La Fiscalía de Bolivia solicitó este domingo seis meses de cárcel preventiva para la expresidenta derechista Jeanine Áñez, por un caso de supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, mientras la ONU y la Unión Europea piden transparencia del proceso.
Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), después de sus dos ministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.
Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación “de medidas cautelares consistente en la detención preventiva [...] por el tiempo de seis meses” en cárceles de La Paz, dice el documento divulgado este domingo.
Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 km noreste de La Paz, donde residía.
En este operativo policial que dirigió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, arrestaron en la misma ciudad a los dos exministros y fueron trasladados en avión a La Paz el sábado de madrugada.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.
La imputación formal de la Fiscalía, de 17 páginas, precisa que Áñez y sus dos ministros deben ser detenidos de manera preventiva por seis meses, mientras prosigue la investigación y se buscan a otras personas implicadas en este caso.
El documento señala que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor del expresidente izquierdista Evo Morales, que tras 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato.
En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, y jefes policiales y militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.
