Eran casi las 6 de la mañana del 9 de noviembre de 2020; Luis Vallejo recibió una llamada de un agente de la policía municipal. El uniformado le informó que acababan de encontrar “restos humanos” en el barrio Villa Salamanca 400 en Salamanca, una ciudad ubicada a 300 kilómetros al norte de la Ciudad de México.
Luis Vallejo es periodista para el medio local PuntoCero Noticias, donde cubre asuntos criminales. Ya estaba acostumbrado a recibir este tipo llamadas, pues los niveles de inseguridad y de violencia que azotan Guanajuato, un estado en el Centro de México, son más graves que nunca.
Para limitar los riesgos, los periodistas de esta región tratan de no llegar solos a las escenas de crimen. Luis Vallejo llamó a su amigo y colega Israel Vázquez, quien trabaja para el portal de noticias El Salmantino. Quería ir al lugar para verificar la información de su fuente policiaca, pero su amigo no contestó el teléfono.
Pasaron diez minutos sin respuesta, hasta que Luis Vallejo se trepó a su camioneta y manejó, solo, a Villa Salamanca 400. En el camino, observó una ambulancia que venía en sentido contrario. Cuando llegó, los vecinos ya rodeaban la escena del crimen. “Acaban de dispararle a Israel”, le dijeron.
“Se me bajó todo”, recuerda el periodista. Él e Israel eran amigos de muchos años. Vázquez era conocido por su trabajo riguroso y su energía contagiosa, que sirvieron como inspiración para que Vallejo se convirtiera en periodista.
Gracias a las narraciones de los testigos y al trabajo de la policía, Luis pudo reconstituir la sucesión de eventos y las últimas horas de su amigo. Israel llegó a la escena del crimen antes que la policía. Estaba a punto de realizar un enlace en vivo en Facebook, cuando al menos dos vehículos pasaron frente a él. Desde el interior, hombres armados le dispararon en al menos ocho ocasiones. Israel cayó al piso, donde los sicarios le dispararon otros tres balazos. La policía encontró casquillos de balas provenientes de dos pistolas: un 9 milímetros y un .45 ACP. Luis Vallejo fotografió una bala de calibre 5.56 NATO, fabricada en Estados Unidos, pero según él, el casquillo corresponde a un tiroteo ocurrido en el área unos días antes.
Cuando Luis Vallejo llegó al lugar del crimen, Israel Vázquez ya iba rumbo al hospital. Murió de sus heridas, escasas horas después. El reportero es el séptimo periodista asesinado este año en México, el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
El 15 de noviembre, la fiscalía del estado de Guanajuato anunció la detención de dos hombres por el asesinato de Israel. Según fuentes no oficiales citadas por un medio local, a la par de los arrestos, los policías encontraron y decomisaron un arsenal de armas de grueso calibre. Entre las armas confiscadas figuran un DPMS Sportical AR-15 hecho en Estados Unidos, un rifle de asalto israelí IWI Tavor 21, un rifle alemán Heckler & Koch H-416, y un Huglu XR 7, un arma de caza semiautomático proveniente de Turquía, de acuerdo con un análisis de Forbidden Stories.
La fiscalía estatal abrió una investigación por homicidio doloso y “crímenes cometidos contra un periodista por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión”.
Una ola de asesinatos de periodistas
El asesinato de Israel Vázquez marca el punto álgido de una secuencia particularmente letal para los periodistas en el país. Apenas siete días antes, el 2 de noviembre, Jesús Alfonso Piñuelas, fundador de los medios Zarathustra Press y El Shock de la Noticia, fue abatido mientras andaba en su moto en el estado de Sonora. Días antes, en Ciudad Juárez, el conductor de noticias Arturo Alba fue ejecutado cuando salía de sus oficinas.
