Después de una semana de que el alcalde de Masaya desapareció de actos públicos, en una leve referencia durante su alocución diaria en los medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo informó el primero de junio de 2020 que el funcionario, Orlando Noguera, había muerto.
El fallecimiento llamó la atención pública porque Noguera −señalado de violaciones a los derechos humanos durante las protestas opositoras de 2018− era un destacado miembro del sandinismo. La supuesta causa del deceso era la Covid-19 y su nombre se sumaba a una lista de altos funcionarios sandinistas que fallecieron por la misma causa en distintas zonas del país, mientras el gobierno oficialmente minimizaba la pandemia.
Para la alcaldía de Masaya, ubicada al oriente de Managua, la confirmación de la muerte de Noguera supuso la escogencia de un reemplazo. El ascenso según la ley le correspondía a la vicealcaldesa Janina Noguera. Sin embargo, el sustituto llegó de otra zona de Nicaragua: David Chavarría fue el enviado por la pareja presidencial para asumir la municipalidad tras dos años realizando trabajos administrativos en la misma comuna.
“Ese hombre ni siquiera es de Masaya. Es de Nueva Segovia (al norte de Nicaragua) y lo mandó la Chayo (Rosario Murillo) en 2018 para asumir la gerencia de la Alcaldía”, cuenta Yohana Ramírez, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en esta ciudad, una de las organizaciones colaboracionistas del gobierno a nivel de cúpula que alberga, sin embargo, en el interior a críticos del ejecutivo como el caso de esta funcionaria.
Para Ramírez es una paradoja lo que ha sucedido en Masaya, con la imposición de las autoridades centrales, porque durante el FSLN fue oposición, entre 1990 y 2006, se caracterizaron por apostar por la descentralización en contraste con el estilo con el que manejan las cosas hoy.
Con ligeros matices, la situación de Masaya es similar a la de Managua, la capital, donde la alcaldesa formal es Reyna Rueda, sin embargo su mandato coexiste con el poder de Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua y uno de los operadores políticos de mayor confianza de la pareja presidencial, quien oficialmente es el secretario general en esta comuna.
Según un documento notariado, publicado en el diario La Prensa en 2011, Moreno tiene funciones administrativas como la firma de contratos, después que la antecesora de Rueda, Daisy Torres, le “delegó” esa atribución en 2009. Hoy él supervisa las obras en la municipalidad y es el rostro público de un programa masivo de viviendas que plantea que los posibles beneficiarios pueden acceder al mismo solo si le escriben a Ortega y le hacen la solicitud.
En unas elecciones denunciadas como irregulares por un organismo de observación electoral nacional en 2017, el FSLN se hizo con 135 alcaldías, pero suma dos más ahora (Wiwili y Mulukukú), después de decisiones judiciales en las cuales el FSLN tuvo injerencia según los denunciantes. Con estas últimas, el control se eleva al 90 por ciento del poder local, integrado por 153 comunas, con lo que terminaron de imponer la agenda presidencial en las localidades.
El avance del FSLN en el poder local inició en 2008, mediante procesos electorales precisamente cuestionados. En ese año, por ejemplo, 33 alcaldías terminaron gobernadas por el FSLN después que en cada una de ellas los opositores iban adelante en los conteos, explicó en su momento el organismo cívico Ética y Transparencia.
Fuese comicios locales, regionales (en la Costa Caribe) o presidenciales, el patrón de irregularidades en beneficio del FSLN se mantuvo. En los comicios de 2011, en los que Ortega buscó la reelección valiéndose de una sentencia que le permitió postularse pese a una prohibición constitucional, también hubo denuncias a mano de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
“Para mí sorprendentemente el CSE (Consejo Supremo Electoral) ha puesto demasiadas trabas y a veces, inexplicables. No sé por qué tantas trabas, tanta opacidad y tantas trampas en un proceso que debería ser limpio y transparente”, denunció en aquel momento Luis Yánez, jefe de los observadores de la UE.
En 2012, año de elecciones municipales nuevamente, el partido de gobierno, gracias a la mayoría parlamentaria lograda en 2011, triplicó el número de concejales. Esto fue calificado por opositores como otro golpe a la autonomía municipal. En aquel tiempo, la OEA volvió a insistir en la necesidad de mejorar el sistema, pero Ortega siguió avanzado en su proyecto autoritario y se quedó entonces con 127 de las 153 alcaldías. Cinco años después alcanzó 135, dejando únicamente 18 a la oposición. Sumó luego las dos que conquistaron a través de maniobras judiciales y desarrollaron una relación con el poder local que ha fluctuado entre el premio y el castigo, dependiendo de si quienes gobiernan son oficialistas u opositores.
