El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, dijo este sábado que hará “lo mejor para el país hasta el final” al ser hoy destituido por el Parlamento tras haber decretado la ley marcial la semana pasada, lo que le deja a la espera de que el Constitucional ratifique o no su cese.
En un mensaje grabado en su residencia tras conocer que el Parlamento aprobó la moción para destituirlo, Yoon defendió una vez más su decisión de haber declarado el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y pidió al Gobierno que se ocupe con esmero de sus funciones, que han quedado en suspenso y han sido transferidas de manera interina al primer ministro, Han Duck-soo.
“Aunque estoy haciendo una pausa en este momento, el viaje que he emprendido en pos del futuro del pueblo durante los dos últimos dos años y medio no debería detenerse”, dijo el mandatario.
“Cargaré con todas las críticas, los ánimos y el apoyo que he recibido, y haré lo mejor para el país hasta el final”, añadió.
También instó a los dos principales partidos surcoreanos a evitar “las políticas imprudentes y beligerantes”.
En otra intervención grabada y emitida el pasado jueves Yoon aseguró que declaró la ley marcial para “salvar” la democracia en el país, según él, amenazada por los comportamientos antiestatales de la oposición, que tiene mayoría parlamentaria.
En tono desafiante, el mandatario afirmó que la decisión entra dentro “del ámbito de la autoridad ejecutiva” y “que no está sujeta a revisión judicial”, antes de añadir que luchará “hasta el último momento junto al pueblo” y que encarará “con confianza” los intentos por destituirlo y las investigaciones que pesan sobre él.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.
Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
El mandatario, que ha sido destituido con el apoyo de al menos 12 escaños de su propio partido, queda ahora a expensas de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si restituye a Yoon como presidente o si ratifica su cese, en cuyo caso habría que convocar elecciones anticipadas.
