La Prensa abrió con una entrevista de Pellas, en la que dejaba su punto más claro: el “modelo que traía el país se agotó”. Su declaración se dio a las puertas de una de las marchas más grandes de la oposición. Enfático agregó que “hay que encontrar una salida ordenada que implique reformas que conlleven a un adelanto de elecciones”. De manera coordinada, Ortiz dijo que “no puede haber otra manera de salir de esta crisis que no sea a través de elecciones adelantadas”.
La intención de que la situación del gobierno con los empresarios regrese a como estaban antes de la crisis sigue siendo una propuesta estatal. El principal asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, anunció en el Canal VosTV, propiedad de Pellas, la voluntad estatal de sentarse este año con los sectores empresariales para revisar la reforma tributaria de la que se han quejado algunos presidentes de cámaras, mientras el sector privado aseguró el 20 de enero de 2020 que no habrá conversaciones en lo económico, mientras no se resuelva lo institucional. En cualquiera de los casos, el tema de las grandes exoneraciones sigue intacto.
La crisis de derechos humanos, causada por la represión del Estado a los opositores, significó una grave crisis económica. Hubo una caída en los ingresos de turismo que pasaron de 900 millones de dólares en 2017 a 515 millones dos años después, se sumaron las tensiones fiscales con decenas de empresas pequeñas y las ocupaciones de propiedades a Piero Coen, propietario de las operaciones de Western Union y que apoyó a los opositores en sus manifestaciones.
Pese a estas circunstancias adversas nacientes, sectores como el turismo, el minero y el financiero siguieron obteniendo beneficios en medio de la crisis, lo que les significó buenos números en sus resultados.
Las propiedades de Guacalito
Una muestra del auge y caída del turismo es Guacalito. Los videos de la página web muestran callecitas rodeadas de casas y villas de tres pisos, con áreas de estar, comedor al aire libre, jardín, una piscina y una terraza separada. Diseños inspirados en joyas arquitectónicas coloniales, con un verde entorno que se puede apreciar desde unas paredes de vidrio que se abren hacia un área de parrilla.
Se trata de propiedades de las más costosas de Nicaragua. El proyecto vende propiedades de hasta 3,5 millones de dólares, pero otras de menor valor se pueden cotizar en línea, a través de la agencia de bienes raíces Discover Real State, en la que se ofrece un apartamento de tres habitaciones en el condominio Las Terrazas, dentro de Guacalito, a un precio de 538.000 dólares. En otra página de Bienes Raíces, La Bolsanica, se cotiza una villa de 435 metros cuadrados a 675.000 dólares.
El efecto comercial que causa en las comunidades suelen ser parte de las justificaciones oficiales para las exoneraciones de grandes proyectos como estos. Igual los empleos indirectos y directos que generan, además de la calidad de los mismos.
El tema fiscal apunta sin embargo a un tratamiento especial en el sector turismo. Mientras un documento publicado por la Dirección General de Ingresos (DGI) el 13 de marzo de 2019 indica que las retenciones por la compra y la venta de propiedades, varían en dependencia del valor de las mismas, una revisión de la ley que rige en ese sector permite ver que las exoneraciones del pago de impuestos son generosas en el caso inmobiliario.
Por ejemplo, normalmente una casa valorada en más de 50.000 dólares paga el dos por ciento de retención por su valor, mientras que una propiedad de más de 500.000 dólares paga el siete por ciento. La lectura de la norma de turismo permite entender los generosos beneficios extraordinarios que reciben los empresarios del sector, un tema del cual ellos evitan usualmente dar declaraciones públicas.
Para este reportaje, por ejemplo, ni el gerente inmobiliario de Guacalito de la Isla respondió a una solicitud de entrevista realizada, a través de Celina Guzmán, encargada de comunicaciones, ni el vocero del Grupo Pellas, Ariel Granera.
Además de las exoneraciones por el negocio inmobiliario, los empresarios turísticos gozan de exenciones de impuestos sobre la renta de entre el 80 y 100 por ciento durante 10 años; exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el pago de servicios de diseño y construcción, y compra de materiales de construcción y accesorios para edificaciones; y si deciden reinvertir el 35 por ciento del valor de la inversión aprobada, todos estos beneficios pueden ser renovados por 10 años más.
Al llegar al complejo turístico, las instalaciones lucen cerradas y en el aeropuerto de Costa Esmeralda, ubicado a cinco millas de Guacalito de la Isla, del cual Pellas es dueño del 80 por ciento y el Estado del veinte, pudo apreciarse que las oficinas están abandonadas, aunque es frecuente la presencia de militares y policías alrededor. Un grupo de ellos tomó fotografías a finales de septiembre a nuestro equipo periodístico y al vehículo en que se trasladaba.
