El Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena firmaron este jueves un acta que puso fin a las protestas por el costo de la vida, en la que se recoge un acuerdo donde el Ejecutivo acoge parcialmente las demandas que motivaron una movilización que duró 18 días.
El acuerdo se logró gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que mantuvo conversaciones con ambas partes hasta alcanzar diversas concesiones por parte del Gobierno, aceptadas por el movimiento indígena para anunciar el cese de las manifestaciones.
La firma peligró en instantes cuando parte de los miembros del movimiento indígena se mostraron en desacuerdo con los puntos aceptados por sus dirigentes, lo que hizo suspenderse el acto por cerca de una hora hasta que finalmente hubo consenso y se pasó a la suscripción del documento.
El punto más polémico entre los indígenas era la rebaja en 15 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, pues su demanda original era de 40 centavos.
A ello se añadió el compromiso del Gobierno de derogar un decreto que promovía la actividad petrolera en la Amazonía y de frenar las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios ancestrales de pueblos indígenas.
El Ejecutivo también había aprobado en días anteriores condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 3,000 dólares, reducir los intereses de los créditos vigentes, subsidiar hasta en un 50% el costo de la urea, aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud.
El resto de los diez puntos del pliego de demandas del movimiento indígena se tratarán en mesas de trabajo, como la condonación de deudas de hasta 10,000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales.
A cambio del cese de las protestas, el Gobierno se comprometió a derogar el nuevo estado de excepción decretado el miércoles en cuatro provincias del país donde se concentraban varios episodios de violencia y desabastecimiento de productos de primera necesidad como combustible y oxígeno medicinal.
PLAZO DE 90 DÍAS
El acta fue suscrita en representación del Ejecutivo por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y por parte del movimiento indígena por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
También lo suscribieron los presidentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Eustaquio Toala.
“Nos hemos equivocado porque muchas veces nuestra actitud es violenta, pero eso no significa que siempre vayamos a tener esa actitud. (...) Las dos partes nos hemos equivocado, pero es de valientes reconocer los errores”, dijo Toala.
A su vez, Iza admitió que el acta no incluye todas las demandas, pero destacó que tiene “importantes logros”, a la vez que pidió que no haya criminalización en la Justicia contra los participantes en las protestas.
“Ya basta de seguir estigmatizando y ‘racializando’ a los luchadores sociales. Basta de llamarnos terroristas”, añadió Iza, quien advirtió que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.
Las protestas comenzaron el lunes 13 de junio y dejan un saldo de 6 fallecidos, entre ellos un militar, y alrededor de 500 heridos entre manifestantes y agentes.
