El Gobierno estadounidense anunció este viernes sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y contra el exministro de Planificación Federal Julio de Vido por su “participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público”.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó en un comunicado que la medida emprendida por la Administración de Donald Trump hace que tanto ellos dos como sus familiares inmediatos sean inelegibles entrar en Estados Unidos.
Sec. Rubio: "Hoy, anuncié la designación bajo la Sección 7031(c) de la ex presidente de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y del ex ministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido, por su participación en hechos significativos de corrupción durante…
— Encargada de Negocios Abigail L. Dressel (@USAmbassadorARG) March 21, 2025
La nota consideró que tanto Fernández como De Vido “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al Gobierno argentino”.
El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que “múltiples tribunales” han condenado a ambos por corrupción, “socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio. Estas sanciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas del gobierno”, concluyó Rubio.
En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó la condena a seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” contra Fernández en una causa conocida como ‘Vialidad’, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de Néstor Kirchner (2003-2007).
La sentencia original contra la exmandataria, dictada en diciembre de 2022, marcó la primera condena penal en su contra y generó un fuerte impacto político, aunque la dirigente peronista no ha estado detenida debido a que el fallo no es firme.
El pasado 14 de febrero presentó un recurso ante la Justicia para que se revoque su condena, mientras que la Fiscalía argentina solicitó elevar la pena a 12 años al insistir en la acusación por asociación ilícita.
