Costa Rica busca una salida a su severa crisis fiscal mediante un diálogo nacional entre todos los sectores del país, en medio de tropiezos tras el colapso de la primera convocatoria a una negociación amplia.
El mandatario Carlos Alvarado y el presidente del Legislativo Eduardo Cruickshank, llamaron nuevamente al diálogo nacional “multisectorial” para discutir una salida a la crisis financiera, en medio de una ola de bloqueos de carreteras que se extendió por dos semanas.
Las protestas, convocadas por el autodenominado Movimiento Rescate Nacional, estallaron en rechazo a una propuesta inicial del gobierno para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), criticado por enfatizar impuestos temporales en lugar de cortar gastos.
El llamado a diálogo presentado por los presidentes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo colapsó luego de que la tarde del jueves la principal cámara empresarial del país se negó a participar, alegando que el sector privado tenía muy poca representatividad en el proceso.
Pero el gobierno no desistió de su intento de negociar una salida a la crisis.
“Nuestra convocatoria sigue abierta porque Costa Rica necesita dialogar para resolver la emergencia fiscal”, declararon Alvarado y Cruickshank en un comunicado tras la fallida convocatoria inicial, que incluía a empresarios, sindicatos, cooperativas e iglesias, entre otros.
“Trabajaremos en las próximas horas y días de manera multisectorial para alcanzar la mejor fórmula que permita concretar el diálogo”, agregaron los dos jerarcas, sin arriesgar fechas.
CRISIS
Costa Rica planteó negociar un acuerdo con el FMI para atender un déficit fiscal que arrastra desde hace más de una década, que en 2019 alcanzó 6% del PIB y que el gobierno proyecta en 9.3% del PIB para este año, por el impacto de la Covid-19.
El parlamento aprobó en 2018 una reforma fiscal, que incluyó nuevos impuestos, para contener el déficit gradualmente, pero el impacto de la pandemia dio al traste con el esfuerzo.
El analista político independiente Jorge Vega destacó que el diálogo aparece como la salida para buscar acuerdos para un gobierno sin fuerza legislativa, con apenas nueve diputados de 57, el número más bajo de la historia del país.
“Donde se puede tomar decisiones importantes es en el parlamento, y es donde el gobierno tiene menos fuerza. Eso condiciona la capacidad del gobierno para dar respuesta a las demandas ciudadanas”, explicó Vega.
La debilidad del Ejecutivo se hizo evidente cuando en setiembre presentó su propuesta de acuerdo con el FMI en busca de un crédito por 1,750 millones de dólares, con una serie de nuevos impuestos temporales como principal ingrediente.
Su propuesta generó amplio rechazo general entre las fuerzas políticas del legislativo y desató una airada reacción de movimientos sociales que bloquearon calles.
“El espacio para buscar acuerdos es limitado y el gobierno se ve cada vez más solo”, enfatizó Vega.
El analista destacó la disposición del presidente del Legislativo Cruickshank, del opositor partido Restauración Nacional (evangélico) de apoyar el llamado al diálogo multisectorial.
El proceso sería coordinado por el Programa Estado de la Nación, un organismo académico ligado a las universidades estatales, cuyo director, Jorge Vargas, planteó la metodología del diálogo que iba a comenzar este sábado.
Tras el colapso del proceso, Vargas consideró necesario aprovechar la disposición de la mayoría de los sectores de participar en la búsqueda de una solución a la emergencia fiscal.
“No hay que anular la convocatoria”, sostuvo Vargas Cullel el jueves al anunciar que no había prosperado el proceso de negociación que organizó.
“La convocatoria conjunta a un diálogo urgente sigue abierta, el país necesita resolver la emergencia fiscal”, expresó Vargas.
