Cerca de 10,000 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad de Ecuador en los últimos 47 días de vigencia del estado de excepción y “conflicto armado interno”, declarados a inicios de año por el presidente Daniel Noboa contra la violencia desatada por bandas del crimen a escala nacional.
Así lo reveló el llamado Eje de Seguridad (integrado por autoridades militares, policiales y del Gobierno), en el último informe diario sobre el resultado de las 123,707 operaciones ejecutadas durante el periodo de excepción.
En total se han detenido a 9,913 personas, 258 de ellas bajo cargos de terrorismo, indicó la fuente al precisar que en las operaciones se han abatido a nueve sujetos identificados como “terroristas”.
En los operativos conjuntos, militares y policías han decomisado 2,962 armas de fuego, 19,916 explosivos, 202,836 balas, 1,333 cargadores de balas y 4,157 armas blancas.
También se han incautado 979 vehículos, 1,126 motocicletas y 28 embarcaciones, además de 253,460,14 dólares y 87,788 galones de combustible (unos 332,295 litros).
La estadística precisa que en las operaciones conjuntas han fallecido tres agentes de la Policía en el cumplimiento de su deber y no se han registrado bajas en las filas castrenses.
Las operaciones conjuntas entre policías y militares obedecen a la aplicación del estado de excepción y “conflicto armado interno”, decretados por el Gobierno para atajar la extrema violencia desatada por grupos de delincuencia organizada a comienzos de año.
Al declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”.
Al ubicar a esos grupos como beligerantes, el Ejecutivo abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas junto con la Policía actúen con todos sus recursos para neutralizar a las bandas criminales.
La espiral de violencia se desató justo después de que el presidente Noboa anunciara su decisión de poner en marcha su ‘Plan Fénix’, con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Esa violencia también se trasladó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en 2023.
