Estados Unidos condenó el jueves 25 de agosto el “dramático deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua, tras la detención de un obispo católico crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega.
“Se produjo un dramático deterioro del respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos por parte del régimen de Nicaragua, incluyendo el encarcelamiento de líderes democráticos, miembros de la oposición política, estudiantes y periodistas”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
El gobierno del presidente Joe Biden “considera esto inaceptable y condena estas acciones”, dijo.
El ‘robo de La Prensa’
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves al gobierno de Nicaragua por la “consumación del robo y desmantelamiento de las instalaciones de Editorial La Prensa, en Managua, lo que corrobora la evidente persecución oficial contra el periodismo independiente en ese país”.
El pasado 23 de agosto, se dio la orden de desmantelar La Prensa, cuyas instalaciones fueron asaltadas en agosto de 2021 y ocupadas por la Policía desde entonces, aduciendo una investigación por fraude y lavado de dinero contra sus directivos. Este martes 23 de agosto, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, anunció en ese lugar la próxima construcción del “Centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho”, que administrará el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
Durante un acto de instalación donde funcionará el centro, la procuradora general de la República, Wendy Morales, entregó a las autoridades del Inatec la escritura en la que consta que el inmueble fue “debidamente inscrito a favor del Estado”.
Se estima en más de 10 millones de dólares el valor de los bienes confiscados, entre ellos inmuebles, una rotativa para la impresión del periódico y una imprenta comercial.
Previamente, el régimen también confiscó otros medios, entre ellos Confidencial y 100% Noticias, cuyas sedes fueron convertidas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente.
La SIP expresó su solidaridad con los directivos y el personal de La Prensa, quienes ayer jueves respondieron al régimen con un anuncio en su portal: “Ninguna dictadura ha mostrado tanta saña contra los valores que representa La Prensa, como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
El comunicado enfatiza que “La Prensa ha enfrentado tres dictaduras”, también “ha sufrido cierres, encarcelamientos de directivos y periodistas, el asesinato de su director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el 10 de enero de 1978, bombardeo y quema de sus instalaciones, asedio de turbas fanatizadas, censura, bloqueo aduanero a los suministros” que hacían posible su impresión.
También reclama por “la ocupación y robo de su propiedad inmueble, sus instalaciones y equipos de trabajo”.
Legalizan la usurpación
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo: “Con gran descaro el régimen legaliza y consuma la usurpación de todos los bienes y el edificio de La Prensa, lo que corrobora la evidente persecución oficial contra el periodismo independiente en ese país”.
Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, recordó que “estamos ante el régimen que se ha constituido en el mayor represor de las Américas”.
El mes pasado, periodistas, editores, fotógrafos y personal del diario debieron salir del país “para resguardar su seguridad y libertad”, según denunció La Prensa, que sigue funcionando de forma digital desde el exilio.
El gobierno también apresó al gerente general del periódico, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y a los miembros de la directiva de La Prensa, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, condenados a elevadas penas de prisión sin el debido proceso judicial.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que “el régimen manipula y utiliza todos los recursos a su alcance para desaparecer medios incómodos como La Prensa, violando la Constitución que prohíbe estos actos”.
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: “Los medios, las asociaciones de prensa y las organizaciones internacionales no podemos dar un paso al costado y guardar silencio ante esta muy grave violación a la libertad de prensa en Nicaragua”.
