La Fiscalía de Bolivia admitió este martes cuatro acusaciones contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, en prisión preventiva por participar en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019, por actos inconstitucionales durante su gobierno.
Áñez, que asumió la presidencia de Bolivia de forma interina tras la renuncia de Morales y estuvo en el poder entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, fue acusada en este caso por el Ministerio de Justicia en nombre del Estado.
“En esta etapa preliminar tenemos 30 días para desarrollar actos investigativos correspondientes” contra ella, informó el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe.
Los delitos de los que se acusa a la exmandataria en su rol al frente del gobierno son “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación”.
Esta acusación se suma a la denuncia de una exdiputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda) por sedición, terrorismo y conspiración, que derivó en su detención hace 10 días. Áñez cumple prisión preventiva en una cárcel de mujeres de La Paz, de donde pide salir desde el pasado jueves debido al cuadro de hipertensión que padece.
La nueva acusación contempla cuatro situaciones ocurridas bajo su Ejecutivo transitorio. Por un lado la aprobación de un crédito por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 327,7 millones de dólares “que no habría tenido la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, indicó la Fiscalía.
En segundo lugar, la aprobación de un decreto que establece medidas contra la propagación del coronavirus -que en Bolivia suma ya más de 260,000 contagios y supera los 12,000 muertos-, pero cuya redacción habría vulnerado la libertad de expresión.
“La norma criminalizaba las acciones de los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población para someterlos a cargos penales por Delitos Contra la Salud Pública”, alegó el Ministerio Público.
El tercer cargo acusatorio versa sobre la “concesión irregular” por 15 años del Servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, una organización sin ánimo de lucro “que apoya el desarrollo empresarial”, según indica en su página web.
La última acusación se refiere a la emisión de órdenes “inconstitucionales y anticonvencionales” para que las fuerzas del Estado e integrantes de la Dirección de Migraciones “no permitieran” el paso de bolivianos desde Chile durante la pandemia del coronavirus.
