La fiscalía de Perú pidió a la justicia el lunes un mandato judicial para impedir que viaje a Venezuela el nuevo embajador peruano ante el gobierno de Nicolás Maduro, a quien investiga por presunto lavado de activos.
“La 1ra. Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Richard Rojas García”, informó el Ministerio Público en Twitter.
El gobierno del mandatario peruano, el izquierdista Pedro Castillo, designó a Rojas, un dirigente del marxista partido oficialista, para reabrir la embajada peruana en Caracas en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, según la cancillería.
La medida de coerción fue solicitada ante el 2do Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Corrupción de Funcionarios, según informó la Coordinación Nacional de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del fiscal superior Rafael Vela Barba.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 18, 2021
El nombramiento “se va a tener que evaluar”, dijo a periodistas la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, tras conocer el pedido fiscal.
El nombramiento se produjo a pesar de que Panamá había rechazado el nombramiento de Rojas como embajador peruano, a fines de septiembre.
La fiscalía le atribuye a Rojas “haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional”.
Perú tiene relaciones comerciales y consulares con el régimen de Nicolás Maduro, pero reconoce como presidente venezolano al líder opositor Juan Guaidó, según acuerdos del Grupo de Lima en 2019.
La designación del nuevo embajador peruano conlleva el nombramiento recíproco de un embajador venezolano en Lima afín a Maduro.
El acercamiento entre Lima y Caracas había sido anticipado por Castillo hace un mes, en medio de promesas de no copiar “el modelo chavista” en Perú.
El restablecimiento de lazos deja tácitamente fuera de juego al representante de Guaidó, Carlos Scull, que actuaba como embajador venezolano desde hace dos años.
El gobierno peruano justificó el viernes pasado su decisión alegando que “responde a la evolución del proceso político venezolano y al reconocimiento recíproco como interlocutores legítimos” entre el gobierno de Maduro y la oposición en una ronda de negociaciones en México, que quedaron en suspenso el fin de semana.
Según el gobierno peruano el restablecimiento de una relación a nivel de embajadores “permitirá buscar una solución a la situación humanitaria de los ciudadanos venezolanos en Perú”, entre otros fines.
En Perú, viven más de un millón de venezolanos que escaparon de la crisis en su país.