La revisión de las transferencias municipales a 14 alcaldías de Nicaragua permite establecer un patrón en que el Ejecutivo beneficia a las sandinistas y afecta a las opositoras. Para llegar a esta conclusión, CONNECTAS revisó un grupo de siete siete municipalidades gobernadas actualmente por la oposición pero que, durante el período anterior (2013-2017) fueron administradas por el FSLN. En este caso la autoridad de Hacienda disminuyó a la mitad las transferencias, a partir de 2018, el año en que se agudizó la crisis tras la represión como muestran las gráficas.
Otras siete alcaldías fueron analizadas porque en ellas el FSLN se ha mantenido en el poder en el mismo período y representan el 42 por ciento de la población urbana en el país centroamericano. En estas el presupuesto no cayó en 2018, a diferencia del trato dado a las que antes fueron de la oposición. En 2019 sí tuvieron un descenso presupuestal −consecuencia de la crisis económica que afectó las finanzas de todo el país−, pero fue de ente 63 y 66%, menor que el de las de oposición (entre 68 y 75%).
Pese a la crisis económica, las municipalidades sandinistas de mayor población de cara a un año electoral priorizaron obras muy populares, como la construcción de estadios y otros centros deportivos. Esa medida se explica en que fueron de las zonas territoriales más afectadas por las protestas ciudadanas, en las cuales sus alcaldes encabezaron la represión, según un informe de la OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la represión causó la muerte de 328 personas.
Esa decisión contrasta con las necesidades urgentes de las localidades de estos siete municipios, las cuales se han agudizado en el país centroamericano, que atraviesa su tercer año de recesión y una caída acumulada que superara el diez por ciento del PIB. Esto según los economistas encamina a Nicaragua a una etapa de depresión económica. La segunda en menos de cuatro décadas y ambas originadas durante períodos de gobierno de Daniel Ortega, que dirigió al país por primera vez entre 1984-1990.
Localizar a los representantes de los alcaldes, agrupados en la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), resulta infructuoso, pese a que se envió solicitud al alcalde de Estelí y Matagalpa, ambos sandinistas.
Si han logrado aprobar su agenda es por el control de los concejos municipales. Las construcciones se dan en las comunas oficialistas justo en un año en el cual la población fue impactada por la pandemia y en condiciones de absoluta opacidad. Ese es el caso del estadio en Masaya, donde se registraron en el presupuesto 231.000 dólares en concepto de “remodelación” y luego se anunció la construcción de uno nuevo, sin que se conozca el origen del financiamiento.
Carlos Brenes, uno de los concejales opositores en Masaya, la ciudad donde se planificaba remodelar y luego sustituir el estadio Roberto Clemente, asegura que hay obras que se vienen arrastrando desde hace varios años sin saber por qué ocurre y sin conocer el manejo que se le dio a las asignaciones presupuestarias.
“Ellos priorizan las que sirven para hacerle propaganda al gobierno. Incluso cuando se inauguran no lo hacen en nombre de la municipalidad, sino del compañero Daniel (Ortega) y la compañera Rosario (Murillo)”, explica Brenes, miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
En la ciudad de Nagarote, al occidente de Managua, la obra principal es un boulevard. El problema para el concejal opositor, Nicolás Narváez Noguera, es que edificaciones como estas no se ejecutan y se vuelven a incluir al año siguiente sin que los administradores ofrezcan una explicación.
Narváez detalla que asignaron 44.000 dólares para el boulevard en 2018, al año siguiente se incrementó a 52.000 dólares y este año fueron 77.000 dólares tras una reforma presupuestaria. A él le llama la atención que se incluya en el programa de compras plantas ornamentales e insumos de jardinería por casi 22.000 dólares.
“Por eso exigimos las actas para saber la realidad de lo que está ocurriendo, pero desde 2018 los concejales opositores no vemos un acta. En cada sesión del Concejo a la hora de leer el acta de la sesión anterior y pedir la firma de aprobación de todos los miembros del Concejo, ellos se aprovechan de que son mayoría para obviar ese punto de la agenda; y en los informes de ejecución pueden reportar cualquier cosa, además esos tampoco los vemos”, dijo Narváez, quien coincide en que la prioridad sandinista es financiar obras visibles para beneficiar electoralmente al partido.
Orlando Corea Mendoza, concejal opositor en la ciudad de León, al occidente de Nicaragua, lamenta que siendo minorías no pueden hacer nada. Si se oponen al plan de trabajo sandinista “nos difaman ante la población. Le dicen a la gente que nos oponemos al progreso de la ciudad y de las obras en beneficio de los más necesitados”.
La especialista nicaragüense en temas presupuestarios y representante de Transparencia Nicaragua, Dayra Valle, critica el secretismo de estas operaciones financieras a nivel local, lo que causa que no se pueda verificar en qué se están gastando los fondos públicos.
“El dinero perfectamente se puede desviar a cualquier destino. Porque falta la rendición de cuentas, y por ende de transparencia y de mecanismos de control. Porque bien sabemos que la Contraloría de por sí descuida mucho a las instituciones del gobierno central; y con las municipalidades tiene una deuda pendiente más grande aún”, dice Valle.