Todos trabajaban sobre la corrupción y la delincuencia en estados mexicanos particularmente violentos. Todos, al igual que el 80% de periodistas asesinados en los últimos cuatro años, murieron por bala; un porcentaje que no dejó de aumentar con el tiempo, según un análisis de los últimos 20 años de informes del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
En asociación con Global Exchange, Stop US Arms to Mexico y otras organizaciones instaladas en Europa y en Israel, los periodistas de El Proyecto Caartel revelan los hallazgos de un informe inédito sobre las ventas de armas en México. Publicado hoy, este informe –basado en el análisis de miles de documentos desclasificados del Ejército mexicano–, evidencia el control insuficiente que existe sobre las ventas de armas en México. Desde Alemania, Bélgica o Italia, unas empresas venden armas y municiones por millones de euros a gobiernos estatales mexicanos señalados por su colusión con grupos criminales o por su horroroso historial en materia de derechos humanos.
Las reglas internacionales laxas sobre exportaciones de armas de fuego, sumadas a la impunidad que impera en México, hacen prácticamente imposible el ejercicio de rastrear el camino que siguieron las armas de fuego para llegar a los asesinatos de periodistas.
“Siempre más arriba que el gobierno”
En la cabañita de madera que usa como taller en las afueras de Culiacán –la capital del estado de Sinaloa–, Águila agarra una pistola Heckler & Koch, fabricada en Alemania. Es el modelo que prefiere. En el espacio, unas 12 armas sobresalen en medio de herramientas de trabajo, piezas de chatarra y una botella de cerveza.
Águila, como le llaman, se presenta como campesino y padre de familia, pero siempre trae consigo un walkie-talkie, que los integrantes del Cártel de Sinaloa utilizan para comunicarse de manera segura. Con orgullo, exhibe y describe todo su arsenal, un arma tras otra: tiene dos semiautomáticos AR-15 fabricados en Estados Unidos, una pistola italiana Pietro Beretta, un Izhmash AK-47 de Rusia, un rifle Winchester de calibre 22, también ruso, una pistola checa de calibre 40, una pistola Lama con chapa de oro de España, y un rifle manufacturado por una sociedad instalada en el estado de Massachusetts.
Águila explica a periodistas de El Proyecto Caartel que trabaja para el Cártel de Sinaloa como freelance. Los grupos criminales y los rancheros locales los visitan, a él y a su socio Búho –un hombre silencioso, vestido con un traje de camuflaje–, para reparar o modificar sus armas. Aquí, los rifles semiautomáticos se vuelven automáticos; los llaman “ráfaga”. Sustituyen unas piezas viejas, y agregan otras.
El Cártel de Sinaloa y los demás grupos criminales –que Águila prefiere llamar “mafia”–, consiguen las armas que quieren, ya sea a través del tráfico ilegal que entra a México por la frontera con Estados Unidos, pero también gracias a policías locales corruptos, quienes venden en el mercado negro las armas que decomisaron durante sus operativos. Esta situación ocurre en todo México, entre otros en Sinaloa, Guerrero y Guanajuato, dice Águila. “El cártel anda más arriba que el gobierno. Siempre tiene que andar más arriba”, explica.
Cárteles mexicanos, armas europeas
Muchas de las armas que terminan en las manos de las redes criminales fueron fabricadas por empresas europeas. Entre enero de 2010 y septiembre de 2019, mil 925 Beretta (Italia), mil 365 Romarn (Rumania), 700 Glock (Austria), 130 FN Herstal (Bélgica) y 57 Heckler & Koch (Alemania) armas con matrículas fueron encontradas en escenas de crimen en México, según documentos que recopiló la organización Stop US Arms.
El análisis de las redes sociales confirma de los cárteles por las armas europeas. Al examinar las imágenes del tiroteo que sucedió durante la detención frustrada del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en octubre de 2019, Forbidden Stories identificó varias armas de grueso calibre manufacturadas por negocios basados en Europa. Entre ellas: una ametralladora FN Minimi de Bélgica, un lanzacohetes M72-LAW –fabricado por una empresa que tiene sedes en Noruega y Arizona– y un AK-47 ruso. Entre las armas de los sicarios del cártel, el Servicio de Investigación sobre Armamento (ARES) también identificó pistolas Beretta y Glock, marcas de Italia y Austria, respectivamente.
En Sinaloa, Águila cuenta que el Minimi de FN Herstal se convirtió en una de las armas favoritas del cártel, al igual que las armas de grueso calibre producidas en Estados Unidos, como los fusiles de francotirador Barrett y los fusiles de asalto M16.
