La Defensoría del Pueblo informó este martes que no se logró concretar un “diálogo” para solucionar el conflicto por la sede privada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), luego de que una activista española de 84 años se instalara en el techo del predio desde hace más de una semana en un intento de retomar la institución.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, indicó que desde el pasado 2 de junio esa instancia realizó 40 acciones, entre visitas médicas, requerimientos de informes, restablecimiento de servicios básicos, entre otros, para “viabilizar una solución” a esta situación.
Entre las últimas acciones del defensor está la solicitud de un informe a un juez que emitió un fallo a favor de Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb, así como una resolución en la que se exige la “atención a recomendaciones para precautelar la salud y la vida de las partes”.
La activista hacía desde el pasado 2 de junio una vigilia en la puerta posterior del edificio de la Apdhb en La Paz y la semana pasada decidió trepar hasta la terraza del lugar para recuperar el edificio que fue ocupado hace más de un mes por un grupo afín al Gobierno de Luis Arce.
El conflicto es entre las facciones de Carvajal y Édgar Salazar, un activista boliviano señalado por tener afinidad con el oficialismo, que asevera que tiene los derechos sobre el inmueble y la representación legal de la institución, porque fue elegido en diciembre de 2021, una elección desconocida por los sectores que apoyan a la española.
Tanto la presidencia de la Apdhb, entidad privada que fue constituida en 1976, como su sede están en disputa entre Carvajal, quien la dirige desde 2016, y Salazar.
El defensor sostuvo que no se logró concretar un “diálogo” entre ambas partes porque “aparentemente la posesión del inmueble se encuentra como un interés superior a la vida y la salud de las personas” y aseguró que priorizar el predio de la Apdhb es una actitud que “no se puede naturalizar”.
Callisaya pidió a las instituciones del Estado que “garanticen la salud de Amparo Carvajal, por ser una persona adulta mayor y defensora de los derechos humanos”.
Además, señaló que se envió un memorial a un juez en La Paz para que “disponga la ejecución del fallo que emitió la semana pasada” para resguardar los derechos humanos de la activista española.
La activista ha denunciado que no tiene acceso a servicios básicos como el uso de un baño y en varias oportunidades han intentado revisarla médicos pero ella se ha negado, según indicó el defensor.
