El gobierno de Nicaragua excarceló a tres opositores que mantenía detenidos, entre ellos un exaspirante a la presidencia, para ponerlos bajo arresto domiciliar “por razones humanitarias”, señaló este sábado el Ministerio Público (fiscalía).
El exaspirante presidencial Arturo Cruz (77), el excanciller Francisco Aguirre (77) y el exvicecanciller José Pallais (68), que estaban detenidos por menoscabo a la integridad nacional, estarán detenidos en sus domicilios con “custodia policial”, señaló en un comunicado.
Los excarcelados son parte de un grupo de 46 opositores detenidos el año pasado en el contexto electoral, entre ellos siete aspirantes a la presidencia y potenciales rivales del presidente Daniel Ortega, quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo en los comicios de noviembre.
La Fiscalía señaló que “al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas, por razones humanitarias pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por detención domiciliaria”.
La excarcelación de los tres opositores ocurre a una semana de la muerte del exguerrillero Hugo Torres, uno de los 46 opositores detenidos el año pasado y quien falleció por causas no mencionadas semanas después de haber sido llevado en estado grave a un hospital.
Esta es la primera excarcelación de opositores, cuya liberación inmediata fue reclamada el viernes por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De los tres excarcelados, Aguirre ya contaba con una declaración de culpabilidad y está a la espera de la pena a cumplir, mientras que el juicio contra Cruz y Pallais se desarrolla desde el martes en una maratónica sesión junto a otros cinco opositores.
Familiares de los detenidos que asisten a la audiencia denunciaron que durante el juicio pudieron observar que Pallais sufrió desmayos y Cruz mostraba signos de padecer el mal parkinson.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció en sus redes sociales que el viernes durante la audiencia estuvo presente “un médico del Hospital Roberto Huembes (de la policía), lo que evidencia que el mismo régimen reconoce el deplorable estado de salud de los presos, el riesgo de un daño irreparable”.