Otros cárteles también poseen armas extranjeras de uso exclusivo del Ejército. Imágenes del atentado supuestamente perpetrado en junio de 2020 por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush, muestran un rifle de asalto belga FN SCAR 17 en la caja de carga de una camioneta.
“Es absolutamente anormal ver esto”, explica Bart Libaut, un especialista belga en investigación open source, quien analizó a profundidad las redes sociales de organizaciones criminales mexicanas para El Proyecto Cartel. “Es material militar, nada menos”, dice.
Algunas de las armas europeas que inundan el mercado mexicano han sido utilizadas en asesinatos de periodistas mexicanos.
El cuerpo de José Armando Rodríguez Carreón, periodista para el Diario de Ciudad Juárez, fue acribillado con 10 balas de 9 milímetros en 2008. Según la extitular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el hombre fue asesinado con una pistola Beretta. El 3 de marzo de 2013, en Ojinaga –en el estado fronterizo de Chihuahua–, Jaime Guadalupe González Domínguez fue ultimado con un Five-SeveN, una pistola de la empresa belga FN Herstal, mejor conocida por su apodo de “mata-policías”. Según recortes de prensa publicados después del asesinato, los sicarios le dispararon en 18 ocasiones.
Legal pero letal
La ola de asesinatos de periodistas se produce en el contexto general del aumento de la violencia en México, que muchos atribuyen –o al menos en parte– a la política de seguridad del gobierno. Desde mediados de los 2000, las autoridades mexicanas compraron armas de grueso calibre al por mayor. Esta militarización solo agravó la situación, pues detonó una carrera armamentista con los cárteles, según numerosos observadores.
Es muy probable que una parte de las armas vendidas de manera legal a las autoridades mexicanas fue usada contra defensores de derechos humanos, periodistas y civiles, según el reporte que se publica hoy.
Gracias a la organización militante Stop US Arms To Mexico, Forbidden Stories consultó miles de documentos desclasificados sobre las adquisiciones de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que realiza todas las compras en el extranjero, incluso para los 32 estados del país.
De acuerdo con estos documentos, al menos 108 mil armas de Beretta (Italia), 68 mil Glock (Austria), 24 mil IWI (Israel), 19 mil Heckler & Koch (Alemania) y mil FN Herstal (Bélgica) fueron vendidas a policías estatales y municipales en México entre 2006 y 2018.
Los documentos militares desclasificados muestran que miles de armas europeas fueron vendidas de manera totalmente legal a estados con historiales muy cuestionados en materia de violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y colusión con organizaciones criminales.
Según las organizaciones que publican el informe “Deadly Trade”, algunas empresas europeas pudieron eludir las reglas europeas que les obliga a firmar Certificados de Usuario Final –End-User Certificate, en inglés–, un documento vinculante jurídicamente a través del cual deben precisar quiénes son los destinatarios finales de todas sus exportaciones.
Entre 2008 y 2018, el Ejército mexicano vendió 205 mil 395 armas de fuego europeas e israelíes a policías locales, y los documentos obtenidos por Stop US Arms muestran que apenas 44 mil 293 armas fueron respaldadas con certificados.
Respecto a las mil 64 armas de fuego FN Herstal vendidas a las policías mexicanas entre 2009 y 2013, la Sedena entregó apenas 847 Certificados de Usuario Final. Según documentos obtenidos en el marco de esta investigación, la Sedena no emitió ningún certificado relativo a la empresa Beretta entre 2013 y 2019, y ello a pesar de que, durante este periodo, el Ejército mexicano vendió por lo menos 28 mil 156 armas Beretta a distintos estados, de acuerdo con el informe de las organizaciones, que desmenuzaron los recibos y facturas de la Sedena.
Veracruz es el estado mexicano más letal para los periodistas. Durante los casi seis años de mandato del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, la población sufrió redadas de “escuadrones de la muerte”, formados en la academia de policía del estado. Las organizaciones registraron al menos 15 casos probados de ejecuciones perpetradas con la complicidad de las autoridades.
“Durante mi trabajo, he visto gobernadores involucrados en casos de desvío de dinero y de violencia, pero (Duarte) estuvo por encima de todos », dice un ex alto mando de la Agencia Antidrogas (DEA), quien trabajó durante años en México.