La especialista señala la responsabilidad también de los comités de evaluación municipal, a cargo en teoría de la fiscalización. En contravía a estas normas de transparencia, lo que se ve es una “amplia discrecionalidad” y “arbitrariedad”.
Máximo Morales, concejal del PLC en la Alcaldía de Larreynaga, explica que “en las municipalidades se cumplen orientaciones verticales. Incluso la bancada sandinista se reúne con varios días de anticipación y cuando se realiza la sesión oficial del Concejo ellos ya llegan con las decisiones tomadas. Aunque nosotros nos opongamos o reclamemos las decisiones ya están tomadas”.
La obra más importante del Programa Anual de Contrataciones (PAC) de León es también la remodelación del estadio de béisbol. Se destinaron para esa obra 2.88 millones de dólares en la administración del sandinista Roger Gurdián. Sin embargo, hace algunas semanas mediante una donación se hizo un traspaso de las responsabilidades administrativas del recinto a la directiva del equipo de la liga profesional de béisbol de la ciudad.
“A partir de ahora ellos responden por todos los gastos y el mantenimiento para que siga funcionando. El dinero que estaba destinado para la reconstrucción se usó para comprar el terreno y comenzar a construir uno nuevo que estaría listo a finales de 2021”, dijo Orlando Corea Mendoza, concejal de León también por PLC.
Para Correa, la prioridad debió ser la construcción de centros de salud, más vías de acceso o pagar las deudas municipales, sin embargo la decisión fue otra: priorizar la infraestructura deportiva.
En el norte de Nicaragua, en Estelí, se invierte en otra clase de estadio. Uno donde el deporte rey es el fútbol. Las inversiones en este caso suman millones de dólares. Según el PAC 2020, le asignaron 602.000 dólares para sustituir la grama artificial y casi cuatro millones para mejoramiento de infraestructura. Detrás de toda esta inversión se esconde Fidel Moreno, el hombre de más poder de la Alcaldía de Managua.
Moreno es originario de Estelí, estuvo al frente de la directiva del equipo de esa ciudad, cuya casa es el Estadio Independencia donde se hacen las inversiones municipales. El funcionario solo abandonó el cargo en el equipo en agosto de 2018, después que Estados Unidos lo sancionó con la ley Global Magnistky aplicada a extranjeros acusados de violaciones a derechos humanos y corrupción. Entre los efectos inmediatos está que se le impide realizar transacciones bancarias.
Edgard Tijerino, el más conocido cronista deportivo de Nicaragua, no cree que la estrategia de construir estadios le dé resultado al FSLN.
El periodista fue ministro de deportes en los años ochenta durante el primer gobierno sandinista y ahora es un crítico de Ortega. Asegura que varias instalaciones deportivas inauguradas en años recientes como el gimnasio Alexis Argüello y un complejo de piscinas y canchas de tenis en Managua, se mantienen vacías. “Por eso no creo que provoquen algo, porque si resultaran atractivas para los jóvenes se mantuvieran llenas”, afirma.
Bayron Estrada, un expreso político del gobierno de Ortega, rechaza el intento de manipulación política y considera que también la población ha tomado conciencia de que esos recursos salen del bolsillo de los nicaragüenses y no del presidente. “El FSLN fracasó. Su turno terminó, de nada le servirá llenar el país de estadios”, sostuvo Estrada.
A 25 kilómetros al oriente de la capital nicaragüense, frente al estadio Roberto Clemente que las autoridades de Masaya dicen que se va sustituir, un grupo de jóvenes hace volar su imaginación al conversar sobre los cambios en la estructura que tiene ya cincuenta años de historia.
Uno de ellos, sin asomo de duda, dice que el nuevo coloso “será igual al de los Dodgers de los Ángeles” y hace descansar su esperanza en la promesa que hicieron los concejales cuando presentaron el proyecto en esta ciudad, gobernada por el partido de gobierno y una de las más castigadas por la represión estatal en 2018 con más de 40 personas asesinadas según la CIDH.
La vieja construcción, desde donde puede verse la laguna de Masaya, se levanta sobre un área de 17.688 metros cuadrados y tiene capacidad para 4.000 personas. Son números muy modestos si se compara con los del estadounidense al que hicieron referencia los funcionarios municipales, ya que en ese caben 56.000 fanáticos en 352.000 metros cuadrados.
Sin embargo, la realidad terca de los datos no impide que los funcionarios sandinistas mantengan la promesa de construir un estadio similar. Tijerino insiste en que “pueden ponerse a inaugurar una cancha cada semana y no atraerán el voto joven”; y lamenta que, por la falta de apoyo, en Nicaragua el deporte se haya vuelto un asunto de televisión y frente a la intención gubernamental de conquistar a los jóvenes, asegura que ellos han sido los “más golpeados por la dictadura”.
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