La Knéset (Parlamento israelí) aprobó la noche del lunes dos leyes, que entrarán en vigor dentro de tres meses, para prohibir la actividad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Israel, así como limitar su capacidad operativa en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza.
En una primera votación, la Knéset denegó a la UNRWA abrir oficinas o proporcionar “servicios directos o indirectos” dentro del territorio soberano de Israel, incluido el anexionado Jerusalén Este, tras una votación aprobada con 92 votos a favor y 10 en contra.
“Los trabajadores de la UNRWA que participan en actividades terroristas contra Israel deben rendir cuentas”, dijo tras esta votación el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre una de las principales acusaciones para esta última embestida.
“En los 90 días anteriores a la entrada en vigor de esta ley –y después– estamos dispuestos a trabajar con nuestros socios internacionales para garantizar que Israel siga facilitando ayuda humanitaria a los civiles en Gaza de una manera que no amenace la seguridad de Israel”, añadió el mandatario.
Poco después, una segunda ley recibió también la luz verde de los legisladores, prohibiendo a cualquier funcionario o entidad pública israelí establecer contacto con la UNRWA o sus empleados, la cual pasará a ser designada “organización terrorista”.
Esto impedirá, en la práctica, que la UNRWA pueda seguir desarrollando sus labores educativas y sanitarias en los territorios palestinos ocupados, ya que Israel no emitirá permisos de entrada a la Franja, facilitará la coordinación existente hasta ahora con el Ejército o procesará pagos mediante entidades bancarias israelíes.
“Esta legislación amenaza un salvavidas vital para más de 2.5 millones de refugiados palestinos en todo el territorio palestino ocupado. Representa un intento deliberado de socavar fundamentalmente a la UNRWA y su misión esencial de apoyar el socorro, la educación y el desarrollo humano de los refugiados palestinos”, denunció la organización legal palestina Adalah tras conocerse las dos votaciones.
Por su parte, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció en X que ambas legislaciones representan el último paso en “la campaña en curso (de Israel) para desacreditar a la UNRWA” y dijo que “solo profundizarán el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza”.
Casi con seguridad, estas leyes conducirán al cierre de la oficina de UNRWA en Jerusalén Oriental, que ha sido el blanco de manifestaciones israelíes, a veces violentas, desde los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.
Cinco millones de refugiados reciben sus servicios
La UNRWA fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a más de cinco millones de refugiados palestinos -muchos descendientes de los cientos de miles de desplazados por la creación del Estado de Israel- que viven ahora en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania.
La UNRWA es “la columna vertebral de las operaciones humanitarias en Gaza”, dijo a EFE Jonathan Fowdler, uno de los portavoces del organismo, quien destacó que sin el trabajo de la agencia, 660.000 niños gazatíes perderían a la única entidad capaz de continuar con su educación.
Israel alega sin pruebas que más del 10% del personal de la UNRWA en Gaza tiene vínculos con Hamás, y que sus centros educativos, muchos de ellos bombardeados durante la guerra en Gaza pese a la presencia de civiles gazatíes desplazados, incitan al odio contra Israel.
En enero, Israel dijo que doce empleados de la UNRWA habían participado activamente en los letales ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiendo a esos trabajadores.
La agencia, que cuenta con más de 30,000 empleados, aseguró meses después que Israel no había presentado pruebas concluyentes sobre la implicación de estos trabajadores en los atentados, mientras que una investigación independiente, a cargo de la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna, avaló en marzo la neutralidad de la actividad humanitaria de la agencia, aunque detectó “áreas críticas”.
En cuanto Israel vertió tales acusaciones en enero, 18 países anunciaron que retiraban sus fondos, incluidos sus principales donantes -EE.UU., Alemania, Japón o Francia-, lo que supuso un recorte del presupuesto de 450 millones de dólares en plena respuesta de emergencia en la Franja de Gaza.
La mayoría de países, incluidos Canadá, Suecia, Australia o la propia Unión Europea, retomaron meses después la financiación a la UNRWA ante la falta de pruebas presentadas por Israel.