Los certificados de Usuario Final que entregó la Sedena muestran que Benelli −una empresa italiana fabricante del grupo Beretta−, FN Herstal en Bélgica y Glock en Austria, figuran entre las empresas que vendieron armas y municiones al estado de Veracruz durante este periodo, con pleno conocimiento de lo que sucedía ahí. La policía de Veracruz también compró al menos 8 mil 219 pistolas, fusiles y rifles Beretta entre 2006 y 2018, aunque en estos casos no aparece ningún certificado.
Entre 2010 y 2016, la policía de Veracruz fue acusada en al menos 202 quejas por desapariciones forzadas, entre ellas la desaparición y el presunto asesinato de Christián Téllez Padilla. Diez años después del suceso, la ONU señaló al Estado mexicano como responsable de este asesinato. La policía de Veracruz también estuvo implicada en la desaparición de cinco estudiantes en 2016; los habría entregado a integrantes del cártel de los Zetas.
“En la mayoría de nuestras investigaciones sobre desapariciones forzadas, existe una colusión entre las autoridades del Estado y el crimen organizado, y hay intercambios de armas entre ambos”, explica Erika Guevara-Rosas, directora del programa Américas en Amnistía Internacional.
Otros estados tristemente famosos por sus resultados catastróficos en materia de derechos humanos y de corrupción, como Guerrero, Tamaulipas o Chihuahua, también pudieron comprar armas europeas en total apego a la ley. Las empresas saben perfectamente que sus armas terminan ahí, acusa John Lindsay-Poland, el director de Stop US Arms to Mexico. “Según nosotros, son culpables”, dice.
Implicada en la desaparición forzada de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, la policía de este municipio del estado de Guerrero contaba con armas fabricadas en el extranjero, entre ellas Heckler & Koch y Beretta. Un análisis químico de las armas que usó la policía, realizado tres días después de la desaparición forzada, confirma que al menos siete armas de fuego de Heckler & Koch y 19 de Beretta habían sido usadas en fechas recientes.
Los fabricantes europeos no son los únicos señalados en el reporte. Empresas israelíes, entre ellas la compañía IWI, enviaron armas de fuego en varias ocasiones a Guerrero, como en marzo de 2015, apenas seis meses después de que la policía de Iguala perpetrara la desaparición forzada de los estudiantes.
“Todas la actividades de exportación de IWI en materia de Defensa están apegadas a las reglas de exportación vigentes en Israel, y se llevan a cabo a través de licencias de exportación y de comercialización apropiadas, como lo exige la ley”, contestó un vocero de IWI a Forbidden Stories. El ministerio de la defensa de Israel no quiso contestar a una entrevista; citó las leyes israelíes en materia de control de las exportaciones, que prohíben la divulgación de información sobre exportaciones de carácter militar.
Un problema institucional
En México, las violaciones a los derechos humanos siempre apuntan a los gobiernos locales, pero también a todos los niveles del Ejército y de la policía. Entre finales de 2006 y 2013, Human Rights Watch documentó 249 desapariciones en México. En 149 casos –es decir, más de la mitad–, la organización encontró “evidencias irrefutables que actores estatales participaron en el crimen, ya sea actuando por su cuenta, o colaborando con grupos criminales”. Ello incluye, añadió, todos los escalones de las fuerzas de seguridad: la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), así como las policías Federal, Estatal y Municipal.
La organización “Mexico Resource Project” estima que cerca de la mitad de las amenazas contra periodistas viene de autoridades, y solamente 5% de los grupos criminales. A pesar de ello, las mismas autoridades tienen un acceso casi ilimitado y descontrolado a las armas y las municiones.
Cerca de las tres cuartas partes de las 204 “violaciones graves a derechos humanos” analizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre enero de 2007 y junio de 2017 fueron perpetradas por la Sedena y la Marina, según el reporte Deadly Trade publicado hoy. El Ejército centraliza todas las importaciones de armas en el país, incluyendo las que son destinadas a las policías locales y federales.
Tan solo en el estado de Jalisco, se reportaron más de 350 quejas por violaciones a los derechos humanos contra el Ejército entre 2006 y 2017; una de ellas por la presunta desaparición forzada de seis personas en Jilotlán de los Dolores, en 2010.
En octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa del presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos por tráfico de droga y lavado de dinero. A la sorpresa general, el gobierno estadounidense de Donald Trump abandonó los cargos unas semanas después, y entregó el militar a las autoridades mexicanas, en libertad. Durante los seis años de Cienfuegos al frente del Ejército, la Sedena vendió más de 100 mil armas a las policías.
“La Sedena concentra un poder enorme sobre las armas de fuego en México: las adquiere e importa, las produce, las utiliza en operativos, las vende a las policías, las vende a ciudadanos, pero también decomisa las armas ilegales, lleva un registro de las armas y entrega los permisos”, explica John Lindsay-Poland. “Cuando algún integrante de la cúpula está involucrado con el crimen organizado, el problema es institucional”, añade.
La SEDENA no respondió a las preguntas enviadas por Forbidden Stories y sus socios.
Extraviadas y robadas
Es latente el riesgo de que las armas vendidas legalmente a las policías estatales y municipales terminen en redes criminales. Entre 2000 y 2015, más de 20 mil armas se esfumaron de los almacenes de las policías federal, estatales y municipales, ya sea porque fueron extraviadas o robadas, según indicó la Sedena en respuesta a una solicitud de información. Entre 2006 y 2017, las instancias de seguridad de Guerrero y Tamaulipas −dos de las entidades más violentas del país− perdieron 20% y 10% de sus armas, respectivamente. Otros estados con un historial de complicidad con los cárteles, de asesinatos de periodistas y de desapariciones forzadas, como Veracruz, Jalisco y Sinaloa, perdieron alrededor del 5% de sus armas durante este periodo, equivalente a cientos de herramientas letales.
Parte de las armas extraviadas o robadas terminan probablemente en las manos de los cárteles y de las redes criminales. “Aquí en México es súper fácil conseguir un arma”, narra Vania Pigeonutt, cofundadora de Matar a Nadie, y periodista que ha trabajado en el estado de Guerrero. “El mismo Ejército, la misma policía, te puede vender un arma”.
Se supone que la Sedena no puede vender a un estado un número de armas superior al de los policías, explica Lucía Chávez, investigadora en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “Lo que nos ha dicho la Sedena en el marco de la Alianza por un Gobierno Abierto es que en realidad no hay una consecuencia para los policías que pierden o les roban un arma”.
Negocio rentable e intocable
Durante ese tiempo, las transnacionales europeas del armamento amasan millones de euros de la sed del Ejército mexicano por conseguir armas y municiones cada vez más sofisticadas.
Según datos comerciales consultados por Forbidden Stories, entre abril de 2015 y abril de 2020, la empresa belga FN Herstal, propiedad del gobierno de Valonia, envió 54 cargamentos a México, por un valor total que ronda los 50 millones de dólares.
“Si comparamos la curva de las tasas de homicidios en México con las de las licencias aprobadas en Bélgica, vemos que ambas coinciden de manera evidente”, explica Mattijs van den Bussche, integrante de la organización belga Vredesactie, que milita contra la violencia y las armas. “Ello no quiere decir que las armas belgas explican la tasa de homicidio, pero muestra por lo menos que los gobiernos belga y valón no toman en cuenta el contexto de inseguridad en México”.
Contactado por Forbidden Stories, un representante de FN Herstal dijo que la política de la empresa no le autoriza comunicar con la prensa, pero que la compañía refrenda el “respeto estricto y a la aplicación de las reglamentaciones en materia de control de exportaciones que se aplican en el marco del ejercicio de su actividad”.
Beretta, en Italia, ha exportado por más de 50 millones de euros de armas a México entre 2007 y 2018, entre ellos rifles de asalto automáticos SCP 70/90, rifles de asalto ARX 160 y lanzagranadas GLX 160.
Italia figura entre los países europeos regulados por las exigencias más estrictas en materia de exportación de armas de fuego y otras armas militares convencionales. El país firmó el tratado internacional sobre comercio de armas de 2013, y ratificó la postura común 2008/944 PESC de la Unión Europea, que regula las exportaciones internacionales de armas y prohíbe el otorgamiento de licencias en el caso de que las armas vendidas pudieran ser usadas en un contexto de represión doméstica, o de violación del derecho humanitario internacional.
