Guatemala atraviesa uno de sus peores momentos de corrupción al ser gobernada por un “régimen autoritario”, con instituciones “cooptadas” y persecución a fiscales y jueces que investigaron mafias, consideró el ómbudsman Jordán Rodas, una piedra en el zapato para los dos últimos gobiernos.
Principal figura del Estado para la defensa de los derechos humanos, Rodas finalizará a mediados de agosto su mandato de cinco años marcado por tensiones con el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) y con el actual mandatario, Alejandro Giammattei.
“Estamos pasando uno de los peores momentos” en cuanto a la corrupción, dijo Rodas.
Guatemala fue incluida en junio, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua, en una lista de países donde se detectan graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) colocó en esta lista a Guatemala al notar un “progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática”, “injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial, “irregularidades en el proceso de elección de magistrados” y “la criminalización y estigmatización” de los jueces.
Giammattei rechazó las acusaciones y aseguró que la CIDH juzga a su gobierno con un “sesgo ideológico” y se entromete en procesos democráticos internos.
“Estamos ante un régimen autoritario. Tenemos una mascarada de democracia pero muy frágil”, dijo Rodas.
Rodas, abogado de 53 años de edad, tomó posesión el 20 de agosto de 2017 y una semana después chocaba con el gobierno. Un recurso judicial suyo dejó sin efecto la decisión del entonces presidente Morales de declarar persona non grata al exjuez colombiano Iván Velásquez, quien era jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que, junto a la fiscalía, destapaban casos de corrupción.
Morales acusó a Velásquez de interferir en asuntos internos después de que la Cicig lo señaló por corrupción electoral junto a empresarios que eran intocables.
El entonces mandatario intentó forzar la salida de la Cicig, pero Rodas le ganó la batalla judicial. Lo que hizo Morales entonces fue no ampliar el mandato de la misión, que cerró sus puertas en septiembre de 2019 tras 12 años de funcionamiento.
“A partir de allí se marcó esta relación tensa, tirante, agobiante y hostigante permanentemente durante los cinco años” con las esferas del gobierno, indicó Rodas, al asegurar que hasta ese momento hubo “avances” en la lucha contra la corrupción.
Pero esos logros ahora se estancan por una “cooptación del Estado” por los poderes políticos y económicos, que a su juicio están detrás de una “estrategia muy bien elaborada” de persecución judicial contra exfuncionarios de la Cicig y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), además de jueces y magistrados independientes, para asegurarse impunidad.
Varios de quienes investigaron asuntos de corrupción se han exiliado por temor a sufrir atentados, entre ellos la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI.
Sandoval, considerado un “campeón anticorrupción” por Estados Unidos, fue destituido en julio de 2021 por la actual fiscal Consuelo Porras, sancionada por Washington e incluida en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos”.
Pese a la tacha, Giammattei reeligió a Porras para otros cuatro años.
“Estamos tocando fondo, pero están tirando mucho la cuerda, piensan que la población aguanta, pero en algún momento dado se puede reventar esa cuerda (...) Guatemala es como una olla de presión”, advirtió Rodas.
Estados Unidos incluyó la semana pasada en la Lista Engel a otros 16 guatemaltecos, encabezados por Rafael Curruchiche, el jefe de la FECI nombrado por la cuestionada fiscal Porras.
Rodas señaló que la comunidad internacional “puede hacer más” y también sancionar a empresarios que cree están detrás de la criminalización de los operadores de justicia independientes. Propuso “ir al corazón de quiénes son los que alimentan esta estrategia perversa”.
El “sector económico” debería “recapacitar” y “ver hasta qué punto va a seguir dando el oxígeno a regímenes autoritarios y corruptos”, sostuvo.
Para las elecciones generales de 2023, Rodas alentó a que se eviten situaciones como las de Nicaragua, donde opositores fueron acusados de menoscabar la soberanía o lavar dinero, por lo que no pudieron participar.
Aunque en Guatemala no hay reelección presidencial, el procurador considera que desde el gobierno se puede beneficiar al oficialismo.
“Ojalá que no tenga boca de profeta, pero pienso que podemos estar como una Nicaragua, con un Daniel Ortega que se empodera [y decide] quién participa y quién no”.
