Estados Unidos inculpó el jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro por “narcoterrorismo”, y ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto, en una escalada en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por sacar del poder a quien considera un dictador.
"Queremos que sea capturado para que pueda responder por sus acciones en un tribunal estadounidense", dijo el fiscal general, Bill Barr, durante una conferencia de prensa realizada por videoconferencia por la pandemia de la COVID-19.
Interrogado sobre la conveniencia de estas inculpaciones cuando un tercio de la humanidad está llamada a permanecer en sus casas para evitar contagios, Barr dijo que se debe hacer "todo lo posible" para librar a Venezuela de la corrupción del gobierno de Maduro.
El Departamento de Justicia también presentó cargos contra otros altos funcionarios de Venezuela: el vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente.
Maduro y 14 funcionarios y exfuncionarios, así como un empresario venezolano y dos exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez y Jesús Santrich, están acusados de usar la cocaína "como un arma" contra Estados Unidos en las últimas dos décadas, ganando cientos de millones de dólares.
El Departamento de Justicia señaló a Maduro, integrante del gobierno de su predecesor, el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), de liderar el grupo narcotraficante Cartel de los Soles y de trabajar junto con las FARC, considerada una "organización terrorista" por Washington.
"Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, provocando el ingreso de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses", dijo Barr.
Venezuela vive un colapso económico agudizado desde la llegada al poder de Maduro en 2013, que provocó la huida del país de casi cinco millones de personas, según la ONU.
"¡Eres un miserable Donald Trump¡", respondió Maduro en un discurso por televisión que dio el palacio presidencial de Caracas acompañado por varios de los acusados.
Maduro califico de "espurias, falsas" las acusaciones y las enmarcó en una conspiración para sacarlo del poder a la fuerza. Aseguró que Colombia y Estados Unidos fomentan ese complot.
Barr dijo que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro como jefe de Estado de Venezuela, como tampoco reconocía a Manuel Noriega como presidente de Panamá cuando fue acusado en 1989 de narcotráfico.
"Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la ley estadounidense", señaló el jefe interino de la DEA, Uttam Dhillon.
De ser juzgado y condenado, Maduro se enfrenta a cadena perpetua. Pero no está claro cómo el gobierno de Trump prevé llevarlo ante un juez.
El Departamento de Estado también ofreció primas de hasta 10 millones por información que permita detener a Cabello, a El Aissami, y a otros dos inculpados: Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar, y Clíver Alcalá Cordones, cercano colaborador de Chávez.
También prometió 5 millones de dólares para arrestar a Iván Márquez, exnúmero dos de las FARC y jefe negociador de los rebeldes en el acuerdo de paz de 2016.
Según documentos judiciales, el Cartel de los Soles y la entonces guerrilla de las FARC enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y países centroamericanos, como Honduras.
"Maduro usó muy deliberadamente la cocaína como un arma", dijo el fiscal federal Geoffrey Berman.
El Departamento de Estado estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año.
Al anunciar las recompensas, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, reiteró el compromiso de Washington para "ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas".
Estados Unidos, al igual que otros casi 60 países, consideran fraudulenta la reelección de Maduro en 2018 y apoyan los esfuerzos de organizar nuevos comicios que lidera el opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento), a quien desde enero de 2019 reconocen como presidente interino.
Pero a pesar de las presiones diplomáticas y una batería de sanciones económicas de Washington, Maduro conserva el poder respaldado por China, Rusia y Cuba.
"Nuestro problema no es solo un problema político: nos enfrentamos a un Cartel, al Cartel de Maduro", dijo Guaidó.
“Confío en que los cargos presentados contra los miembros del régimen están bien fundamentados y ayudarán a liberar al país del sistema criminal”, añadió.