No obstante, como México no entra en la lista de países inmersos en un conflicto armado, las exportaciones casi siempre reciben luz verde, según Giorgio Beretta, un experto en el Observatorio Permanente sobre Armas Ligeras (OPAL). Explica que la UAMA −la autoridad italiana que vigila las exportaciones− nunca hizo públicas las exportaciones que rechazó, ya sea hacia México o hacia otro destino. “Como la UAMA tiene un enfoque legalista [...] tiende a tomar en cuenta los riesgos pero, al ser contactado por Forbidden Stories y sus socios, Elio Di Rupo, el Ministro-Presidente de Valonia, no quiso dar una entrevista. Un portavoz afirmó en un correo electrónico que “desde 2014, a raíz de la participación de la policía mexicana en el asesinato de 43 estudiantes, las licencias de exportación sólo se otorgaron al Ejército mexicano y no a la policía”.
Añadió que la oficina del Ministro-Presidente está “particularmente atenta” a las licencias de armas enviadas a México.
La UAMA nunca contestó a nuestras reiteradas solicitudes de entrevista.
“Lamentamos informarles que no estamos interesados en la publicación de entrevistas y/o comentarios sobre este tema”, escribió por su parte un representante de Beretta, en respuesta a Forbidden Stories y los medios socios.
Incluso países que venden relativamente pocas armas a América Latina, como Reino Unido, aumentaron sus exportaciones a México en los últimos 15 años. Según las estadísticas de la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT, por sus siglas en inglés), una asociación basada en Reino Unido y que milita para prohibir el comercio de armas, las licencias británicas de exportación hacia México pasaron de 58 en 2008 a 350 en 2017. México forma parte de la lista de “países prioritarios para las exportaciones de armas” de Reino Unido. A principios de 2015, apenas unos meses después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Guerrero, el embajador de Reino Unido en México declaró a un periodista del Guardian: “A largo plazo, aspiramos a convertirnos en un actor de las adquisiciones militares de México”.
Ante la promulgación de leyes europeas más estrictas sobre las exportaciones, algunas empresas del Viejo Continente adoptaron una estrategia más agresiva: trasladaron sus fábricas a Estados Unidos. En 2020, la empresa alemana Sig Sauer vendió más de 50 mil pistolas ensambladas en una fábrica de New Hampshire a la recién creada Guardia Nacional mexicana. La empresa ya había enviado más de 10 mil pistolas de Estados Unidos a la policía mexicana entre 2011 y 2019, según los certificados de usuario final entregados al Departamento de Estado estadounidense.
Sig Sauer, Glock y IWI exportaron armas al Ejército mexicano desde sus filiales en Estados Unidos, según documentos del Departamento de Estado que consultó Stop US Arms.
Una frontera porosa
Todas las empresas internacionales que venden armas a México, entre ellos Beretta, Glock, FN Herstal e IWI, también distribuyen armas en Estados Unidos, la principal fuente del tráfico de armas ilegales hacia México. Muchas de ellas crearon filiales que manufacturan armas destinadas a los consumidores de ese país, como FN America e IWI US.
Las estimaciones respecto al número de armas de fuego que atraviesan ilegalmente la frontera de Estados Unidos hacia México varían, pero la cifra real podría alcanzar 213 mil anuales, según diversas fuentes. Esto es, cerca de 25 armas por hora.
La proporción de armas de grueso calibre y de tipo militar que atraviesan la frontera aumentó a partir de 2004 –durante el segundo mandato de George W. Bush–, cuando el Congreso estadounidense decidió que no reconduciría una ley de 1994 que prohibía la venta de rifles de asalto, explica Cecilia Farfán Méndez, cofundadora del proyecto Mexico Violence Resource Project.
Las autoridades mexicanas insisten en que la mayoría de las armas europeas que se trafican a través de la frontera y que terminan en manos de los cárteles se venden primero en los Estados Unidos, según un alto funcionario de la oficina del Secretario de Relaciones Exteriores de México.
“En México, hay armas ilegales que provienen de los Estados Unidos con una patente europea”, dijo el funcionario.
