La crisis de salud se palpa en los hospitales sin insumos y en las farmacias con anaqueles a medio llenar, pero más fuertemente en los rostros de preocupación de las personas que recorren esas instalaciones en busca de una atención y medicinas o porque van a visitar a un familiar que han tenido que confiar a la salud pública, porque no tienen opción.
“No hay hilo, no hay algodón, no hay alcohol. Aquí la gente entra enferma y sale muerta por la puerta de atrás”, dijeron sin pensarlo y sin ningún filtro dos adultos mayores, a pesar de que mi experiencia en este recorrido por Caracas fue que hoy más que hace cuatros meses, la gente se cuida de lo que dice a un extraño que les hace preguntas, y su nivel de tolerancia es cada vez menor.
“Si tiene que hacerse un examen lo mandan para la clínica”, apuntaron los señores, porque no hay reactivos y no hay envases para recoger las muestras.
Es domingo y estoy en el Hospital Clínico Universitario, que funciona dentro de la Universidad Central de Venezuela, en una zona de clase media de Caracas. Ese día solo se atendían emergencias y, aunque había camillas con personas hasta muy cerca de la puerta de entrada, durante el tiempo que estuve allí (una hora aproximadamente) solo vi llegar tres casos, uno de ellos de un señor que pasaba los 80 años, que fue llevado por sus familiares porque tenía dos semanas que no evacuaba y su cuadro estaba complicado, ya que hacía poco le habían diagnosticado zika y se había fracturado el hombro por una caída.
“Dijeron que por qué no lo llevamos al CDI [Centro de Diagnóstico Integral creado por el Gobierno y atendido por supuestos médicos cubanos]; lo revisaron y lo pusieron en espera”, le comenta otro familiar al hijo del paciente, un hombre de 64 años que vive de trabajar la soldadura y la albañilería.
“Desde ayer estábamos tratando de traerlo pero los ‘jeepseros’ [conductores de unos carros que cobran por estos servicios] fueron hasta hoy”, relató el hombre. Dice que vive en Los Sin Techo, una comunidad edificada en lo que llaman El Cementerio, un área de cerros de la que no es fácil entrar o salir. Luego se queja de que hay una pelea entre los CDI y los hospitales. “Si lo lleva [al paciente] a uno se molestan los otros; yo no sé por qué si los cubanos atienden bien y rápido”, indicó y empezó a explicar su visión “objetiva” de lo que sucede en su país.
“Antes usted tenía que pagar porque lo atendieran en los hospitales, por las medicinas, y ahora podemos atendernos gratuitamente; antes el sueldo no nos alcanzaba para comprar la comida y desde que llegó este gobierno eso cambió”, enumeró, aunque momentos antes había reconocido que este año ya había tenido que subir el costo de lo que cobra por su trabajo una vez y estaba previendo hacerlo de nuevo porque no le alcanza para pagar los alimentos de su familia; y de que el día anterior había recorrido todos los abastos y no había logrado conseguir nada de comida.
Personal de salud que estaba sentado en la puerta de entrada a Emergencias no quiere hablar, me dicen que pregunte por la doctora, pero un seguridad bloquea la puerta de acceso y solo deja entrar a pacientes con un familiar. Además, en el área hay presencia de los llamados “bachaqueros” que, según los venezolanos con los que conversé, “son una mafia” y andan armados. A lo lejos, mientras hablaba con los dos adultos mayores notaba que me miraban.
“Allí al frente venden todo lo que no hay acá: envases de orina, alcohol, jeringuillas, y nadie hace nada”, denunciaron los señores, en alusión a los “bachaqueros”. “Nunca habíamos tenido una situación así, todo comenzó con el gobierno de Hugo Chávez”, advirtió uno de ellos.
La segunda parada en hospitales públicos la hice en el José María de los Ríos, que también se conoce como el hospital de los niños. “No dejamos ingresar a los periodistas”, me dice un hombre que sentado frente a una mesa bloquea el paso por la puerta. Un policía que estaba en otro escritorio, a un costado, levanta la mirada.
En este lugar hacen cirugías electivas. Afuera no había muchas personas, pero una señora que salía accedió a hablar. Tenía hospitalizado a su nieto de poco menos de un año, que es reingresado a menudo tras una operación de riñón. Asegura que su experiencia ha sido buena, que tienen que comprar las medicinas y hacerle los exámenes “afuera” pero no tuvo que comprar los insumos de la operación.
No obstante, no es el mejor ejemplo de la realidad. Según el informe Situación del Derecho a la Salud en Venezuela, de marzo pasado, emitido por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, los boletines epidemiológicos semanales del Ministerio de la Salud señalan que, entre 2010 y 2014 las muertes infantiles (menores de 1 año) se incrementaron en 42%, pasando de 5 mil 839 a 8 mil 273, 80% de los cuales eran niños con menos de 28 días de nacidos.
El Hospital Ana Francisca Pérez De León es el tercer centro en el que intento obtener una mirada más cercana de la situación de salud del sector público. Está en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, y según información previa es una instalación de alto tráfico, ya que está en una zona densamente poblada y con alto nivel de delincuencia.
Varios letreros pegados en el vidrio de la garita de acceso –en la que no hay nadie– anuncian que no hay soluciones de diversas concentraciones (venoclisis), que no hay gasas, mascarillas, guantes. Otra nota, de la Dirección de Servicios Médicos, pedía disculpas a los usuarios porque por la jornada reducida la distribución de los insumos se ha hecho más lenta. Sin embargo, al ingresar la historia que se ve es más que crítica.
