Una factura sospechosa enviada al gobierno brasileño por una firma de Singapur para pagar una vacuna india se ha convertido en la punta de una trama que podría llegar hasta el presidente Jair Bolsonaro, según miembros de una Comisión Parlamentaria.
La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil.
La vacuna aún no había sido entregada. Pero lo que intrigó a Miranda, que se negó a autorizar su pago, fue que el contrato (por un monto total de 300 millones de dólares) al que correspondía esa factura no mencionara a Madison Biotech, la firma singapureña que la envió y que sería de fachada.
Hubo varias señales de alerta, según Miranda, quien testificó el viernes ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada hace dos meses por el Senado para determinar las responsabilidades del gobierno en la gestión de la pandemia que ya se ha cobrado más de 500,000 vidas en Brasil.
Una operación tanto más extraña cuanto que Bolsonaro, quien regularmente se burla de los consejos de expertos sobre la pandemia, había rechazado anteriormente ofertas de vacunas más baratas y efectivas.
Miranda contó que recibía llamadas de sus jefes a todas horas, ejerciendo lo que él llamó una presión “atípica y excesiva”, para aprobar la transacción.
Pronto surgieron otras irregularidades en el acuerdo y el gobierno acabó por cancelar la operación.
Según el diario O Estado de S.Paulo, Bharat Biotech inicialmente cotizó la dosis del inmunizante a 1.34 dólares, pero Brasil acordó pagarla a 15 dólares, más que por ninguna otra vacuna que haya comprado.
Miranda planteó sus preocupaciones a su hermano, el diputado Luis Miranda, partidario de Bolsonaro, quien los habría recibido a ambos el 20 de marzo en su residencia en Brasilia.
Según contaron los Miranda ante la CPI, Bolsonaro les habría asegurado que transmitiría el caso a la Policía Federal.
Algo que aparentemente nunca hizo, lo cual puede llevar esta semana a la CPI a denunciar al mandatario de ultraderecha ante la Fiscalía por “prevaricación”.
La oposición convocó protestas el miércoles y el sábado, para reclamar un ‘impeachment’ del jefe de Estado.
Según el congresista Miranda, en la reunión del 20 de marzo Bolsonaro expresó preocupación por el impacto político del caso y su sospecha sobre el autor del esquema.
“‘Si interfiero con esto, sabes qué tipo de mierda va a provocar. Este debe ser un trato de Fulano de Tal’”, contó el diputado Miranda.
Presionado por los senadores para identificar a “Fulano de Tal”, el congresista insistió en que no lo recordaba, hasta que, al borde de las lágrimas, acabó por revelar el nombre: Roberto Barros, un poderoso diputado que encabeza la bancada progubernamental.
“Me van a perseguir. Ya lo perdí todo. Sé lo que me va a pasar”, dijo Miranda, quien había llegado a la sesión con chaleco antibalas.
Barros, un exministro de Salud, negó haber cometido cualquier ilegalidad, al igual que Bolsonaro, quien alega que el contrato al final se canceló y acusa a los hermanos Miranda de una campaña de desprestigio contra él.
“Fue la primera gran bomba” que salió a la luz en los dos meses de trabajo de la CPI, dijo a la AFP Geraldo Monteiro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
“Habíamos tenido testimonios que mostraban la negligencia y el negacionismo del gobierno, pero nada realmente serio que pudiera llevar a un juicio político al presidente”, agregó.
La investigación parece moverse así hacia el ámbito criminal, aunque los observadores consideran poco probable que el Fiscal General, Augusto Aras, aliado de Bolsonaro, pida la apertura de una indagatoria en la corte suprema.
El problema más inmediato para el presidente, en fuerte caída de popularidad, es Barros.
Si lo protege, Bolsonaro arruinará la plataforma anticorrupción que lo ayudó a ganar la presidencia en 2018. Si lo abandona, corre el riesgo de romper su alianza con el ‘Centrao’, un heterogéneo grupo de partidos conservadores especializados en negociar ventajas presupuestarias.
Esa alianza ha protegido al presidente de la apertura de alguna de las más de cien peticiones de juicio político que se acumulan en su contra en la Cámara de Diputados.
“Barros podría comenzar a presionar a su partido para que rompa con Bolsonaro, en un momento en que Bolsonaro está perdiendo popularidad y el impulso del juicio político cobra fuerza”, dijo Michael Mohallem, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.
Esperando un desenlace del enredo, en las redes sociales se ha popularizado el hashtag #CovaxinGate.
Y un mensaje se ha vuelto viral: “Covaxin es tan fuerte que va a derrocar a Bolsonaro”.
