El gobierno de Colombia pidió perdón este viernes por el brutal castigo policial que mató a un hombre el miércoles, un caso que desencadenó protestas que dejan 13 muertos, la mayoría baleadas, en medio de denuncias sobre nuevos excesos de la fuerza pública.
En un intento por aplacar las manifestaciones, reprimidas violentamente, el ministro de Defensa acompañado de los mandos policiales expresó su “dolor e indignación” por la muerte de Javier Ordóñez, de 43 años, hace dos días en un barrio del oeste de Bogotá.
“La policía nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”, dijo el ministro Carlos Holmes Trujillo.
En Colombia, un país con un conflicto de más de seis décadas, la institución policial depende de la cartera de Defensa.
El abogado de Ordóñez aseguró que los policías lo “masacraron” a golpes en el puesto policial adonde lo llevaron tras someterlo en el suelo a repetidas descargas con un arma eléctrica.
El video viral en que se le ve suplicando para que detengan los choques eléctricos, destapó la ira popular contra la policía, que arrastra denuncias de excesos desde las masivas protestas contra el gobierno en 2019 y que aumentaron en la pandemia.
Entre miércoles y jueves estallaron disturbios, enfrentamientos y una serie de ataques contra puestos de mando conocidos como CAI en Bogotá, Medellín y Cali.
Para este viernes están previstas nuevas protestas en la capital bajo el lema “nos están masacrando”, que fueron convocadas por grupos de WhatsApp.
“Ese no es un problema que venga solamente de ahora, es un problema que hemos tenido siempre con las fuerzas de policía y con las militares. Aquí siempre se ha usado como el exceso de fuerza”, dijo a la AFP José María Builes, residente de Bogotá.
En las protestas - que el gobierno vincula con un “vandalismo sistemático y coordinado” - han muerto 13 personas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores, según un reciente balance.
También las autoridades han informado de 209 civiles y 194 uniformados heridos, aunque sin precisar el número de policías atacados por bala, mientras que, según la alcaldía de Bogotá, 68 ciudadanos han sido alcanzados por los proyectiles.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora del gobierno, aseguró tener pruebas “sólidas” del “uso indiscriminado” de la fuerza y armas de fuego por parte de algunos policías contra los manifestantes.
Un sinnúmero de videos que circulan en redes sociales - algunos compartidos por autoridades - muestran a uniformados que son atacados y responden con disparos.
Este viernes López dijo en Twitter que el jueves hubo ocho heridos más “por armas de fuego” y volvió a sugerir que detrás están uniformados.
“Desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía. ¿Entonces a quién obedecen? Urge justicia, acción y reforma!”, añadió la mandataria.
El presidente Iván Duque prometió investigar los presuntos abusos de la fuerza pública, pero rechazó que se “estigmatice” a la policía como “asesinos” por “responsabilidades puntuales”.
Mientras avanza la investigación penal sobre lo ocurrido con Ordóñez, la policía abrió un proceso interno contra dos agentes “por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio”, precisó Holmes Trujillo.
También “se ha tomado la determinación de suspender a cinco policías más” implicados en la agresión, de acuerdo al ministro.
Según la defensa, Ordóñez fue abordado por los agentes cuando iba con unos amigos a comprar alcohol en la noche, lo persiguieron hasta la entrada del edificio donde vivía, lo golpearon “brutalmente” y le aplicaron las “descargas eléctricas”.
“Y luego terminan con su acto criminal” en el puesto de policía, dijo el abogado Vadith Gómez a Blu Radio.
Ordóñez era un ingeniero que estaba a punto de culminar sus estudios de Derecho y tenía dos hijos, según su familia.
El caso hizo reflotar denuncias sobre excesos cometidos por la fuerza policial.
Según la alcaldía de Bogotá, en lo que va de año ha habido 137 denuncias contra policías.
A raíz de ello, académicos y políticos están presionando por reformas que le quiten al Ministerio de Defensa el control de la policía y regulen su uso de armas para la contención de protestas.