El sitio está prácticamente vacío, un par de personas con niños están sentadas en una banca en la entrada, mientras que en otras, dentro de la instalación, cinco personas que me ven perdida me dicen que pase. Al menos tres de ellas son enfermeras y están conversando.
En ese momento solo había en el lugar una residente de cirugía y un médico pediatra, porque aún atienden consultas y emergencias infantiles que, si requieren algo más especializado, son enviados a otra instalación. No están atendiendo emergencias de ningún otro tipo, aunque las enfermeras aseguran que si alguien llega muy mal le dan los primeros auxilios.
“Aquí llegaba todo tipo de heridos, asmáticos, infartados... y ahora hay que enviarlos a otros hospitales, porque la instalación no está apta para atender, no hay insumos, no hay nada”, relató una de las enfermeras, que se atrevió a hablar porque no había nadie en el lugar que pudiera decirle a los jefes que estaban dando información, mas, no dio su nombre y me advirtió que si estos se enteraban podían botarlos. Aseguró que a este hospital llegaban al menos 400 heridos de arma de fuego a la semana, sin contar los de arma blanca y otras emergencias.
“Hace siete años la situación era diferente. En 2010 se agravó, el año pasado todavía se hacían operaciones, pero ahora nada. Los médicos se han ido, algunos para otros hospitales en donde les pagan mejor”, manifestó otra de las profesionales.
Una última parada me lleva hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani. Este es el que está absorbiendo la mayor cantidad de heridos producto de la criminalidad, por lo tanto, en sus alrededores hay centenares de personas sentadas. Había fuerte presencia de guardias bolivarianos que resguardaban el perímetro. En la entrada de Emergencias dos policías custodiaban. Ambos tienen sus armas empuñadas, pegadas a su cuerpo, una larga y otra corta. Más adelante, el lugar donde funciona la Unidad de Diálisis está casi vacío. Intentar ingresar al lugar me pareció muy arriesgado.
Si la situación en la capital del país es grave, en regiones de oriente y occidente pinta peor. El doctor y representante del estado Portuguesa, en la zona centro-occidental del país, Francisco Rivas, denunció que desde noviembre de 2015 el Hospital José María Casar, en Acarigua, capital del estado, no realiza citologías ni biopsias por falta de insumos. Lo anterior, advirtió, a pesar de que el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte en la región.
Asimismo, indicó, en el Hospital Miguel Orá, de la ciudad de Guanare, desde enero pasado no se efectúan biopsias ni citologías y desde hace seis meses no practican pruebas serológicas a las pintas de sangre que se colocarán a los pacientes, corriendo el riesgo de contagio de enfermedades vía transmisión sanguínea.
En el estado Barina, en la región de los Andes, al sureste del país, relata un paciente, “usted iba a a sacar una cita en enero y se la daban para julio”.
El cuñado de un hombre de 43 años que murió por lo que él califica como mala práctica, relató que lo llevaron a un hospital privado que opera con seguros que el Estado paga a sus funcionarios. “Fue por un examen del colon y resultó que tenía perforaciones pequeñas. Le dijeron que volviera en cinco días, a pesar de que estaba contaminándose, luego de operarlo se quedaron nueve días con él para consumirle todo el seguro a pesar de que sabían que estaba mal. No lo cosieron, sino que le pusieron grapas y cuando se puso peor lo enviaron al [hospital] Pérez Carreño”, en Caracas.
Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, declaró a medios locales la semana pasada que las plantas eléctricas de los hospitales del país están fallando por falta de mantenimiento, y dio el ejemplo del Hospital General Ignacio Baldó, en el municipio Libertador, donde no funciona. Además, reveló que en el Hospital Clínico Universitario de Caracas hace un par de semanas hubo un apagón y la planta funcionó solo para un ala del hospital.
Cirujana confirma fallas en hospitales
Una doctora que trabaja en el Hospital Dr. José María Vargas, en Caracas –cuya identidad se guarda para protegerla–, manifestó que dentro de la precariedad actual, los hospitales que pertenecen al Instituto Venezolano de Seguridad Social son los que funcionan “un poco mejor”, ya que tienen mejor administración, alguna dotación de insumos y más seguridad. Los que tienen como regente al Ministerio de Salud, indicó, “todos están muy mal en comparación a hace dos años”.
Al explicar el tema de los insumos, señaló que “a lo mejor hoy no hay gasas ni inyectables, pero al día siguiente hay de eso, pero falta otra cosa”; y no hay reactivos para hacer laboratorios ni para radiografías y tomografías.
“Si un paciente al que le hacemos un cultivo sale resistente a un antibiótico y solo hay ese se lo ponemos, y aunque lo indicado es que el antibiótico se dé por 10 días, por ejemplo, si se acaba tenemos que cambiarlo”, explicó. También denunció que en la mayoría de los hospitales las áreas de cuidados intensivos no cumplen con la normativa internacional de camas por cada mil habitantes, que aunque haya 30 camas en la sala se pueden contar con los dedos de una mano las que están operativas, porque no tienen monitores, algunos porque se dañaron y no fueron reemplazados, y otros porque fueron robados.
En cuanto al área de emergencias del Vargas, reconoce que a pesar de que fue remodelada recientemente, muchas veces tienen que pedirle a los pacientes que compren los insumos para hacerles su curación. Incluso, tienen que comprar los tubos de ensayo para los exámenes de sangre. “Hay áreas insalubres, con goteras, incluso quirófanos”, indicó.
Reconoció que, en ocasiones, cuando llegan insumos, los médicos se quedan con algún guante de más, por ejemplo, “porque sabes que lo necesitarás, no es que te lo llevas para otro lado”.
Reconoció que hay pacientes renales y oncológicos que han muerto por falta de medicinas.
