La Iglesia católica de El Salvador lamentó la decisión de permitir la exploración y explotación minera en El Salvador tras la aprobación el lunes de una ley con la que también se deroga la prohibición de dicha práctica que estaba vigente desde 2017.
“Lamentamos que se haya aprobado la ley que permite la explotación minera en nuestro país, sin escuchar a la población. Es una acción que contraviene la voluntad del pueblo y que, ignora su victoria alcanzada en el año 2017, logrando que se aprobara una ley que prohibiera la explotación minera, protegiendo de esa manera la vida y la salud en nuestra nación”, indicó en un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal de El Salvador.
La iglesia pide a las autoridades que “reconsideren su decisión y deroguen ese nueva ley de la minería, la cual producirá muchas víctimas, comenzando por las personas más vulnerables, pero que luego dañará a todos, incluyendo el sufrimiento a las nuevas generaciones, y los costos mortíferos del medio ambiente”.
La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se da pese al rechazo de ambientalista, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y de universidades por el impacto en las comunidades rurales y al medioambiente.
Vidalina Morales, una luchadora social y presidenta de una organización comunitaria, subrayó el lunes en una rueda de prensa que “El Salvador, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es un país donde la minería definitivamente es inviable”.
“Vimos a exigirles, no venimos a suplicarles, que legislen a favor del pueblo que confió en ellos. Les exigimos que no deroguen esa ley (que prohíbe la minería) que fue aprobada por unanimidad y con consenso nacional en el año 2017″, dijo Morales.
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
También se estaría afectando la cuenta del río Lempa que posee un área total de 17,790 kilómetros cuadrados de los cuales, 10,082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5,251 a Honduras y 2,457 a Guatemala.
La longitud del cauce principal es de 422 kilómetros, de los cuales 360.2 kilómetros corren dentro de territorio salvadoreño.
La aprobación de esta ley se da a pesar del rechazo de ambientalistas, organizaciones comunales y de sociedad civil, de iglesias y de universidad a esta práctica por su impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.
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