La justicia peruana libró a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori de volver a prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht, tras declarar infundado el lunes un pedido de la fiscalía.
“Se declara infundado el requerimiento del ministerio público a efectos de que se revoque la comparecencia restringida y se dicte nuevamente prisión preventiva”, anunció el juez Víctor Zuñiga al dictar su fallo al final de una audiencia que duró dos horas y se realizó de forma presencial con la asistencia de la procesada, su abogada, Giuliana Loza, y el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.
La audiencia se realizó de forma presencial con la asistencia de la procesada, su abogada, Giuliana Loza, y el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.
El juez exhortó a Fujimori “al cumplimiento estricto de todas las restricciones impuestas”, como no reunirse con testigos del caso, desde que goza de comparecencia restringida en mayo de 2020.
El fiscal anunció que apelará la orden judicial que libra de volver a prisión a la candidata presidencial.
“Sistemáticamente incumple las reglas de conducta de no comunicarse con los testigos”, había dicho antes Pérez, quien calificó de “desafiante” la actitud de la candidata.
El fiscal anticorrupción solicitó el 11 de junio “revocar la comparecencia con restricciones [libertad condicional] por prisión preventiva para Keiko Fujimori” en el marco del caso de presunto lavado de activos por aportes de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, argumentó el fiscal en su solicitud al juzgado.
Fujimori, de 46 años, se presentó el 8 de junio en una rueda de prensa en Lima para pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la nulidad de 802 actas del balotaje -unos 200,000 votos- acompañada de Torres Morales, en calidad de asesor.
La audiencia fue transmitida en directo por el canal de televisión del Poder Judicial, Justicia TV y no hubo prensa ni público en la sala del juzgado.
Si el pedido del fiscal hubiese tenido éxito y Fujimori fuera declarada ganadora de las elecciones, habría igualmente sido liberada bajo la ley peruana para cumplir su mandato ya que no está condenada por ningún delito.
“Considero que es arbitrario, desproporcionado e injusto se revoquen las restricciones que vengo cumpliendo”, como parte de la libertad condicional a su favor, dijo Keiko Fujimori al hacer uso de la palabra en la audiencia.
Mientras que el juez le llamó la atención y la hizo callar cuando ella vinculó la coincidencia del momento del pedido del fiscal con su reclamo a la autoridad electoral de revisar las actas de votación del balotaje.
Decenas de simpatizantes de Fujimori esperaron afuera del juzgado donde se realizó la audiencia, alentando a su candidata con cornetas y bombos bajo fuerte custodia policial para evitar una escalada de violencia.
El requerimiento de la fiscalía acaparó la atención nacional pues el país está en vilo a la espera de la decisión del JNE, que revisa la impugnación de miles de votos presentada por el partido de Fujimori.
El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó el martes pasado al 100% de mesas, otorgó a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49.87% de Fujimori. La diferencia es de 44.058 votos.
La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori confía en revertir el resultado del balotaje del 6 de junio, pero la decisión del JNE podría demorar una semana más.
La candidata, que debe ir a juicio por este caso si no gana la presidencia, ya permaneció 16 meses en prisión preventiva hasta mayo de 2020. En caso de ser elegida, tendría inmunidad y solo podría ser enjuiciada al final de su mandato de cinco años, en 2026.
La fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori, que es investigada por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia.
La candidata salió de prisión preventiva por la pandemia y un juzgado le dictó impedimento de viajar fuera de Perú o de comunicarse con los coimputados o testigos del caso.