A menudo, el escenario se repite: un testaferro compra armas automáticas y semiautomáticas de manera legal en una tienda de armas en Estados Unidos y cruza la frontera a pie, en carro o avión. Un vaivén al que los agentes estadounidenses y mexicanos llaman “tráfico hormiga”, en referencia a la escasa cantidad de armas que transita en cada cruce.
Los datos del ATF −la agencia gubernamental que supervisa el tráfico de armas en Estados Unidos− sugieren que, entre 2014 y 2019, alrededor del 70% de las armas encontradas en escenas de crimen en México provenía de Estados Unidos. Sin embargo, antes de ser traficadas a través de la frontera, muchas de ellas fueron primero importadas a Estados Unidos por empresas transnacionales.
El think tank Violence Policy Center identificó más de 3 mil 200 armas que fueron importadas a Estados Unidos y posteriormente confiscadas en intentos de pasarlas ilegalmente a México. El dato sugiere que el número real de armas europeas que circula en las redes criminales de México resulta mucho mayor al que pensamos.
Cerca del 10% de las armas que aparecen en los datos del Violence Policy Center −a los que Forbidden Stories tuvo acceso− proviene de una misma empresa: FN Herstal. Cientas más fueron producidas en Europa, por las empresas Romarm en Rumania, Glock en Austria e Izhmash en Rusia, entre otras.
Los modelos de armas baratas de tipo AK, como el WASR-10 ensamblado en Rumania, son particularmente populares en los cárteles mexicanos, según Kristen Rand, investigadora en el Violence Policy Center. A pesar de ello, estas armas siguen llegando a Estados Unidos con pocas restricciones, gracias a un vacío en la ley que permite importarlas como si fueran un equipo de caza deportiva, y no como armas militares.
“Esta industria desregulada y fuera de control provoca estragos en nuestro país vecino”, deplora la investigadora. “Las organizaciones del narcotráfico pueden retar la autoridad del gobierno mexicano porque son capaces de conseguir todas las armas que necesiten”.
Pese a los avances, reina la impunidad
Según Thomas Chittum, agente en la ATF, el gobierno de Estados Unidos está desplegando esfuerzos no vistos en los últimos 10 años para luchar contra el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos.
En septiembre de 2020, los legisladores de la Unión Europea publicaron un informe sobre la política europea en materia de comercio de armas, en el cual exhortaron a implementar una mejor coordinación en la identificación de los usuarios finales y en los controles posteriores al envío.
Para los periodistas y defensores de derechos humanos en México, el problema principal sigue siendo la ausencia de investigaciones sobre los asesinatos y las desapariciones.
El tema de las armas de fuego pasa al “segundo plano” en comparación con la impunidad, explica Vania Pigeonutt, de Matar a Nadie. “Puede ser un calibre 22, puede ser con un cuerno de chivo, puede ser un AR15, muchas pistolas, pero el resultado para nosotros es que no hay una investigación, no sabemos ni quién dio la orden”.
Apenas el 6% de los homicidios perpetrados en México entre 2010 y 2016 ha sido resuelto. En materia de asesinatos de periodistas, la cifra es apenas superior: un 10% aproximadamente. Las investigaciones sobre el tráfico de armas en México también son escasas. Entre 2010 y 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) solo concluyó 122 investigaciones, según indicó en respuesta a una solicitud de transparencia. Inició otras 539 entre enero de 2016 y mayo de 2020.
Pese a la detención de dos presuntos sicarios en Guanajuato, los periodistas que trabajan en ese estado siguen exigiendo una mayor claridad sobre las circunstancias del asesinato de Israel Vázquez, así como sobre la identidad de los autores intelectuales del crimen, y sobre las armas usadas en el homicidio.
Durante los días posteriores al asesinato del periodista, varias manifestaciones se sucedieron en Salamanca. La reacción del gobierno sólo agravó la situación: echó la responsabilidad sobre Israel Vázquez, al que acusó de haberse arriesgado.
Por momentos, la tristeza quiebra la voz de Luis Vallejo. El periodista respira hondo, y suelta: “El pueblo de Salamanca quiere que se haga justicia por Israel, por la pérdida que dejó como hermano, hijo, padre y amigo. No queremos que sea una carpeta de investigación más”.
Traducción: Mathieu Tourlière
