Estados Unidos aconsejó una vez más tener cautela al invertir en Nicaragua. En su informe sobre el Clima de Inversión 2024, enumeró entre otros peligros la ausencia de: Estado de derecho, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. También, riesgos por regulaciones arbitrarias, y encarcelamiento y confiscación por supuestas deudas de impuestos, calculadas arbitrariamente, que pueden incluso llevar a la quiebra a las empresas.
Además, señaló que sin conexión directa con el círculo de poder es difícil que los extranjeros hagan negocios, ya que todas las decisiones están centralizadas en el Ejecutivo.
“Varias grandes empresas, incluidas algunas empresas y franquicias estadounidenses, han disputado sus obligaciones tributarias con el Estado nicaragüense, lo que a menudo resulta en resultados negativos para las empresas. Las autoridades nicaragüenses calculan el Impuesto Sobre la Renta (IR), sobre la base de los ingresos brutos en lugar de las ganancias netas, como lo establece la ley. Estas acciones resultaron en facturas tributarias multimillonarias que de imponerse, podrían obligar al cierre de estas empresas”, dice el informe.
Y añade que “las autoridades fiscales han confiscado propiedades tras facturas fiscales supuestamente arbitrarias y han encarcelado a personas sin el debido proceso hasta que se negociaron y pagaron los impuestos. Las multas arbitrarias y las inspecciones aduaneras perjudican a las empresas que utilizan o venden productos importados.
Pese a que desde hace varios años Estados Unidos viene haciendo esta advertencia, ese país sigue siendo la principal fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) en Nicaragua.
Confiscaron por deuda de impuestos
El informe asegura que estos problemas fiscales han afectado a las empresas estadounidenses y a las empresas propiedad de ciudadanos estadounidenses, pero no menciona a ninguna. Además, en Nicaragua ante el terrorismo fiscal que enfrentan las empresas, los dueños ni siquiera se atreven a denunciar estos cobros arbitrarios, ya que temen ser encarcelados o confiscados.
Sin embargo, circunstancias muy particulares han sacado a la luz algunos de esos casos, los más conocidos son los de la multinacional Mercon Coffee Group, que tenía su sede en Países Bajos y el de la nicaragüense Corporación Agrícola SA (AgriCorp).
A Mercon, tras acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos, le cobraron a través de sus filiales en Nicaragua, Cisa Exportadora y Mercapital, $30 millones en supuestos impuestos atrasados, que la empresa negó. Y aunque el Grupo intentó llegar a un arreglo de pago, el Estado intervino las empresas y se quedó con todos sus activos, sin importarle que el banco holandés Rabobank los tenía en garantía.
Tampoco tomó en cuenta que dicha empresa acopiaba, procesaba y exportaba alrededor de la mitad de cada cosecha de café, por lo que las exportaciones del grano resultaron afectadas.
Empresas con pérdidas por cobros
Esta “confiscación” disfrazada de intervención dejó a Nicaragua fuera del proceso de restructuración de deuda bajo la protección del capítulo 11 y evitó que cuatro bancos nicaragüenses, entre ellos el estatal Produzcamos, recuperaran unos $30 millones que el Grupo les debe. Además, según abogados internacionales, Rabobank está en su derecho de demandar al Estado para reclamar sus bienes.
El otro caso es el de Agricorp y tomó relevancia porque al financiarse a través de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), está obligada a divulgar sus estados financieros. Entre 2019 y 2022 pagó 394 millones de córdobas en concepto de Impuesto Sobre la Renta (IR), pero el año pasado recibió un cobro por 366 millones de córdobas en concepto del mismo impuesto.
Agricorp agotó la vía administrativa para demostrar que no debía esa suma, pero cuando el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, decidió desistir y acordó un esquema de pago, que el año pasado le generó una pérdida de 419 millones de córdobas (unos $12 millones).
Además de la pérdida millonaria que generó el pago adicional de los 366 millones de córdobas (unos $10 millones) en concepto de IR, los socios de Agricorp le inyectaron siete millones de dólares y realizaron ajustes con sus acreedores.
Más empresas afectadas
Otra advertencia que hace el informe es que “las conexiones personales con miembros del régimen son fundamentales para los extranjeros que invierten en Nicaragua. Aunque las autoridades municipales y ministeriales pueden adoptar decisiones que afecten a las empresas extranjeras, todas las acciones están sujetas a la aprobación de facto de la Presidencia”.
Según el informe Nicaragua sigue permitiendo que ciudadanos extranjeros sean accionistas de empresas locales, pero el representante de la empresa debe ser nicaragüense o extranjero con residencia legal en el país. Entonces, muchas empresas cumplen con este requisito utilizando a un asesor legal local como representante; ya que los trámites de residencia legal para inversores extranjeros pueden tardar hasta 18 meses y requieren entrevistas personales en Managua.
El documento describe que los operadores del régimen buscan Inversión Extranjera Directa (IED) para proyectar normalidad y dar señales de apoyo internacional. Pero como la persistente crisis sociopolítica ha reducido el flujo de IED de las fuentes tradicionales, han tratado de compensarla con inversiones procedentes de países ideológicamente afines, entre ellos China, Rusia e Irán.
Estados Unidos, principal origen de la IED
“En respuesta al autoritarismo cada vez más profundo del régimen de Ortega y Murillo, casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua, y la mayor parte del financiamiento externo se reducirá en 2025. La profundización de la asociación con la República Popular China ha dado lugar a promesas de inversión y comercio, pero hasta la fecha no ha producido préstamos significativos”, señala el informe.
Y aunque Estados Unidos viene haciendo estas advertencias desde hace varios años, ese país sigue siendo la principal fuente de Inversión Extranjera Directa en Nicaragua. Por ejemplo, el año pasado la IED proveniente de ese país se redujo en 32%, pero a pesar de esa mema se mantuvo como el principal emisor de inversión.
Según el reporte del Banco Central de Nicaragua (BCN), de los 1,230 millones de dólares en IED neta que Nicaragua percibió el año pasado, Estados Unidos aportó $269.6 millones, equivalentes al 21.9%, porcentaje que mantuvo al país en el primer lugar de la lista de inversores. No obstante, el BCN aclaró que el monto era menor en relación con los $399.9 millones registrados en 2022, cuando Estados Unidos aportó el 30.9% del total de la IED neta.
