El brasileño Jorge Barata, exrepresentante de la empresa Odebrecht en Perú, mantiene su intención de declarar en el juicio oral que se sigue contra la líder política Keiko Fujimori, a pesar de que la Fiscalía peruana ha pedido 36 meses de prisión preventiva en su contra, afirmó su abogado, César Nakasaki.
El defensor señaló, en declaraciones publicadas este jueves por el diario La República, que Barata considera que la Fiscalía respetará el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que aún mantiene con Odebrecht.
Sobre la continuación de sus obligaciones como testigo, indicó que el empresario “las va a seguir cumpliendo como lo ha hecho siempre, en la medida en que la Fiscalía respete el procedimiento establecido en el acuerdo de colaboración eficaz”.
La Fiscalía de Perú pidió este miércoles al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva para Barata, al incluirlo en la investigación del caso Gasoducto Sur Peruano, un proyecto que el Estado adjudicó a Odebrecht.
El exdirectivo reside en Brasil desde 2016, por lo que para hacer efectiva esta petición se tendría que tramitar su extradición.
La solicitud de la Fiscalía se presentó después de que un tribunal peruano revocó, el pasado 3 de julio, el acuerdo de colaboración eficaz suscrito de manera individual con Barata.
La decisión fue tomada luego de que el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez demostró que el exdirectivo de Odebrecht “incumplió su obligación de declarar, en calidad de testigo” durante el juicio que también se sigue contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016).
Tras conocerse esa medida, la Fiscalía remarcó que el acuerdo con la empresa brasileña y sus otros exfuncionarios “continúa en plena ejecución, habiendo prestado sus declaraciones” en los juicios que se siguen ante la Corte de Justicia Especializada Nacional.
Al respecto, Nakazaki informó a La República que el 9 de julio presentó un recurso de apelación para solicitar que su defendido también conserve los beneficios de colaborador de la justicia peruana.
Barata, que fue director de Odebrecht en Perú desde 2011 hasta 2016, se acogió a la figura de colaboración eficaz en casos que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), así como en otros como la presunta financiación irregular de las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016.
Según el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, los presuntos aportes ilegales recibidos por el partido de Fujimori para esas campañas ascienden a 17 millones de dólares.
Pérez asegura que esos aportes tuvieron como fuentes principales a Odebrecht y los grupos nacionales Rasmussen, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el empresario Luis Calle, entre otros.
El fiscal ha pedido que Fujimori sea condenada a 30 años de prisión y recordó que Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con sus ganancias de la corrupción.
