El próximo 18 de mayo el tribunal de las investigaciones preliminares de Nápoles deberá decidir sobre la apertura del juicio oral en el caso del presunto desvío de $20 millones en la frustrada construcción de cuatro cárceles modulares en Panamá por parte del consorcio italiano Svemark.
El fiscal jefe del tribunal de Nápoles, Vincenzo Piscitelli, y su adjunto, Henry John Woodcock, concluyeron hace casi tres años la fase de instrucción sobre otro caso de corrupción internacional que salpica directamente al ex presidente Ricardo Martinelli y a otros funcionarios panameños, pero la lenta burocracia judicial en el país transalpino ha retrasado el envío a juicio.
El escrito judicial de final de investigaciones con fecha 11 de noviembre de 2014 - al que tuvo acceso La Prensa- detalla que han sido indagados Valter Lavitola, “director” de las operaciones corruptivas entre los privados y el Gobierno de Panamá; Angelo Capriotti, socio del consorcio Svemark, arrestado en agosto de 2014 por bancarrota fraudulenta y estafa; Paolo Passalacqua, responsable y representante legal de Precetti Spa., empresa suministradora de componentes de las cabinas navales de barcos, que formaba parte del consorcio Svemark; Claudio Fagiano, agente en Panamá del consorcio Svemark, y Enzo Valori, socio de Lavitola en la Pesqueira de Brasil.
Este documento, previo a la apertura de juicio, describe a Lavitola como el “intermediario de la completa actividad corruptiva entre las empresas privadas y los funcionarios públicos de Panamá” y detalla cuatro operaciones ilícitas pagadas al entorno del expresidente Martinelli, a su primo y abogado Francisco Franki Martinelli y a la entonces ministra de Gobierno, Roxana Méndez, por valor total $670 mil, a través de cuentas bancarias ligadas a la empresa Devor Diagnostic con sede fiscal a Miami, propiedad del empresario dominicano y “amigo íntimo” de Martinelli, Rogelio Oruña.
La acusación se apoya en fuentes de prueba como interceptaciones de comunicaciones, documentación contractual, interrogatorios y otros indicios para determinar que existió, además de ese pago de casi $700 mil, una promesa documentada de coima de $20 millones, de un helicóptero con interiores en piel Hermes por valor de otros $8 millones que estaba destinado para Martinelli, además de un sobrecoste de otros $26 millones, que las investigaciones detallan que fue decidido en un segundo momento. Todo ello destinado a “obtener del anterior Gobierno de Panamá la adjudicación [por valor de $176 millones] de la construcción de cuatro cárceles modulares en varias localidades del Estado panameño”, según se lee en la documentación judicial.
Se trata del cuarto caso delictivo fraguado en Panamá y relacionado directamente con Martinelli abierto en Italia.
Este viernes 5 de mayo Lavitola y el ex director comercial del conglomerado italiano, Paolo Pozzessere, volverán al tribunal de Roma por haber intentado desviar unos $25 millones en coimas que -según las diligencias judiciales- iban destinadas al entorno del expresidente. Además, los jueces condenaron a Lavitola a 11 meses de cárcel al haber intentado desviar hasta $22 millones en coimas de la construcción frustrada del hospital pediátrico de Veraguas. Esta pena fue fruto de un pacto entre la fiscalía y la defensa de Lavitola.
Por último, el tribunal de Nápoles condenó a Lavitola a tres años de cárcel por extorsión internacional a la constructora Impregilo. A pesar de llevar en el radar policial desde abril de 2012, el ex director del diario L'Avanti nunca ha colaborado con la justicia y todavía hoy hay muchos interrogantes abiertos.
