El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden recomendó al Congreso una cuota de admisión de 125 mil refugiados para el periodo fiscal 2023, informó ayer viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
“Estados Unidos es y seguirá siendo un líder global en la respuesta humanitaria internacional, incluida la reubicación de refugiados”, indicó el funcionario.
Price señaló que en el año fiscal 2022, que concluye al terminar septiembre, Estados Unidos actuó para incrementar la reubicación de grupos particularmente vulnerables, incluidos refugiados de países americanos, así como congoleños, sirios, ucranianos, birmanos y de otras nacionalidades, además de personas LGBT.
También, agregó el portavoz, Estados Unidos “ha proporcionado apoyo adicional para la reubicación inicial de [unos] 80 mil afganos en comunidades en todo el país, en el esfuerzo de reasentamiento más grande emprendido en 40 años”.
Los departamentos de Estado, de Seguridad Nacional y de Salud enviaron al Congreso un informe que recomienda la admisión de hasta 125 mil refugiados en el periodo fiscal que comienza el 1 de octubre, lo que se queda corto en la solicitud hecha esta semana por no menos de 300 organizaciones y dirigentes religiosos, que enviaron a Biden una carta pidiéndole recomendar una cuota de admisión de 200 mil refugiados.
“El mundo encara la mayor crisis de poblaciones desplazadas, con [al menos] 100 millones de personas en todo el planeta forzadas a huir de sus lugares de residencia, incluidos [unos] 31 millones de refugiados”, se afirma en la carta.
Los firmantes elogiaron el trabajo del Gobierno de Biden para el reasentamiento de refugiados afganos y el compromiso de acoger hasta 100 mil ucranianos desplazados. “Pero la necesidad de una amplia protección humanitaria sigue creciendo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados calcula que en 2023, más de dos millones de refugiados necesitarán reubicación”, agregaron y le pidieron que estableciera una meta de admisión de 200 mil refugiados.
Por otro lado, el Gobierno y grupos proinmigrantes llegaron a un acuerdo para brindar protecciones a los migrantes menores de edad que cumplen 18 años bajo custodia de las autoridades.
“Esta conciliación asegura protecciones valiosas para los jóvenes migrantes que llegan sin compañía y que no deberían preocuparse de que los envíen a una cárcel de inmigración cuando cumplen 18 años”, dijo Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC), en un comunicado difundido este viernes.
La demanda colectiva, de alcance nacional, la habían iniciado NIJC y el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC).
Los demandantes impugnaron la política por la cual los migrantes bajo custodia del Gobierno que habían llegado como menores sin compañía de adultos eran transferidos desde albergues operados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos a centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al cumplir 18 años.
En 2020, después de un juicio que duró cuatro semanas, el tribunal federal dictaminó que el Gobierno del entonces presidente Donald Trump había omitido, “de forma rutinaria y sistemática”, el cumplimiento de una ley que requiere que se priorice la ubicación de esas personas en “el ambiente menos restrictivo posible” y se consideren alternativas a la detención.
