El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afronta este viernes un juicio político que puede sacarlo del poder, en el marco de una crisis que mantiene al país en la incertidumbre en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y la recesión económica.
El popular mandatario corre el riesgo de ser cesado por el Congreso, a 10 meses del fin de su periodo, y tener un destino parecido al de su predecesor Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), quien tampoco pudo culminar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento.
Vizcarra quedó contra las cuerdas al ser acusado de instar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre los contratos de un cantante, según unos audios filtrados. Esto llevó al Congreso a abrirle un juicio de destitución por “incapacidad moral”.
“La rapidez con la que se ha hecho este proceso refleja una crisis de las instituciones, que desprestigia más ante la gente el sistema democrático”, dijo a la AFP el analista político Augusto Alvarez Rodrich.
Si es cesado, tomará las riendas del país el jefe del Congreso, Manuel Merino, un político de bajo perfil casi desconocido para los peruanos, tal como Vizcarra cuando juró como presidente el 23 de marzo de 2018, en medio de otra crisis política.
DEBATE Y VOTACIÓN
El presidente no ha confirmado si acudirá al Congreso a defenderse personalmente, pero designó al abogado Roberto Pereira como defensor.
La sesión plenaria que decidirá su futuro fue citada para horas de la mañana, una semana después de que el Parlamento aprobara sentarlo en el banquillo por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.
Tras los descargos, los legisladores sostendrán un debate antes de votar si sacan o no de la presidencia a este ingeniero provinciano de 57 años, sin lazos con la élite política y económica limeña.
Aunque los medios afirman que sus enemigos no cuentan con los 87 votos necesarios para destituirlo, nadie puede anticipar el resultado del juicio político, pues prácticamente ningún partido votará en bloque.
En esta pugna no hay diferencias ideológicas, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha, y tampoco está en discusión el manejo de los grandes problemas de Perú: la pandemia y la recesión.
Todo parece ser una mera lucha por el poder en la que el contrato del cantante es un pretexto, según analistas y ciudadanos de a pie.
“El grueso de la población básicamente quisiera pasar la página de este incidente”, declaró a la AFP el analista político José Carlos Requena.
El Tribunal Constitucional rechazó el jueves paralizar el juicio, pero accedió a clarificar -en unas diez semanas- los requisitos para que el Congreso declare la “incapacidad moral” de un presidente.
Vizcarra, quien carece de partido y de bancada, dijo el jueves que seguía “trabajando” a pesar de la incertidumbre sobre su futuro, porque “Perú no puede detenerse así tenga cuestiones políticas”.
El mandatario afirmó que existe un “complot contra la democracia” y que se metió en este embrollo por la “traición de alguien” de su “entorno cercano”, en alusión a la asistente que lo grabó subrepticiamente en su despacho.
A pesar de los comprometedores audios, ocho de cada diez peruanos quieren que Vizcarra continúe y, aunque el 41% considera “incorrecta” su conducta, no estima que sea “grave”, según una encuesta de la firma Ipsos.
“Los políticos deberían abocarse a otras cosas mucho más importantes, que es la situación económica y pandémica que se vive en la nación”, dijo a la AFP David González, trabajador independiente de 53 años.
“Es una estupidez lo que están haciendo ahorita” los políticos, indicó Cristián Zapata, comerciante de 29 años.