El auge de la banca
Desde que Ortega se sentó en la silla presidencial, los bancos han tenido crecimientos de sus depósitos de entre el 26 y el 167 por ciento, y algunos incrementaron sus activos en más del 300 por ciento. A la vez, es un sector que anualmente recauda más del 30 por ciento de los Impuestos de Valor Agregado (IVA) en el Presupuesto del Estado, el rubro de la economía que más aporta.
En 2010, la familia Pellas vendió el Banco de América Central (BAC) por 1.900 millones de dólares al empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento, fundador del grupo Aval en Colombia. Las relaciones de los empresarios con el poder político fueron vistas como un activo en esta negociación.
En una nota de Confidencial, fuentes vinculadas a este trato financiero relataron que para la venta del BAC, Pellas pretendió quedarse con el 10 por ciento de las acciones porque le ofrecía a su comprador una “línea directa” de contacto con Ortega. Sin embargo, “el magnate colombiano abrió una línea directa, al final compró la totalidad de las acciones, evidenciando que Pellas era prescindible en su operación”.
Aunque el BAC cambió de dueño, este banco siguió registrando los mejores números a nivel nacional. Según la Superintendencia de Bancos (Siboif), pasó de tener depósitos de 474 millones de dólares en 2007 a tener 1.270 millones de dólares en 2017. Es decir, un crecimiento de 167 por ciento en 10 años, el mayor en ese período, en el que sus activos totales se incrementaron en 396 por ciento.
La familia Pellas regresó al negocio financiero con la fundación del banco Avanz en 2018, mientras otros banqueros se consolidaron. La segunda institución financiera con cifras más destacadas fue el Banco de la Producción (Banpro) de Ramiro Ortiz Mayorga con un crecimiento de 113 por ciento de sus depósitos y sus activos totales crecieron 320 por ciento.
Aunque los ejecutivos de este sector suelen describir su éxito basado en decisiones adecuadas de colocación de créditos, expansión regional y talento humano, en Nicaragua el crecimiento de los bancos se asocia principalmente a las altas tasas de intereses con respecto a la región.
Según la secretaría ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, en enero de 2018 la tasa de interés activa, la que cobran los bancos por los créditos, era de 8,76 por ciento mensual, la segunda más alta de la región después de Costa Rica (10,13 por ciento). Dos años después las tasas se han elevado mucho más, hasta junio de este año la tasa subió a 9,68 por ciento, convirtiéndose en la más alta de Centroamérica, seguido por Panamá (8,30 por ciento). Esto ha generado que los bancos en Nicaragua también tengan los más altos porcentajes de rentabilidad de toda Centroamérica y República Dominicana.
Cuando Ortega llegó al poder en 2007, los índices de rentabilidad anuales eran del 15,4 por ciento, mientras que en 2016, en pleno funcionamiento del diálogo de consenso con los empresarios, este porcentaje llegó hasta 27,8 por ciento. Ninguno de los países de la región ha tenido este tipo de rendimiento en los últimos 13 años. El que más cerca estuvo fue Guatemala con 20,6 por ciento en 2016. A pesar de la crisis de 2018, la rentabilidad de los bancos nicaragüenses fue una de las tres mejores, según estadísticas del mismo Consejo Monetario.
En el período 2008 y 2012, el Banpro pasó de tener activos totales de 1.003 millones de dólares a 1.496 millones de dólares, convirtiéndose en el más poderoso de Nicaragua. Según los informes del mismo banco, este inició con activos de 8 millones de dólares en 1991, hasta llegar en 2017 a redondear activos de 2.185 millones de dólares. En un mensaje dirigido a sus accionistas, el empresario resumió su éxito por “la prudente administración de riesgos”. El punto central, sobre el aumento de los depósitos entre 2007 y 2017, no fue explicado por el gerente del grupo, Luis Rivas, a quien se le envió una solicitud en ocasión de esta investigación del especial #NicaraguaNoCalla.
Las operaciones bursátiles son otro indicativo con el cual se puede medir la estabilidad financiera. El gerente de la Bolsa de Valores de Nicaragua, Gerardo Argüello, dijo que en 2017 se transaron 1.500 millones de dólares. Sin embargo, a raíz de la crisis de 2018, con todo y que ofrecen los rendimientos más elevados de toda la región centroamericana, las transacciones bajaron hasta 250 millones de dólares. “La plata es bien cobarde, a pesar de que los rendimientos que se ofrecen en la Bolsa son altos, la gente sacó su plata de los bancos y de la bolsa por temor”, dijo.
