El expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) negó este martes “rotunda y categóricamente” que sea autor y forme parte de una organización criminal conformada durante su Gobierno, tal como lo acusó la Fiscalía al argumentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.
“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, señaló Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
El exgobernante, quien cumple desde diciembre otra orden de 18 meses de prisión preventiva por haber intentado dar un autogolpe de Estado, agregó que “se ha armado un castillo de delitos supuestos” en su contra con la participación de “colabores comprados”.
Criticó, en ese sentido, que la Fiscalía haya pedido otros 36 meses de prisión preventiva en su contra cuando ya cumple una orden que, aseguró, lo tiene “secuestrado injustamente”.
“No he cometido ningún delito, señor juez, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal, porque pasaron en su mayoría en las oficinas del despacho presidencial”, señaló.
Castillo dijo que está privado de su libertad “asumiendo una situación de complot que existe, una presión mediática” y pidió “que demuestren” las acusaciones en su contra.
Rechazó que el pedido fiscal se sustente en un posible peligro de fuga cuando, según dijo, se encuentra “en un penal de alta seguridad” y que no tiene arraigo familiar, ya que su esposa y sus hijos están asilados en México.
“Acá no hay peligro de fuga, mi arraigo domiciliario hoy es este lugar (la prisión)”, reiteró antes de decirle al juez que “tiene que demostrar que está del lado del pueblo no del lado de los enemigos”.
Castillo, quien se presentó a la audiencia acompañado por su abogado, Eduardo Pachas, cumple 18 meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre, cuando se dictó esa medida mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.
LA ACUSACIÓN FISCAL
Durante la audiencia de este martes, la fiscal Galinka Meza señaló que al exgobernante se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión.
Agregó que esto fue “agravado por su condición de líder” y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse durante la segunda vuelta electoral, en junio de 2021, y que una segunda etapa se dio “antes de que asuma la Presidencia” y se “buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública”.
El juez Checkley retomó la vista del pedido fiscal tras haberla suspendido el pasado viernes luego de recibir la solicitud de la defensa de contar con mayor tiempo para estudiar el expediente que, según indicó el magistrado, comprende 6.000 folios en 13 tomos.
El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión pereventiva contra los exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.
Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en obras del Puente Tarata II, en la región norteña de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Al término de la audiencia, el juez Checkley anunció que comunicará su decisión a partir de las 15.00 hora local (20.00 GMT) del próximo jueves.
