La Fiscalía de Perú anunció este martes que continúa la investigación a la presidenta Dina Boluarte por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y genocidio, entre otros, por la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre.
“La Fiscalía de la Nación realizó diligencias de exhibición de documentos en la sede de la Región Policial Lima, en el marco de las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros”, informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
Además, adjuntó imágenes en las que se aprecia personal de la Fiscalía visitando diferentes establecimientos, entrevistando a policías y revisando documentos.
El 10 de enero la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso abrir la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, César Cervantes, como exministro del Interior, así como contra su sucesor, Víctor Rojas, quien ocupó el cargo hasta el 13 de enero.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el Ministerio Público.
Hasta ese momento eran 47 los fallecidos, pero las marchas y la violencia continuaron y la cifra se elevó a 70 personas muertas, lo que incluye muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden y en sucesos y accidentes relacionados con estas, según diversas fuentes.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Además, este martes, el Ministerio Público informó que la diligencia fiscal también está vinculada a la investigación por la actuación policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en referencia al asalto del campus que llevó a cabo la Policía el 21 de enero.
Ese día, un gran operativo policial echó abajo con una tanqueta la entrada de la universidad e ingresó al campus para desalojar a cientos de manifestantes venidos de todo Perú para participar en las protestas antigubernamentales y que acampaban en su interior.
El gran operativo que comenzó a primera hora de la mañana acabó con la detención de 193 personas, entre manifestantes y estudiantes que fueron liberados al día siguiente.
El centro universitario denunció que en el desalojo que llevó a cabo la Policía se dio un “abuso de autoridad” e indicó que en el operativo no hubo presencia del Ministerio Público.