La fuga de depósitos entre abril de 2018 y julio 2019 fue de 1.656 millones de dólares. A partir de agosto de ese año, sin embargo, se empezó a estabilizar sin que haya vuelto a la normalidad de años atrás. El país va de crisis en crisis.
La rentabilidad de las mineras
A pesar de la crisis económica en Nicaragua, la minería registra exportaciones de 408 millones de dólares en oro hasta agosto 2020, una cifra récord en los últimos 10 años en ese sector y se encuentra en el trono del resto de áreas de la economía local que reportan caídas en la actualidad. Sin embargo, lo que aportará por derechos de concesiones mineras son 15.8 millones de dólares este año, menos del uno por ciento de todo el Presupuesto, según los informes de ejecución de Hacienda.
Según Báez, la rentabilidad de la minería se debe a las ventajas fiscales que reciben las empresas. La exención del pago de impuestos a los inmuebles dentro del perímetro de concesión y tasa de cero por ciento aplicable a las exportaciones en general convierte el aporte tributario en “irrisorio”.
De acuerdo con datos del Centro de Trámite de Exportaciones (CETREX), las exportaciones de oro sumaron dos mil millones de dólares en los últimos cinco años, un período en que los presupuestos confirman que el Estado recibió por este rubro 62,3 millones de dólares en ese mismo período, es decir el 3,1 por ciento, uno de los aportes más bajos de todos los sectores de la economía.
En defensa de la industria, Omar Vega, un ingeniero que ocupa el cargo de gerente país de la trasnacional Calibre Mining, dueña de la concesión de Mina El Limón, ubicada en el occidente del país, señala en una entrevista por escrito con CONNECTAS a los empleos generados como algo positivo y dice que no sabe la cantidad de la contribución que aportan al presupuesto.
“Calibre genera un poco más de tres mil empleos dignos de manera directa e indirecta. Nuestras operaciones también aportan a la dinamización de la economía local en los municipios donde tenemos presencia y aportan con inversión social en proyectos específicamente de educación, salud y medios de vida. Todo esto en definitiva hace que la contribución de la empresa vaya más allá de solo el pago de impuestos”, dijo Vega en su respuesta escrita, en la que sostiene basado en un estudio del economista Néstor Avendaño, que, de cada 100 dólares generados, 73 quedan en el país a través de salarios, impuestos, consumo de electricidad, combustible, entre otros.
Paradójicamente a todos los beneficios laborales que los funcionarios de las mineras intentan proyectar, hasta agosto de este año, eran pocos los que gozaban de esos incentivos. Este sector tenía registrado a 4.802 empleados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el que menos trabajos formales de todos los sectores registra en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
El foco laboral sin embargo está lejos de la atención mediática. Según documentos de la misma minera, la empresa proyecta que pasarán de producir 12.871 onzas troy en 2018 a 62.500 onzas troy en 2020 pese a la crisis. Para lograrlo necesitan mantener la estabilidad. Esa tarea la hace el gobierno de Ortega.
Tres miembros de sindicatos de Calibre Mining dijeron que el ejecutivo es el mediador entre la empresa y ellos. En 2015, en Mina El Limón hubo enfrentamientos entre policías y trabajadores de la empresa, que provocaron la muerte de un oficial, porque los mineros pedían más beneficios que se negaban a otorgarles.
“Ahora tenemos el apoyo del gobierno: para que el personal no salga a hacer huelga, ellos (operadores del Frente Sandinista) buscan cómo resolvernos”, dijo Luis Ramos, secretario del sindicato Pedro Roque Blandón, el más grande, con 350 afiliados de los 550 trabajadores de la minera.
Sentado al frente unas banderas de Nicaragua y del Frente Sandinista, Carlos Urrutia Vega, secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros (SITRAM), dijo que los personeros del gobierno designados para mediar en los conflictos entre los trabajadores y las empresas son Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los operadores más cercanos de la pareja presidencial, y Roberto González, líder de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y exdiputado. “El gobierno siempre está resolviendo los conflictos”, destaca.
Hace algunos años, este hombre fue operador de palas subterráneas en Mina El Limón. Ahora, desde su oficina dice que los trabajadores tienen el convenio colectivo mejor pagado de toda Nicaragua, ya que reciben salarios que promedian 1400 dólares, desglosados en salarios bases que oscilan entre 12.000 y 19.000 córdobas (542 dólares), los 15 de cada mes reciben un pago extra por producción que en septiembre fue de 23.000 córdobas (657 dólares) a cada trabajador. Además, los 24 de cada mes reciben un bono de alimentos de 225 dólares y subsidios para las reparaciones de sus viviendas porque las explosiones en la mina desprenden los pisos y rajan las paredes. En esta mina, la empresa Calibre Minning subsidia los servicios de agua y luz eléctrica a todos los pobladores. “Estos beneficios los hemos obtenido porque el gobierno nos ha dado las condiciones para trabajar”, dice Urrutia.
