Panamá lidera las economías latinoamericanas en términos de crecimiento económico anual. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) y el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2018), se prevé que en 2018 el PIB real crezca un 5.6%, muy por encima de las proyecciones para la región (2.2% y 2.0% según los datos de ambas instituciones, respectivamente).
Sin embargo, la riqueza no es permeable a todas las capas sociales lo que perpetua la brecha entre pobres y ricos en Panamá.
“Desde 2005 la proporción de ingresos que posee el 10% de la población más rica ha sido alto (cerca del 40%), y muchas de las personas que han logrado salir de la pobreza en los últimos años continúan siendo vulnerables a caer de nuevo en ella en caso de desaceleración económica”, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esto ha llevado al organismo internacional con sede en París a lanzar una clara advertencia en el Estudio multidimensional de Panamá Volumen 2 presentado este viernes: “La falta de coordinación entre las instituciones públicas para ofrecer una estrategia nacional efectiva para el desarrollo continúa siendo un motivo de preocupación para Panamá”.
Las desigualdades encuentran su explicación en una economía dual en la que un número reducido de actividades, relacionadas con el Canal y las Zonas Económicas Especiales (ZEE), demuestran un alto crecimiento de la productividad, pero una escasa capacidad de creación de empleo. “Panamá dispone de un sector de servicios comerciable moderno y productivo –centrado principalmente en la intermediación financiera y el comercio internacional, la logística y las actividades de comunicación relacionadas con el Canal y las ZEE– que han estado al frente del reciente crecimiento económico del país. Pero en el sector de servicios menos productivo, el sector agrícola y, en cierta medida, el sector manufacturero, han proliferado los trabajadores por cuenta propia y las unidades micro-productivas, generando empleos informales y de subsistencia para la mayoría de trabajadores”, destaca la OCDE.
La organización dirigida por el mexicano Ángel Gurría también está preocupada por la disparidad con relación al grado de bienestar entre los ciudadanos que viven en las provincias y las comarcas. “Los habitantes de las comarcas tienen muchas más probabilidades de vivir en la pobreza y declaran niveles de satisfacción inferiores respecto a sus condiciones de vida, al mismo tiempo que experimentan un mayor riesgo de tener trabajos informales.
Los malos resultados en términos de condiciones materiales y de vida también son evidentes en algunas provincias, normalmente en aquellas que son rurales, al margen de si presentan o no un alto porcentaje de habitantes indígenas”, se lee en el documento.
La receta de la OCDE para revertir el sistema económico que durante las últimas décadas ha beneficiado exclusivamente a una pequeña parte de la población, pasa por lograr una mayor productividad en aquellos sectores que contribuyen a la formalización del empleo. “Panamá debería modernizar sus motores de crecimiento económico y mejorar sus políticas sociales, con el fin de sostener un país de ingreso alto, inclusivo y sostenible”, se indica en el análisis.
Por ello insta al Gobierno de Panamá a poner en prácticas políticas que fomenten las competencias laborales y la productividad y que emprenda reformas en el mercado laboral para promover la creación de empleos formales. "Panamá está a punto de convertirse en un país de ingreso alto, pero la superación de la trampa del ingreso medio (TIM) exigirá un conjunto de políticas públicas diseñadas para mejorar la productividad laboral en todos los sectores (...) algunas de las principales cuestiones a las que debería darse prioridad son la mejora de la calidad educativa, de la gobernanza, del estado de derecho, del sistema tributario y de la liquidez del mercado financiero".
Para pilotar la extensión de los beneficios económicos hacia otros sectores y en todas las provincias y comarcas, la OCDE recomienda al país una serie de mejoras en el marco institucional, la promoción de una mayor participación del sector privado a través de las asociaciones público-privadas, así como un fortalecimiento de la administración tributaria.