Como Somoza
La alianza entre el sector público y privado es similar a la que tuvieron los empresarios con Anastasio Somoza García, quien gobernó el país entre 1937 y 1956. Ahora, muchos años después es repetido por Ortega, quien siendo un guerrillero ayudó a derrocar al último de la dinastía somocista en 1979.
El sociólogo e historiador Óscar René Vargas dijo que el acuerdo que hizo Somoza García con los empresarios fue uno de los elementos que le permitió permanecer en el poder. En enero de 1937, la familia Pellas, dueña del Ingenio San Antonio, pagó una página entera en un periódico para felicitar y reconocer al fundador de la dinastía como presidente de Nicaragua.
En agradecimiento, el mandatario emitió un decreto ejecutivo en el que les daba una serie de concesiones por 12 años, entre ellas excepción de impuestos fiscales, la libertad de uso de divisas en exportaciones e importaciones y descuentos en fletes del ferrocarril y el muellaje.
Vargas dice que la estrategia de Somoza García es la misma que tiene Ortega actualmente: “Plata para los aliados, palo para los indecisos y plomo para los enemigos. Sólo así puede consolidar su hegemonía política, económica y social”.
No en vano, la ruptura pública de la alianza con los empresarios se dio en 2018, cuando la población se manifestó en una serie de protestas pidiendo la renuncia de Ortega; pero, además, cuando el ejecutivo anunció una reforma a la seguridad social que aumentaba también la cuota del sector privado al INSS.
Pequeños empresarios han denunciado presiones fiscales y, el 31 de octubre de 2020, los presidentes de las Cámaras empresariales, Carmen Hilleprandt, de Comercio, y Marcos Pierson, de Industria, enviaron una carta al mandatario pidiéndole una reunión para revertir una reforma tributaria, dado que hay negocios a punto de quebrar.
Los empresarios se han quejado de la eliminación de listas para exoneración de diferentes impuestos en insumos nacionales e importados que han utilizado diferentes empresas, pues están aumentando sus costos de producción.
Aunque el nuevo presidente del Cosep, Michael Healy, un empresario que pertenece a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), dijo que la misiva no contó con el apoyo de todo el gremio empresarial, el pasado 14 de octubre él mismo pidió a Ortega “solucionar los problemas de los nicaragüenses”. Antes, en agosto, llamó a “estar listos ante un llamado eventual de un acuerdo político y económico” y ahora en enero de 2020 dijo que no conversarían sobre lo económico sin ver lo institucional.
La ACJD tiene en su consejo ejecutivo a siete empresarios, el segundo sector que tiene más representantes, sólo por detrás de los estudiantes, que cuentan con 12, y recientemente entraron en crisis, porque votaron por separarse de la Coalición Nacional que reunía hasta hace poco a movimientos sociales, intelectuales y universitarios.
El experto tributario Báez dijo que “los empresarios actualmente tienen una nostalgia de que revivan los intereses que tenían con el gobierno de Daniel Ortega, y que por la crisis de 2018, están moribundos o por morir”.
No se puede afirmar que el acuerdo de los empresarios con Ortega sea la causa directa de la represión, pero al sector privado le ha salido caro con la población mantener el modelo de diálogo y consenso. Hay sectores que cuestionan su pasividad.
En un barrio al norte de Managua, Nelson Lorío, padre de un niño de 14 meses asesinado por paramilitares en la crisis de 2018, tiene una opinión sobre el papel de los empresarios y asegura que “la economía se recupera, pero la vida de un hijo, nunca”. “Quisieron lavar sus caras con la sangre de nuestros hijos. No pudieron, porque al final sacaron su verdadero rostro: los intereses económicos”.
Desde 2018, los empresarios han llamado a paros en cuatro ocasiones. Un estudio de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estimó que cada uno significó pérdidas de 18 millones de dólares en la economía.
El economista Alejandro Aráuz cree que debería darse uno nuevo y que eso puede incidir. Aunque es imposible determinar si será así realmente, la demanda pone a prueba a un sector que ha intentado tomar distancia de su responsabilidad sobre el estado actual de la nación, escondido tras sus negocios.
#NicaraguaNoCalla es un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del país centroamericano. En un año electoral crucial, donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia, ofrecemos desde CONNECTAS este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con matices.
